EDITORIAL: La legítima protesta social
Hoy se cumplen 5 años de las primeras protestas estudiantiles que dieron inicio al llamado “estallido social”, que desde octubre de 2019 y hasta marzo del 2020 movilizó masivas protestas sociales en nuestro país, con millones de chilenos y chilenas expresando en las calles de distintas ciudades un descontento largamente acumulado contra un escenario de abusos, corrupción, impunidad y desigualdades de un modelo económico y un sistema político que no han sido capaces de dar respuesta a demandas que siguen estando dentro de las principales preocupaciones de la población. Una explosión de rabia e indignación que, más allá del alza de 30 pesos en el pasaje del metro, tuvo raíces más profundas y casos previos como el de “La Polar”, la colusión de las farmacias y los pollos, el “Confortgate”, sumado a las desigualdades en el acceso a la salud y educación, el fracaso de las AFP, la mala distribución de los ingresos, la baja confianza en los partidos, la política y los empresarios por los casos de financiamiento ilegal de campañas parlamentarias. Junto con todo esto y como guinda de la torta, la actitud de algunas autoridades de la época que generaron escozor con declaraciones a través de las cuales dejaron ver su absoluta desconexión y falta de empatía con problemas reales y concretos de la población.
En pocas palabras, una crisis de legitimidad del sistema completo, con bajísimos niveles de aprobación a los partidos políticos y el Congreso, situación que fue reconocida por diversos sectores y personeros que incluso hicieron un mea culpa por no haber tenido la capacidad de advertir y atender las demandas de la gente. Relato que, sin embargo, más tarde cambiaría a la criminalización de la protesta social ante diversos hechos de saqueos, destrozos e incendios, como la quema de varias estaciones del Metro, cuya investigación -llevada a cabo por el fiscal Guerra siendo ministro del Interior Andrés Chadwick- hasta el día de hoy no entrega claridad sobre sus responsables.
Lo cierto es que, a 5 años de un estallido social que para un 58% de la población fue la legítima expresión de descontento social generalizado, según la Cadem, no hay mejoras. Es más, según esta misma encuesta, el 80% de las personas cree que las demandas sociales no han sido resueltas o que han empeorado. Así lo hemos visto en Salud, donde a raíz del caso del hospital Carlos Van Buren ha quedado en evidencia, una vez más, la precaria situación de la Salud Pública de Chile, desmantelada y precarizada sistemáticamente a partir de la vulneración de derechos laborales de sus profesionales en beneficio del negocio de la salud privada, con directo impacto en la calidad de atención del 80% de la población que recurre al sistema público, lo cual representa una abierta vulneración del Estado y de los distintos gobiernos a todo tipo de derechos fundamentales, tanto los laborales del equipo de trabajo como de la población a tener una atención digna, oportuna y de calidad.
Por ello y porque nada ha cambiado, las necesidades, expectativas y demandas de transformación social siguen teniendo legitimidad y vigencia en Chile. Así lo han reconocido incluso personeros del mundo político y empresarial de derecha, como Bernardo Matte Larraín, quien señaló recientemente que “sin reformas importantes van a venir otros remezones”, o el senador Francisco Chahuán, de RN que dijo que “muchas de las condiciones que generaron el estallido no han desaparecido”. Las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad a través de una Nueva Constitución legítima en su origen, que permita superar el actual Estado Subsidiario, así como alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos sociales básicos, como son el Derecho a la Salud, a la Educación, a la Seguridad Social, a una Remuneración justa, Vivienda digna, entre otros derechos fundamentales, siguen plenamente vigentes.
Como nada ha cambiado, CONFEDEPRUS reivindica tanto la legitimidad de la protesta social, como la plena vigencia de las demandas que dieron origen a este proceso, siendo imperativo hoy, continuar nuestra exigencia de avanzar hacia una sociedad democrática e inclusiva, basada en la justicia social y fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos a través de la organización de la ciudadanía y la movilización social, única forma de lograr avances sustantivos.