EDITORIAL: Trabajadoras de la Salud y carrera funcionaria
Con la llegada de marzo, el mes de la mujer en el cual se conmemora su día internacional el próximo viernes 8, nuevamente las demandas pendientes por igualdad de derechos y equidad de género para cerrar las grandes brechas que aún subsisten en nuestro país en distintas áreas -y que motivaron las masivas movilizaciones de hace unos años a lo largo del país- vuelven a tomar fuerza, vigencia y legitimidad, toda vez que se trata de demandas que nacen de realidades que subsisten y que determinan un cuadro de profundas inequidades, abusos y situaciones de violencia en sus distintas manifestaciones y grados, tanto en ambientes domésticos como laborales, siendo la más grave de ellas el femicidio.
Dentro de los ambientes laborales, el sector de la Salud Pública centralizada (compuesto en más del 70 % por dotación femenina), es un sistema en el que se replica la violencia estructural que se vive en la sociedad en general contra las mujeres, gran cantidad de ellas con contratos precarios, honorarios que no dan estabilidad, brechas salariales, falta de garantías en el real acceso a cuidados infantiles, alta carga laboral, maltrato y acoso laboral y/o sexual, y la doble presencia que deben tener en esta sociedad. Es decir, múltiples factores de riesgo psicosocial que las perjudican día a día, siendo la falta de una real carrera funcionaria uno de estos problemas si consideramos que del 70 % de mujeres profesionales que trabajan en este sector, sólo un 29 % tiene acceso a carrera funcionaria, porcentaje del cual apenas el 7% puede llegar a los grados superiores.
Las y los profesionales de la Salud Pública merecen que sus derechos en relación con sus condiciones laborales sean respetados, debiendo garantizárseles un desarrollo integral, activo y permanente que asegure una carrera funcionaria digna, con titularidad, estabilidad y propiedad en el empleo. Porque el sistema público de salud requiere que la promoción y ascenso de sus trabajadores y trabajadoras se haga de manera clara, para otorgar estabilidad funcionaria y la posibilidad de optimizar la situación laboral en virtud de los méritos y la antigüedad de cada trabajador o trabajadora, mejorando el funcionamiento de la red asistencial y, con ello también, la atención a los usuarios y las usuarias del sistema.
La calidad de la salud publica en la atención de sus usuarios y usuarias (un 80 % de la población) depende no sólo de insumos e infraestructura, sino fundamentalmente de la calidad del trabajo de sus trabajadores y trabajadoras. Por ello, como CONFEDEPRUS reiteramos la necesidad de actuar con sentido de urgencia para resolver y dar respuestas a estas legítimas demandas, comenzando por una nueva ley de encasillamiento que haga justicia a las y los profesionales, aumentando y mejorando la distribución de los cargos titulares eliminando grados de inicio y creando nuevo grado tope en la planta, como parte del cambio estructural para una carrera funcionaria que sea capaz de garantizar, a través de una adecuada administración de personal, la igualdad de oportunidades para el ingreso, la capacitación, el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones por mérito, antigüedad e idoneidad.
En el marco del mes de la mujer que comienza este viernes 1 de marzo, es necesario reiterar que los y las profesionales merecemos una nueva ley de encasillamiento tanto para titulares como para contratas, con grado de inicio en 12 y de término en 4, carrera funcionaria al menos para el 80% de la dotación y porcentajes por grado que aseguren real movilidad. Las condiciones laborales, económicas, una real carrera funcionaria y propiedad en el empleo son piedra angular para una reforma integral a la salud que dé garantías de calidad, oportunidad y universalidad en la atención de sus usuarios y usuarias. Es por ello que hemos convocado a paro nacional para el próximo lunes 11 de marzo, porque los trabajadores y en especial las trabajadoras de la Salud Pública centralizada no pueden seguir esperando el cumplimiento de compromisos que les permitan tener mejores condiciones laborales, siendo éste un pilar fundamental para dar garantía de una salud digna, oportuna y de calidad a los chilenos y las chilenas.
