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Categoría Columna de Opinión

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EDITORIAL: Sobre la reforma de pensiones

La política institucional ha aprovechado la premura de los tiempos involucrados en el cierre del año 2024, para desarrollar y tomar decisiones sobre temas trascendentales que afectan directamente a la ciudadanía en Chile. Lamentable camino tomado principalmente por dos poderes del Estado como son el Ejecutivo y el Legislativo, ya que oportunistamente mientras el Pueblo en general está preocupado de otros temas, se avanza en cuestiones fundamentales sin reflexión profunda, sin despliegue de información en forma democrática. Uno de estos temas es lo que se ha denominado como una reforma al sistema de pensiones.

Un escenario bastante difícil de enfrentar ya que la situación de las pensiones es altamente dramática con una multiplicidad de miradas y soluciones, cuestiones que se han revisado por Ejecutivos anteriores con fracasos significativos y ahora es el turno del gobierno del presidente Boric.

Las visiones acerca de reformar el sistema de pensiones han estado en permanente discusión. Ante la existencia de posiciones liberales, aparentemente contrapuestas, finalmente se observa que se busca la mantención del sistema actual perfeccionándolo mediante la mayor participación del Estado en forma subsidiaria.

Pese al compromiso inicial del gobierno actual sobre cambiar totalmente el sistema de previsión de Chile hoy nos encontramos en el escenario oficial que tiene el fin de mantener el modelo de mercantilización de los Derechos sociales, por cuanto mantener la privatización del sistema de pensiones con fines de lucro.

Lamentablemente estas definiciones también están en manos de un Congreso con bajos niveles de aprobación por parte de la ciudadanía y que, en la actualidad, en general, no representan al Pueblo sino que representan a intereses netamente económicos.

Al respecto, cada discurso de políticos de distinta tendencia, con el fin de alcanzar acuerdo sobre este tema, debe ser revisado en su mérito ya que se observa en general que no se busca transitar hacia recuperar el Derecho Fundamental de la Seguridad Social en materia de pensiones, sino más bien a resguardar los intereses de los dueños del poder económico en Chile, yendo en dirección contraria a lo declamado por el Pueblo Chileno.

En este desarrollo está claramente establecido que la situación se ha llevado al punto crítico de la defensa de una ideología basada en el neoliberalismo y el resguardo del mercado de capitales, alejándose de los principios universales de la Seguridad Social.

Se insiste en que el mejoramiento pasa por fortalecer el negocio de las pensiones: ratificando y aumentando el desarrollo de la capitalización individual, generando algunos argumentos para su efecto final, entre otros, aumentar la edad de jubilación.

Es por ello que en la actualidad el Ministerio de Hacienda tiene mucho más que decir sobre el particular, más que el mismo Ministerio del Trabajo, ya que las decisiones afectan directamente sobre la economía del país.

El Pueblo chileno debe estar alerta, cumpliendo permanentemente con su rol fiscalizador sobre el quehacer y postura del gobierno y de los parlamentarios de distintos distritos, con el fin de conocer su intención de voto y su postura sobre lo que el Pueblo chileno exige.

La situación actual de la negociación política al respecto ha implicado cambios significativos en la propuesta original del gobierno, dejando muy satisfechos a los que ostentan el poder económico y alejándonos cada vez de un modelo basado en la Seguridad Social.

En la lógica de fortalecer el mercado de capitales, el gobierno terminó aceptando las combinaciones alambicadas propuestas por la derecha política y el poder económico, lo que de avanzar sería en realidad una verdadera derrota para las y los trabajadores.

Es necesario hacer un llamado al gobierno para que retire el proyecto y defienda su postura original, más, requiera de un cambio en cuanto a la entrega de la PGU llevándola a la condición de universalidad y que sea entregada a las mujeres desde su edad de retiro laboral.

