Con la entrada en funciones de los consejeros y las consejeras electos y electas y la instalación del Consejo Constitucional el pasado miércoles 7 de junio, entró en fase decisiva la segunda etapa del proceso constituyente, dándose inicio a la redacción de la nueva propuesta de Carta Fundamental que deberá estar terminada en noviembre de este año. En este contexto, sin duda que la conformación del consejo es motivo de alarma, en el cual el partido Republicano de ultraderecha se quedó con 23 de los 50 escaños, lo que resulta preocupante considerando que dicha tienda política ha manifestado reiteradamente estar conforme con la actual Constitución, sin cambios, poniéndose en riesgo que derechos básicos como la Salud se concreten y queden plasmados en el texto final.

Es tarea del Consejo Constituyente redactar, por tanto, un texto que dé respuesta a las demandas ciudadanas por garantizar derechos sociales, toda vez que la crisis histórica del modelo de Salud chileno y del desmantelamiento del sistema público no puede seguir fomentando el lucro y la lógica neoliberal en la nueva Constitución en vez de garantizar el derecho a una atención digna, oportuna y de calidad en un sistema precarizado donde se atiende más del 80% de la población y en el que, como una prueba más de lo anterior, lamentablemente vemos hoy hospitales colapsados sin camas de UCI o UTI por una situación epidemiológica que se veía venir y que ya ha causado muertes de lactantes por falta de camas.

Sin embargo, más allá de eso, como CONFEDEPRUS hemos sido críticos desde un comienzo con este proceso, toda vez que el llamado “Acuerdo por Chile” firmado en diciembre del año pasado para dar continuidad a este proceso luego del rechazo de la primera propuesta en septiembre del 2022, resulta profundamente antidemocrático al vulnerar gravemente los artículos 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública. Tratado internacional que el Estado de Chile suscribió y ratificó, lo que trae aparejada la obligación de todos los órganos y poderes del Estado de respetar y dar debido cumplimiento de sus normas, así como de las resoluciones, recomendaciones y observaciones generales emitidas por los distintos órganos especializados del sistema de protección internacional de los Derechos Humanos, en virtud de lo mandatado por el inciso segundo del Artículo 5 de la Constitución vigente.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional y que otro organismo designado -el Comité de Admisibilidad- habilite, fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases institucionales. Todo ello convierte al Comité de Expertos, junto al Comité Técnico de Admisibilidad, en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario, detentado exclusivamente por el pueblo de Chile.

A 50 años de un golpe de Estado que instaló de manera violenta una dictadura cívico-militar que arrebató derechos sociales de muchos y muchas, transformándolos en negocio para beneficio de unos pocos y que vulneró la soberanía popular y su libre ejercicio, encontrarnos con este sistema para escribir una nueva carta Magna sólo perpetúa un orden social injusto que viola los Derechos Humanos de la inmensa mayoría de chilenas y chilenos. Por ello, como CONFEDEPRUS reiteramos nuestra postura en relación a la ilegitimidad de este proceso antidemocrático, el cual no da cuenta ni responde a las condiciones mínimas que le den sustento.

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