EDITORIAL: Una ley para salvar la Salud Pública
La aplicación de la ley corta de ISAPRES impulsada por el gobierno -y que fue despachada desde el Congreso en mayo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obligó a las aseguradoras a devolver 1.200 millones de dólares cobrados en exceso a sus 700.000 clientes- ha generado una serie de críticas debido a los montos y plazos de los pagos, con un tope de 13 años en cuotas mensuales para los afiliados y afiliadas menores de 60 años de edad, 2 años para los mayores de 80 años y 5 para los mayores de 60. Es decir, los más de mil millones de dólares que las aseguradoras deben retornar se repartirán de manera diferenciada de acuerdo a lo cobrado en exceso a cada usuario o usuaria, algunos/as de los/as cuales recibirán su devolución en 156 cuotas, con montos mensuales que alcanzarán los 600 pesos.
Esta normativa legal, que rescató al sistema para evitar la quiebra frente al cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, ha derivado en enfrentamientos entre el gobierno y el Congreso por las responsabilidades en la aplicación de la iniciativa, esto tras la molestia de los/las clientes/as de la salud privada chilena por las facilidades de pago que ofrece esta ley corta, de las cuales el gobierno culpa a la oposición, con la cual sin embargo el propio Ejecutivo buscó un acuerdo en la etapa final de esta ley. Todo esto, en el marco de la necesidad de una reforma al sistema de Salud y el reforzamiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), en medio de la frágil realidad del sistema sanitario, que durante los últimos años ha estado azotado por las deudas hospitalarios y las listas de espera.
Lo anterior es sólo una muestra más de la profunda crisis por la que viene atravesando desde hace tiempo el modelo neoliberal de libre mercado respecto de su regulación y de los abusos cometidos debido a su ineficiencia y, en muchos casos, inexistencia. La seguridad social en manos privadas, tanto en materia de pensiones como de Salud, ha dejado mucho que desear y así ha quedado en evidencia también con las AFP, que han hecho de los derechos sociales fundamentales de los chilenos y las chilenas un millonario negocio en beneficio privado y perjuicio público. Los mismos que han señalado que el Estado es incapaz de manejar recursos de manera eficiente y que todo debe ser dejado en manos del mercado, nos demuestran cómo funcionan las cosas cuando la orientación no es el rol social, sino el afán de lucro y que, tal como ahora, no tienen pudor en buscar que ese Estado “incapaz” les dé un salvataje.
Por ello, como CONFEDEPRUS hemos sostenido que, así como se diseñó y despachó con urgencia una ley para salvar el negocio de las ISAPRES y la salud privada en donde se atiende el 15 % de los chilenos y las chilenas, así también exista una iniciativa legal para salvar la salud pública que resguarda la salud y la vida del 85 % de la población, tema que nunca debe dejar de ser una prioridad para cualquier gobierno, pues además se trata de una de las demandas más urgentes de la ciudadanía por una Salud como derecho fundamental, la que sólo es posible garantizar a través del fortalecimiento del sistema público, el cual se sustenta a su vez en sus trabajadores y trabajadoras y, por ende, en el resguardo de sus derechos laborales.