También debe aclarar de frente a la ciudadanía sobre la situación de la propuesta de aumentar la cotización con cargo a los trabajadores de un 0,5% para ser aportados a un fondo solidario ya que, si no se cumple con la idea original de un 6% de cargo del empleador al mismo fondo, el aporte adicional de los trabajadores no se justificaría. Si no es así se interpretaría como mayores ganancias para las AFP’s.

Si el 6% con cargo al empleador se asigna a capitalización individual, no será ningún aporte a la mejora de las pensiones por parte de las AFP’s, ya que han demostrado en 43 años de ejercicio impuesto obligatoriamente, su fracaso en el logro de rentabilidad en el modelo. Un mayor aporte a las AFP’s no significará mejores pensiones, es cosa de observar la caída de las rentabilidades de los fondos y a sus negativas proyecciones. Por cuanto nuevamente será el Estado subsidiario el llamado a resolver la situación, Estado que ya no contará con el componente social que se proyectaba originalmente en la reforma. Mantener el modelo de cuentas individuales, es mantener la crisis social y financiera que asumirá el Estado, y específicamente nosotros.

Claramente es imperante una reforma de pensiones, avanzando hacia la recuperación del Derecho fundamental de la Seguridad Social, pero en dicha urgencia no podemos aceptar cualquier reforma. La urgencia de resolver la situación precaria de miles de chilenos y chilenas pensionados nos pone en jaque permanentemente. Y hoy es el caso, pero ello debe implicar medidas que cambien el modelo fracasado de las AFP’s por un modelo fundado en los principios de la Seguridad Social, si eso no se da debemos seguir luchando por cambiarlo de raíz, de lo contrario perpetuaremos un modelo basado solo en la ideología de la oposición a la regulación del mercado y a la mínima participación del Estado en la economía del país.

En el mediano plazo exigimos al gobierno avanzar en un proceso para una reforma mayor y estructural que nos permita lograr un sistema previsional para “jubilaciones”, prosperar hacia un sistema solidario con responsabilidad del Estado, y que determine la reinstauración de la Seguridad Social como un Derecho.

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EDITORIAL: AFPs y trabajadores/as, una relación no consensuada y abusiva

En noviembre de 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó al país y al Congreso una propuesta de Reforma Previsional cuyo principal objetivo era hacer frente a las demandas sociales por mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, especialmente para reducir las brechas de género y asegurar condiciones más dignas para las mujeres. Esto, a pesar de la presión permanente de gran parte de la ciudadanía para acabar definitivamente con el sistema de AFPs, la que sin embargo ha sido desoída de manera permanente por distintas autoridades políticas que insisten en mantener el actual orden de cosas sobre el cual se sostiene toda esta estructura financiera que se ha levantado y construido en base al abuso y la expropiación de los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Un proyecto que busca aumentar los montos de las pensiones, pero que ha tenido en la distribución del 6% de cotización adicional el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo, debiendo ser despachado a Sala antes de que finalice el año 2024 con la expectativa de concluir el segundo trámite constitucional a más tardar en enero de 2025.

Dentro de lo que ha sido este largo proceso, el pasado domingo el presidente de RN y miembro de la comisión del Senado donde se negocia la reforma de pensiones, Rodrigo Galilea, señaló en el programa Mesa Central de canal 13 que se llegó a un acuerdo para que ese 6% vaya íntegro a capitalización, proponiendo fórmulas que resguardan muy bien el negocio de las AFP y traspasa a los usuarios, las usuarias y al Estado el costo de esta “reforma”, frente a esto los partidos del oficialismo han guardado silencio ante esta trampa instalada por el senador Galilea, en la que el 6 % irá íntegro a las cuentas individuales manejadas por las AFP, lo cual más allá de servir para mejorar las pensiones de millones de chilenos y chilenas, sólo fortalece, consolida y mantiene el sistema, tanto financiero como político, ya que ese 6% servirá para aumentar las pensiones a quienes se pensionen en 50 años más y, aun así, ese aumento será marginal ya que ni siquiera llegará a una tasa de reemplazo del 40%. Igualmente, la fórmula propuesta por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de mejorar la PGU y corregir las brechas de género, se haría a través de un préstamo de los propios ahorros que administran las AFP, potenciando el mercado de capitales y fortaleciendo las AFP a través de seguir entregando migajas a los pensionados y pensionadas.

