El 18 de octubre de 2019, una serie de protestas y manifestaciones en nuestro país dieron inicio a la revuelta social en demanda de cambios profundos al modelo y una nueva Constitución que dejara en el pasado la herencia de la dictadura, de manera de poder tener un país más justo, digno, y con Derechos Sociales garantizados. Esto, a diferencia del rol subsidiario del Estado actual, consagrado en la Constitución de 1980 y según el cual éste sólo puede intervenir en la vida social y económica cuando la iniciativa privada no puede o no tiene interés en hacerlo, lo que implica generar accesos desiguales para la población dependiendo de su situación económica.

A 4 años de esta revuelta social, lo cierto es que ninguna de las demandas que movilizaron a millones de chilenos y chilenas en el país han encontrado respuesta. El Estado de Chile sigue en deuda con la garantía de derechos sociales, como salud, educación, seguridad social y vivienda, que son fundamentales para el futuro de un país que quiera llegar al desarrollo. Demandas por las cuales muchos y muchas salieron a las calles en todo el país, exigiendo un buen vivir, con grandes costos en algunos casos, perdiendo la libertad por razones políticas y siendo mutilados y violentados en esta lucha para lograr los cambios necesarios que permitieran la recuperación de derechos vulnerados por tanto tiempo, cansados de más de 40 años de sólo ser instrumentos para intereses mezquinos. Un estallido social que nos puso como protagonistas de las demandas que queríamos que se reflejaran en una nueva Constitución política para Chile, pero cuyo primer proceso que se vio truncado por una feroz campaña de desinformación orquestada desde el primer momento para hacer fracasar este primer proceso, lo que finalmente ocurrió.

Así también, el Estado mantiene una deuda en materia de reparación integral en materia de Derechos Humanos con las víctimas de la violencia generada por la brutal e indiscriminada represión policial, la que hasta ahora no ha logrado ser correctamente abordada. De hecho, no existe una cifra o catastro oficial y actualizado de las personas vulneradas en sus DDHH desde octubre del 2019 hasta la actualidad, debido a que desde marzo del 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dejó de contabilizar en sus informes a las víctimas agredidas con resultado de trauma ocular, además de considerar que incluso en los casos en que las personas vulneradas han recibido algún tipo de reparación, ésta no ha tenido el carácter de integral que establece el derecho internacional.

Algunos sectores, defensores a ultranza del modelo y negacionistas de sus abusos, insisten en poner el foco en la criminalización de esta fecha, bajándole el perfil al fondo de las protestas y del malestar social, que se expresó en las calles con un pueblo que alzó la voz contra la injusticia social. Por ello, como gremio de la Salud Pública retomamos el compromiso de seguir trabajando por recuperar la Salud como un derecho humano fundamental y de cada uno de sus determinantes sociales, que garanticen el buen vivir para todas y todos los habitantes de nuestro país, a través de una carta magna que transforme a Chile en un Estado solidario, con más igualdad y justicia social, para lo cual se requiere de la unidad de los movimientos sociales, sindicales y gremiales del país. Nuestra mirada seguirá basada en una Constitución donde no primen los intereses políticos por sobre los de los habitantes de nuestro territorio. Somos conscientes de que tenemos tareas pendientes para resolver, temas fundamentales para la sociedad chilena como son las pensiones, la salud, la educación, el trabajo decente, la disponibilidad de agua y la vivienda, entre otras, y a pesar de todas las adversidades, no claudicaremos en esta lucha, con la que no sólo tenemos un compromiso gremial, sino también moral.

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