Este 11 de marzo Chile vivirá un cambio de mando que marca un momento político relevante para el país. Por primera vez desde el retorno a la democracia asumirá un gobierno identificado con la ultraderecha, encabezado por José Antonio Kast. Este escenario nos pone en estado de alerta respecto de las orientaciones que podría tomar la conducción del país y, particularmente, respecto del futuro de los derechos sociales y del rol del Estado.
Antes de mirar hacia adelante, corresponde también hacer un balance honesto del gobierno saliente encabezado por Gabriel Boric. Su llegada al poder generó grandes expectativas en amplios sectores sociales y particularmente entre las y los trabajadores de la salud. Existía la esperanza de avanzar en transformaciones estructurales que fortalecieran lo público, mejoraran las condiciones laborales y permitieran mayor justicia social.
Con el paso del tiempo, sin embargo, parte de esas expectativas se fueron diluyendo. Los procesos constitucionales fallidos, errores políticos del propio gobierno y la presión permanente de los sectores conservadores fueron configurando un escenario en el que el Ejecutivo terminó cediendo espacios relevantes de su agenda original. La incorporación de los partidos de la ex Concertación al gobierno terminó consolidando un giro hacia una lógica más moderada y de administración en la medida de lo posible.
Para las y los trabajadores de la salud, muchas de las promesas iniciales quedaron relegadas. Demandas históricas como el fortalecimiento de la carrera funcionaria, mejores condiciones laborales y una política más decidida de fortalecimiento del sistema público avanzaron solo parcialmente o en la medida de lo políticamente viable.
Desde nuestra organización hemos sido claros en señalar esta renuncia del gobierno a parte de sus pretensiones iniciales de transformación social. Sin embargo, un análisis honesto también obliga a reconocer los avances que sí se concretaron. Durante este periodo se impulsaron medidas que representaron un alivio para amplios sectores de la población, como el aumento sostenido del salario mínimo, el Copago Cero en la red pública, la ley de 40 horas, la Ley TEA y la llamada “Ley Papito Corazón”, entre otras iniciativas que impactaron positivamente en la vida cotidiana de muchas familias.
Hoy, con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, se abre un nuevo escenario político que nos obliga a mantenernos alertas. Nos preocupa la imprecisión que ha mostrado respecto de la continuidad de derechos sociales ya conquistados, su discurso que relativiza la importancia de los derechos humanos, su cercanía política con liderazgos internacionales como Donald Trump y las posiciones que su sector ha expresado en contra del feminismo, del ambientalismo y de diversos movimientos ciudadanos que han contribuido a ampliar la democracia en nuestro país.
Como organización sindical tenemos una posición crítica frente a los postulados políticos de este nuevo gobierno. Sin embargo, también entendemos que se trata de un gobierno electo democráticamente y que una parte importante de la ciudadanía optó por este proyecto político. Ese hecho merece respeto y forma parte de las reglas de la convivencia democrática.
Pero el respeto a la democracia no implica renunciar a la vigilancia social. Nos mantiene en alerta cualquier intento de retroceso en materia de derechos, eventuales cambios regresivos en la administración pública, políticas públicas contrarias a la protección social o iniciativas como leyes de indulto que puedan significar un agravio a la memoria y a la historia reciente de nuestro país.
Por lo mismo, estaremos atentos a la gestión del nuevo gobierno y particularmente a sus primeras medidas, que lamentablemente no resultan auspiciosas si desde ya se anuncian recortes al presupuesto público, con un 3% menos para todos los ministerios.
CONFEDEPRUS
Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud
En materia de salud esperamos que el nuevo gobierno comprenda que este sector no puede ser visto únicamente desde una lógica de productividad. El país necesita fortalecer decididamente su sistema de salud pública: aumentar el presupuesto, cerrar brechas históricas, mejorar las condiciones laborales, avanzar en salud funcionaria y consolidar una verdadera carrera funcionaria para las y los trabajadores del sector.
Nuestras demandas no dependen del color político de los gobiernos de turno. Son demandas estructurales que responden a la necesidad de construir un sistema de salud más justo, digno y al servicio de la población.
Las organizaciones sindicales de la salud hemos demostrado que sabemos movilizarnos cuando es necesario. Lo hicimos con este gobierno, lo hicimos con los anteriores y lo haremos también con los que vendrán.
Porque los derechos de las y los trabajadores no se transan, no se venden y no se subordinan a las coyunturas políticas, sino que se defienden y se conquistan.
Directorio Nacional
CONFEDEPRUS
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