Lo cierto es que, más allá de las definiciones técnicas, acá de lo que se trata, el problema de fondo, es de terminar con un sistema que no esta diseñado para entregar seguridad social, sino más bien recursos frescos para el mercado financiero.  El clamor de la ciudadanía consciente de la realidad  que ve las pensiones miserables que reciben nuestras y nuestros adultos mayores ya se expresaron en el año 2016 donde unas 750 mil personas marcharon  en todo Chile, cerca de 2 millones lo hicieron en 2017 y unas 3 millones de personas en 2019, aburridas de los abusos de un sistema cuyas groseras utilidades suben año tras año usando nuestros propios ahorros y a cambio éstos mismos ahorros suben apenas un 2,4% en promedio en nuestras cuentas individuales. Sin embargo, la masiva demanda social por terminar con el modelo de capitalización individual de las AFP, impuesto en dictadura y reemplazarlo por un verdadero sistema de Seguridad Social de reparto y solidario, ha sido junto con otras demandas, como la Salud, sistemáticamente desatendida a pesar de ser una de las más potentes y permanentes demandas de la ciudadanía.

Por ello, como CONFEDEPRUS creemos que las trabajadoras y los trabajadores debemos ser protagonistas de este debate para definir a través de una consulta en la que podamos decidir los destinos de nuestros fondos, toda vez que esta relación con las AFP no ha sido consensuada sino abusiva, con perjuicio directo en contra de millones de chilenos y chilenas que hemos dicho numerosas veces “No más AFP”, sin entender que «no» es no.

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EDITORIAL: La Salud como derecho humano fundamental

El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha instaurada en 1948 para establecer por primera vez la protección y defensa en todo el mundo de los derechos humanos fundamentales que toda persona tiene, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, lo cual como CONFEDEPRUS hemos defendido siempre, siendo parte de nuestras luchas permanentes e irrenunciables ya que inciden directamente en el estado de salud de la perosna. En esta línea, el derecho a la Salud ha sido y es uno de los objetivos centrales de nuestras luchas como gremio, junto con los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que sostienen el sistema y la vida de la población, muchas veces exponiendo la salud y vida propias.
En este día, la ONU ha hecho el llamado a hacerse cargo del financiamiento de la Salud como una tarea prioritaria para que los pueblos puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo la Constitución ajustarse a sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos en toda su amplitud, ante lo cual los estados están obligados a hacerse cargo. De hecho, el artículo 25 de la Declaración Universal de DD.HH. establece que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar, incluyendo la asistencia médica, así como la OMS declara que la Salud es un derecho humano fundamental y se compromete a garantizar el más alto nivel de salud para todos.
Sabido es que las condiciones socioeconómicas y el acceso limitado a servicios básicos exponen a las personas a un mayor riesgo de enfermedad, dificultándose también el acceso a la atención médica por barreras financieras y geográficas. Por ello, expertos internacionales recomiendan transformar los sistemas de salud basándolos en la Atención Primaria de Salud (APS), un modelo centrado en las personas, las comunidades y enfocado en la salud, no en la enfermedad, abordando los determinantes sociales y ambientales que condicionan la salud, el bienestar y la equidad en salud de las personas y las comunidades mediante una acción intersectorial, junto con aumentar la inversión en salud hasta al menos el 6% del PIB e invertir el 30% de estos recursos en el primer nivel de atención, de modo de poder garantizar un acceso equitativo a los servicios. La salud y el bienestar son aspectos centrales de una vida plena y no deben considerarse un privilegio, sino la base sobre la que la sociedad crece y se desarrolla.
Por ello, cuidar al que cuida resulta fundamental para poder garantizarle a la población el derecho a una Salud digna, oportuna y de calidad, a través de condiciones de trabajo decente para quienes se desempeñan en el sistema público, quienes durante décadas han debido lidiar con todas las precariedades existentes en la Red Asistencial. Necesidades y demandas objetivas que no han sido respondidas de manera satisfactoria por sucesivos gobiernos y por las cuales nos hemos movilizado junto con otros gremios y la CUT, exigiéndole al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos. No hacerlo es fallarle no sólo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a millones de chilenos y chilenas que creyeron en las promesas de campaña del actual gobierno y que siguen esperando que su salud sea, finalmente, un derecho.

