Negligencia criminal y ocultamiento de información

Mauricio Vera
Director Secretaria Salud Pública CONFEDEPRUS

 

El resultado final del informe llevado a cabo por la Comisión Investigadora COVID-19 de la Cámara de Diputados/as sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno, vino a confirmar luego de meses y 25 sesiones de trabajo algo que como gremio de la Salud habíamos señalado  respecto, precisamente, de la gestión de las autoridades ante este grave problema de Salud y la responsabilidad política que tuvieron, desde un comienzo, el presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, la Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, tanto en la adopción tardía e insuficiente de medidas sanitarias como en la entrega de información poco clara y contradictoria, comunicando a la ciudadanía una cifra de fallecidos/as menor a la realidad. Es decir, mintiendo.

El propio Piñera aseguraba que desde enero de este año ya había existido una preparación para enfrentar la llegada del COVID-19 a nuestro país, casi un mes antes de que fuera declarado una emergencia internacional de salud pública por la OMS. “Chile se adelantó al mundo”, señaló en marzo al ser entrevistado por Chilevisión, asegurando que se había efectuado la compra de ventiladores mecánicos para enfrentar la llegada de esta pandemia; sin embargo, y según consigna el medio Interferencia.cl, en los registros de las compras públicas realizadas por las subsecretarías de Salud Pública, Redes Asistenciales y la Cenabast, sólo se observa una adquisición durante enero, efectuada por el Instituto Nacional del Tórax.

La tardanza en la toma de decisiones y en la adopción de medidas efectivas que impidieran la propagación de la pandemia fue algo que marcó la gestión sanitaria de la autoridad política desde un comienzo, orientada por una visión economicista antes que sanitaria. Fue el propio ministro Mañalich quien dijo en aquella oportunidad que la estrategia de las autoridades no era evitar los contagios, sino que éstos se produjeran de manera lenta. Es decir, que la gente se enfermara de a poco en vez de actuar de manera inmediata y decidida, como responsables de resguardar la salud y la vida de la población. Una declaración que dejó en evidencia que el criterio para enfrentar la pandemia poco tenía que ver con aspectos sanitarios, sino más bien con intereses económicos, dejando en segundo plano cualquier otro tipo de consideración ética respecto de la vida -y la muerte- de miles de chilenas y chilenos. Gracias a este criterio -o más bien, descriterio- Chile llegó a situarse en el “top ten” de los países con mayor número de contagios por millón de habitantes y de la misma manera en el número de fallecidos por millón de habitantes.

¿Cuántas veces dijimos, como gremio de profesionales de la Salud y en conjunto con otros actores sociales, que se debían aplicar acciones de Trazabilidad, Testeo y Aislamiento (TTA), así como implementar cuarentenas totales de manera urgente? Pero chocamos una y otra vez contra la arrogante sordera de quienes, desde sus esferas de poder alejadas de la realidad, pretenden paradojalmente saber más que las y los profesionales de la Salud que trabajamos diariamente y en contacto directo con esa realidad. Finalmente, y llegando tarde una vez más, el gobierno comenzó la aplicación de cuarentenas parciales y luego más generales ante los niveles de contagio alcanzados gracias a sus ineficientes medidas iniciales, como fue el adoptar una estrategia de “inmunidad de rebaño”. Todo esto, en medio de una estrategia comunicacional que sólo transmitía confusión, contradicciones y escasa credibilidad en la entrega de datos por parte de autoridades igualmente poco creíbles.

Este es, precisamente, el otro punto que menciona el informe y que también cuestionamos en más de alguna ocasión como CONFEDEPRUS, referente al manejo y entrega de las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19, las que fueron puestas en tela de juicio por su escasa claridad respecto de sus metodologías de medición y los criterios aplicados en ello. Dudas que tras la denuncia de la ex epidemióloga del Minsal, Andrea Albagli, sobre la solicitud que le habría hecho el gabinete de Mañalich para manipular datos de COVID-19, transforman las suspicacias y sospechas en certezas cada vez más verosímiles, y que se vienen a sumar a los sistemáticas esfuerzos de parte del actual ministro de Salud, Enrique Paris, por entorpecer la investigación de Fiscalía sobre las muertes por COVID-19, negando o dilatando la entrega de los correos solicitados por el Ministerio Público con argumentos bastante curiosos, por decir lo menos, y sobre los que hay que detenerse, aludiendo a que cierta información “compromete la seguridad nacional” y solicitando ahora 42 días más de plazo para su entrega. ¿Qué o a quién están tratando de ocultar? ¿Por qué están tratado de ganar tiempo? ¿Qué información relacionada con el manejo de los datos de la pandemia es tan grave como para que pueda afectar la seguridad nacional en caso de hacerse pública?

En definitiva, las conclusiones de esta comisión investigadora vienen a respaldar de manera clara y contundente todos los antecedentes que hemos puesto a su disposición acerca de lo que como gremio de la Salud conocemos desde nuestra experiencia cotidiana, junto con los diversas organizaciones del mundo sindical y social, respecto de que los criterios implementados por la autoridad sanitaria tanto para el control de la pandemia como para el registro de fallecidos/as COVID se sustentaron, primero, en una visión economicista que permitió el avance de los contagios, para posteriormente manejar la información a través de la entrega de cifras de víctimas fatales menores a las reales, alterando la percepción de la ciudadanía en torno a la mortalidad de la pandemia en el país, al mismo tiempo que aumentaba el número de casos y fallecidos/as como consecuencia de no adoptar las medidas preventivas correspondientes para interrumpir efectivamente la cadena de contagios.

La escasa transparencia y el ocultamiento de información, que parecieran ser a estas alturas casi una política institucional de la actual administración, ha quedado en evidencia no sólo por la no entrega de mails a la Justicia, sino también por una capacidad de respuesta paupérrima ante, por ejemplo, los 13 oficios enviados por la Comisión Investigadora del Congreso al Minsal por su gestión en la pandemia, de los cuales respondió apenas 3. Una actitud que como gremio de la Salud, representante de las y los profesionales de la Salud en la Mesa del Sector Público, conocemos de cerca, ante la nula capacidad de respuesta demostrada ante las varias solicitudes que hemos hecho desde el sector, sobre el cumplimiento de compromisos suscritos en torno al resguardo de derechos laborales de las y los profesionales de la Salud, lo cual nos mantiene movilizados y en estado de alerta junto a diversas fuerzas sociales y sindicales más.

Con la salud de las personas no se juega, no podemos permitir que muera un habitante más de esta hermosa tierra, no podemos permitir que el bien económico esté por sobre la vida de un ser humano, necesitamos una constitución que garantice la vida y defienda férreamente el bien común por sobre el bien particular. El problema de las naciones como Chile no es la pobreza, si no la acumulación excesiva de la riqueza, la usura, avaricia y explotación indiscriminada de los recursos naturales con un sistema político que sólo defiende esos intereses aferrándose al poder y para ello pisotea al 99% de sus ciudadanos. No más impunidad, castigo para los responsables de la muerte de miles de chilenos.

Las opiniones aquí vertidas son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan el pensamiento de nuestra confederación.

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