Septiembre es un mes ineludible para nuestra historia como país. Un mes que, aunque pasen los años, sigue presente, porque ha marcado hasta el día de hoy lo que es nuestra realidad en distintas áreas de nuestra vida nacional, las que aún no hemos podido superar a pesar del paso del tiempo. Un mes que nos ha legado una herencia que ha sido un pesado lastre en la lucha por la recuperación de derechos sociales y humanos arrebatados a la fuerza en aquel nefasto golpe de Estado que implantó, a través de una dictadura, el actual modelo neoliberal, el verdadero cáncer que ha trastocado valores, como el derecho a una buena vida. Septiembre llega con olor a primavera y flores, pero también a sangre y muerte.

Más de cinco décadas han transcurrido desde aquel 11 de septiembre que fracturó la democracia y la convivencia social en Chile, evento cuyos efectos permanecen vigentes hasta hoy y que trascienden distintas dimensiones de nuestra sociedad. Los derechos sociales pasaron a ser derechos de consumo, a través de la privatización de ellos, como la Salud, que hasta ese momento había tenido un desarrollo favorable en términos de logros sanitarios gracias al avance del movimiento popular en sus demandas históricas por una sociedad más justa y que desde la década del ‘40 permitió la construcción de un proyecto de Salud Pública con una base técnico-científica, que se materializó en 1952 con la creación del Servicio Nacional de Salud, un sistema público que incluyó las actividades promocionales, preventivas, curativas y rehabilitadoras y que fue un ejemplo para América Latina. Modelo que alcanzó su más alto nivel en el gobierno de Salvador Allende, el que definió a la Salud como un derecho cuya garantía era una obligación ineludible del Estado.

A más de 50 años del golpe cívico-militar, la Salud Pública en Chile enfrenta un déficit estructural de financiamiento, inequidad en el acceso y calidad de atención, evidenciado por las extensas listas de espera en los prestadores públicos y la crisis en el sistema de Instituciones de Salud Previsional, además de una deuda hospitalaria que alcanza los $103 mil millones, con un traspaso de fondos públicos a prestadores privados que superan los US$1.000 millones al año. Por otro lado, un 61% de la población se declara insatisfecha con la disponibilidad de servicios de salud de calidad, valor que está muy por debajo del promedio de la OCDE, el que alcanza el 33%. De manera similar, el gasto para Salud en nuestro país es insuficiente, inferior al de los países de la OCDE que, en promedio, superan el 8% del PIB. Esta disparidad pone de relieve el problema de desprotección que siente la población, donde el acceso a prestaciones de salud adolece de largos tiempos de espera en el sector público y en el que el acceso a la alternativa privada está condicionado por las posibilidades financieras de cada persona.

Septiembre también nos recuerda, de manera más cercana, el triunfo del rechazo a los cambios sociales propuestos hace dos años a través de una nueva Constitución que buscaba superar el rol del Estado subsidiario por uno garante de derechos sociales y humanos fundamentales, como la Salud. Sin embargo, el manejo comunicacional de la derecha, el uso del miedo y las fake news, arrastraron a sectores populares a ponerse del lado de los intereses de la élite, del gran empresariado, que persistentemente han obstruido las transformaciones en nuestro país. Para todos y todas quienes estuvimos por una nueva Constitución, sin duda el resultado fue desalentador; sin embargo, la historia de las luchas sociales y del sindicalismo no han estado exentas de reveses, pero también de esforzados avances gracias a nuestra resiliencia y persistencia. Por ello, debemos seguir luchando para que vuelva a florecer la esperanza. La demanda social por derechos sociales sigue vigente, tal como lo señala una reciente encuesta de CEP. Las expectativas de cambio social siguen vigentes y latentes en Chile. El ciclo político iniciado el 18 de octubre del 2019 por construir un país más igualitario, no ha terminado, por lo que no debemos perder los ímpetus de transformación, a través de un esfuerzo colectivo que requiere de miradas comunes con objetivos superiores, fortaleciendo el tejido social para que la ciudadanía pueda hacer valer sus demandas sociales, las que hasta el día de hoy no han tenido respuesta. Como CONFEDEPRUS seguiremos luchando por un país más solidario y justo para los millones de chilenos y chilenas que aún esperan respuesta y solución a sus demandas.

 

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