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EDITORIAL: Una ley para salvar la Salud Pública

La aplicación de la ley corta de ISAPRES impulsada por el gobierno -y que fue despachada desde el Congreso en mayo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obligó a las aseguradoras a devolver 1.200 millones de dólares cobrados en exceso a sus 700.000 clientes- ha generado una serie de críticas debido a los montos y plazos de los pagos, con un tope de 13 años en cuotas mensuales para los afiliados y afiliadas menores de 60 años de edad, 2 años para los mayores de 80 años y 5 para los mayores de 60. Es decir, los más de mil millones de dólares que las aseguradoras deben retornar se repartirán de manera diferenciada de acuerdo a lo cobrado en exceso a cada usuario o usuaria, algunos/as de los/as cuales recibirán su devolución en 156 cuotas, con montos mensuales que alcanzarán los 600 pesos.

Esta normativa legal, que rescató al sistema para evitar la quiebra frente al cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, ha derivado en enfrentamientos entre el gobierno y el Congreso por las responsabilidades en la aplicación de la iniciativa, esto tras la molestia de los/las clientes/as de la salud privada chilena por las facilidades de pago que ofrece esta ley corta, de las cuales el gobierno culpa a la oposición, con la cual sin embargo el propio Ejecutivo buscó un acuerdo en la etapa final de esta ley. Todo esto, en el marco de la necesidad de una reforma al sistema de Salud y el reforzamiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), en medio de la frágil realidad del sistema sanitario, que durante los últimos años ha estado azotado por las deudas hospitalarios y las listas de espera.

Lo anterior es sólo una muestra más de la profunda crisis por la que viene atravesando desde hace tiempo el modelo neoliberal de libre mercado respecto de su regulación y de los abusos cometidos debido a su ineficiencia y, en muchos casos, inexistencia. La seguridad social en manos privadas, tanto en materia de pensiones como de Salud, ha dejado mucho que desear y así ha quedado en evidencia también con las AFP, que han hecho de los derechos sociales fundamentales de los chilenos y las chilenas un millonario negocio en beneficio privado y perjuicio público. Los mismos que han señalado que el Estado es incapaz de manejar recursos de manera eficiente y que todo debe ser dejado en manos del mercado, nos demuestran cómo funcionan las cosas cuando la orientación no es el rol social, sino el afán de lucro y que, tal como ahora, no tienen pudor en buscar que ese Estado “incapaz” les dé un salvataje.

Por ello, como CONFEDEPRUS hemos sostenido que, así como se diseñó y despachó con urgencia una ley para salvar el negocio de las ISAPRES y la salud privada en donde se atiende el 15 % de los chilenos y las chilenas, así también exista una iniciativa legal para salvar la salud pública que resguarda la salud y la vida del 85 % de la población, tema que nunca debe dejar de ser una prioridad para cualquier gobierno, pues además se trata de una de las demandas más urgentes de la ciudadanía por una Salud como derecho fundamental, la que sólo es posible garantizar a través del fortalecimiento del sistema público, el cual se sustenta a su vez en sus trabajadores y trabajadoras y, por ende, en el resguardo de sus derechos laborales.

