EDITORIAL: Las convicciones transables
Mientras estaba en campaña, el entonces candidato presidencial y hoy primer mandatario, Gabriel Boric, solía usar una frase del escritor Albert Camus: “la duda debe seguir a la convicción como una sombra”. Haya sido una forma de tranquilizar los temores que los sectores conservadores sentían ante este joven representante de la “izquierda radical” o una verdadera declaración de principios, lo cierto es que en el paso como dirigente estudiantil protestando en las calles a presidente de la República instalado en La Moneda, muchas cosas cambiaron. “Otra cosa es con guitarra”, dice el refrán, en un país donde, además, las reglas del juego son dictadas por grupos de poder de acuerdo a sus intereses. Por algo el ex presidente Patricio Aylwin, luego de ganar las presidenciales en 1990, habló de poder hacer justicia en materia de DD.HH. “en la medida de lo posible”, dando a entender las limitaciones y trabas que existían -y existen- para poder juzgar delitos y crímenes cuando éstos son cometidos por sectores ligados o pertenecientes a estos grupos. El recordado “boinazo” fue la advertencia de lo que podía pasar si se intentaba avanzar en estas investigaciones, una señal clara de que la impunidad tendría que ser la “moneda de cambio” para la gobernabilidad política, lo cual quedó refrendado con Pinochet sentado en el Senado una vez terminada su dictadura. De esta manera, el período de “transición a la democracia” no fue sino una transacción, que ha marcado la pauta hasta hoy.
Al comenzar el actual gobierno la mesa directiva de la SOFOFA, alarmada por el discurso reformista de las nuevas autoridades venidas del estallido social y ante una posible nueva Constitución, sostuvo una reunión con el presidente Boric en la que se le manifestó la preocupación por los cambios que, al menos en el papel, pretendía llevar a cabo la administración entrante, especialmente en materia laboral, tributaria y de pensiones, subrayando que la ciudadanía esperaba respuestas en temas que afectan su calidad de vida, tanto económicos o de seguridad pública, sin entender que estas reformas que se presentaban en el programa del actual gobierno justamente apuntaban a solucionar esos problemas. Temas que, ciertamente, influyen en el buen o mal vivir de la población, pero que sin embargo, no son excluyentes de otros que también tienen directa relación con la calidad de vida de las personas, como son, precisamente, aquellos que tanta preocupación generaban al sector empresarial, relacionados con las reformas que la actual oposición -defensora de los intereses de estos grupos- se ha empeñado en obstruir con todo tipo de artimañas acusando radicalidad en estos propósitos, en circunstancias que lo único radical es el modelo de capitalismo extremo que defienden estos sectores de manera empecinada. Un sistema de libre mercado que entiende por “libertad” la posibilidad de hacer y deshacer sin regulaciones de ningún tipo y que ha llevado a cabo una serie de abusos, ante los cuales la ciudadanía expresó su descontento en el llamado “estallido social” y cuyas demandas aún siguen pendientes.
Según diversas encuestas, el acceso a una Salud Pública que garantice atenciones oportunas, dignas y de calidad sigue siendo una de las preocupaciones más relevantes de millones de chilenos y chilenas. Un tema que fue comprometido en el programa de gobierno de la actual administración junto con mejoras en las condiciones laborales del equipo de trabajo, quienes son la base sobre la que se sustenta el sistema, pero que, sin embargo, han sido dejadas de lado por un cambio en las prioridades, según señaló hace un tiempo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Decisión que deja bastantes dudas respecto de la responsabilidad que debiera tener un gobierno con la salud y la vida de su población, más aún luego de haber visto la situación de grave crisis por la que atraviesan diversos hospitales públicos del país. Entonces, cabe preguntarse si acaso esta demanda social, básica para la salud y la vida de las personas, dejó de ser prioritaria para las actuales autoridades en términos de mayores recursos para el sistema público, si realmente las promesas y compromisos suscritos con la Salud Pública de Chile y quienes trabajan en ella fueron un tema de convicciones verdaderas o, simplemente, un ofertón electoral.