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EDITORIAL: No se puede legislar vulnerando derechos laborales

En septiembre de este año, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas comenzó la discusión del proyecto de ley que propone modificar el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental, cuyo objetivo es que padres y madres puedan pasar más tiempo con sus hijos e hijas. Para ello, la iniciativa considera el aumento de 6 meses a un año, pudiendo transferir las últimas 24 semanas al padre o decidir no utilizarlas, reincorporándose a sus funciones. Lo anterior fundamentado en que, según el promotor de esta iniciativa, el diputado Patricio Rosas (FA), el país ha tenido una baja notoria en la tasa de natalidad, opinión que es compartida por el gobierno. En efecto la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, coincidió en que el tema de la natalidad es complejo a futuro, pero advirtió al mismo tiempo que la extensión del postnatal parental podría tener un impacto en el empleo de las mujeres, pudiendo generar más inequidades en la tasa de participación femenina dentro del mercado del trabajo.

De hecho, algunos estudios han mostrado una baja en la igualdad de sueldos y en el desarrollo de la carrera de mujeres en relación a los hombres, situación que se ve reflejada en el subsidio asociado al descanso maternal, el que disminuiría en forma gradual al pagarse sólo un 60 % de la remuneración, con una pérdida del 40 % dentro del año, lo cual equivale casi a la mitad del sueldo de las mujeres. Lo anterior no guarda correspondencia con el objetivo de poder dar garantías para promover un cuidado adecuado del o la recién nacido o nacida, dentro de un contexto general de inequidades de sueldo asociadas al género que vulneran derechos fundamentales y precarizan las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras, junto con el hecho de que esta extensión del postnatal puede tener efectos perjudiciales en la oferta de mano de obra femenina, dificultándoles eventualmente su reincorporación al mercado laboral, ya que cuando el proyecto amplía el posnatal para padres y madres sólo se aumenta una escasa cantidad de días para los padres, que no es lo que necesitamos. Además, el mecanismo de resolución del cuidado sigue siendo la permanencia de las mujeres dentro del espacio privado, sin corresponsabilidad para los padres, aplicándose sólo para trabajadoras asalariadas o que se cotizan y manteniéndose fuera los grupos con mayor vulnerabilidad, como mujeres migrantes, trabajadoras informales, etc. Es decir, no es universal y no va de la mano tampoco con garantizar la construcción de espacios de cuidado infantil, como son las salas cunas o jardines que permitan un resguardo seguro.

Por ello, desde la secretaría de Mujer y Diversidad de CONFEDEPRUS creemos que este proyecto de ley de extensión del post natal no puede pretender alcanzar sus objetivos a través de la vulneración de derechos laborales de las mujeres, implicando un perjuicio directo en los sueldos de las trabajadoras, debiendo esta iniciativa ir acompañada de elementos que garanticen derechos laborales, salariales y corresponsabilidad real, no sólo 30 días, además de explorar otras alternativas destinadas a incentivar el apego y la corresponsabilidad parental que no perjudiquen el empleo femenino ni tampoco vulneren las garantías de cuidados y seguridad social. Si bien como CONFEDEPRUS nos parece relevante avanzar en mejorar los derechos maternales y necesario ver la extensión del posnatal, también es cierto que hay que hacerlo bajos las condiciones adecuadas para que el beneficio buscado no tenga perjuicios para las mujeres. No se puede legislar a costa de derechos de las trabajadoras de Chile.

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EDITORIAL: La deuda histórica con Salud

El pasado miércoles 30 de octubre y de acuerdo con el cronograma de tramitación, las cinco Subcomisiones Especiales Mixtas de Presupuestos presentaron sus respectivos informes ante la Comisión Especial Mixta, en los cuales se abordan diversos temas relacionados con el aumento del gasto público, contrataciones y ejecución presupuestaria para el próximo año. Respecto del área de Salud, la Tercera Subcomisión Mixta llevó a cabo el estudio de la partida del Ministerio de Salud, correspondiéndole atender intervenciones de las autoridades de la cartera, representantes de profesionales y trabajadores/as de la Salud, asociaciones de pacientes, el Colegio Médico y dirigentes/as sindicales respecto de demandas en Atención Primaria o una deuda hospitalaria cada vez mayor, entre otras, las que se ven afectadas por un presupuesto inicial insuficiente y la disminución relativa del aporte fiscal. Porque si bien es cierto este año Salud representa el mayor crecimiento del erario, con un incremento del 4,2% en relación al año pasado, ello resulta insuficiente para resolver los múltiples problemas existentes en la Salud Pública del país y que se han vuelto estructurales luego de décadas de desmantelamiento.

Porque a pesar de que el reciente rechazo a la partida 16 de Salud y el poder mirar un incremento en la glosa que permita dar caución de atención a nuestra comunidad es un hecho relevante que garantiza un Derecho Humano fundamental, echamos de menos que se pueda considerar un incremento que venga a dar garantías de trabajo decente para el equipo de Salud, así como avanzar en el compromiso del presidente Boric con una Carrera Funcionaria, con un encasillamiento para los trabajadores y las trabajadoras y con poder ir cerrando todas las brechas que se arrastran para nuestros compañeros y compañeras de Cenabast a través de un rediseño de su DFL. Todas estas, materias en las que existen compromisos incumplidos, los cuales son deudas pendientes junto con otras más, nacidas de demandas y necesidades objetivas, tanto de los profesionales y trabajadores/as de la Salud Pública como de parte del 80% de la población que se atiende en el sistema.

El plazo para despachar el proyecto de ley de presupuestos es de 60 días desde que ingresó el 30 de septiembre, por lo que el plazo máximo para su despacho es el 30 de noviembre de 2024. Por ello, como CONFEDEPRUS seguiremos insistiendo en estas alertas que tenemos como organización, probablemente a través de los integrantes de la Comisión Mixta, manteniendo el compromiso de defender la Salud Pública de Chile y las condiciones de trabajo decente del equipo de Salud, pues mientras éste derecho humano fundamental sea una demanda social no respondida, seguirá siendo una deuda histórica con sus trabajadores, trabajadoras y con la población, lo cual requiere un aumento del presupuesto que esté a la altura de las necesidades reales del sector. Millones de chilenos y chilenas no pueden seguir esperando eternamente por una atención oportuna, digna y de calidad, así como tampoco los profesionales trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública pueden seguir esperando mejores condiciones laborales para cumplir dignamente con su labor.

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EDITORIAL: La legítima protesta social

Hoy se cumplen 5 años de las primeras protestas estudiantiles que dieron inicio al llamado “estallido social”, que desde octubre de 2019 y hasta marzo del 2020 movilizó masivas protestas sociales en nuestro país, con millones de chilenos y chilenas expresando en las calles de distintas ciudades un descontento largamente acumulado contra un escenario de abusos, corrupción, impunidad y desigualdades de un modelo económico y un sistema político que no han sido capaces de dar respuesta a demandas que siguen estando dentro de las principales preocupaciones de la población. Una explosión de rabia e indignación que, más allá del alza de 30 pesos en el pasaje del metro, tuvo raíces más profundas y casos previos como el de “La Polar”, la colusión de las farmacias y los pollos, el “Confortgate”, sumado a las desigualdades en el acceso a la salud y educación, el fracaso de las AFP, la mala distribución de los ingresos, la baja confianza en los partidos, la política y los empresarios por los casos de financiamiento ilegal de campañas parlamentarias. Junto con todo esto y como guinda de la torta, la actitud de algunas autoridades de la época que generaron escozor con declaraciones a través de las cuales dejaron ver su absoluta desconexión y falta de empatía con problemas reales y concretos de la población.

En pocas palabras, una crisis de legitimidad del sistema completo, con bajísimos niveles de aprobación a los partidos políticos y el Congreso, situación que fue reconocida por diversos sectores y personeros que incluso hicieron un mea culpa por no haber tenido la capacidad de advertir y atender las demandas de la gente. Relato que, sin embargo, más tarde cambiaría a la criminalización de la protesta social ante diversos hechos de saqueos, destrozos e incendios, como la quema de varias estaciones del Metro, cuya investigación -llevada a cabo por el fiscal Guerra siendo ministro del Interior Andrés Chadwick- hasta el día de hoy no entrega claridad sobre sus responsables.

Lo cierto es que, a 5 años de un estallido social que para un 58% de la población fue la legítima expresión de descontento social generalizado, según la Cadem, no hay mejoras. Es más, según esta misma encuesta, el 80% de las personas cree que las demandas sociales no han sido resueltas o que han empeorado. Así lo hemos visto en Salud, donde a raíz del caso del hospital Carlos Van Buren ha quedado en evidencia, una vez más, la precaria situación de la Salud Pública de Chile, desmantelada y precarizada sistemáticamente a partir de la vulneración de derechos laborales de sus profesionales en beneficio del negocio de la salud privada, con directo impacto en la calidad de atención del 80% de la población que recurre al sistema público, lo cual representa una abierta vulneración del Estado y de los distintos gobiernos a todo tipo de derechos fundamentales, tanto los laborales del equipo de trabajo como de la población a tener una atención digna, oportuna y de calidad.

Por ello y porque nada ha cambiado, las necesidades, expectativas y demandas de transformación social siguen teniendo legitimidad y vigencia en Chile. Así lo han reconocido incluso personeros del mundo político y empresarial de derecha, como Bernardo Matte Larraín, quien señaló recientemente que “sin reformas importantes van a venir otros remezones”, o el senador Francisco Chahuán, de RN que dijo que “muchas de las condiciones que generaron el estallido no han desaparecido”. Las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad a través de una Nueva Constitución legítima en su origen, que permita superar el actual Estado Subsidiario, así como alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos sociales básicos, como son el Derecho a la Salud, a la Educación, a la Seguridad Social, a una Remuneración justa, Vivienda digna, entre otros derechos fundamentales, siguen plenamente vigentes.

Como nada ha cambiado, CONFEDEPRUS reivindica tanto la legitimidad de la protesta social, como la plena vigencia de las demandas que dieron origen a este proceso, siendo imperativo hoy, continuar nuestra exigencia de avanzar hacia una sociedad democrática e inclusiva, basada en la justicia social y fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos a través de la organización de la ciudadanía y la movilización social, única forma de lograr avances sustantivos.

 

Columna de Opinión , Directorio

EDITORIAL: Dejar morir hospitales es dejar morir personas

Durante las últimas semanas hemos sido testigos, a través de diversas notas de prensa difundidas en varios medios, de distintas situaciones hospitalarias que dan cuenta de una crisis financiera generalizada en nuestro país y que se arrastra desde hace varias décadas, producto de un sistema que fue desmantelado durante la dictadura militar y que hasta el día de hoy el Estado de Chile no ha sido capaz de recuperar en beneficio del negocio privado, con perjuicio a más del 80% de la población que se atiende en ella. Hace unos días veíamos el caso del hospital Van Buren, el cual se suma a otros como el Sótero del Río, el San Borja Arriarán, el San Juan de Dios, el de La Serena y el Padre Hurtado son los más estrechos financieramente según el informe oficial del primer semestre de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Una crisis financiera en la que 39 hospitales superan los $ 1.000 millones de deuda y que hace absolutamente insuficiente la inyección de $110 mil millones de pesos a la red pública anunciada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado.

Como gremio de la Salud Pública, no sólo hemos denunciado esta situación, sino que también hemos emplazado al gobierno por este déficit presupuestario del sector que se refleja en esta compleja situación por la que atraviesan hospitales públicos, consultorios y Cesfam, lo que hace urgente que Hacienda entregue mayores recursos para poder mantener el funcionamiento de los establecimientos y la atención de la población, haciéndose cargo en términos presupuestarios de resolver de manera estructural la asignación de los recursos a través de un Presupuesto 2025 que esté a la altura de las necesidades, entregando una inyección adicional para las listas de espera y así también incidir en una mayor seguridad del personal que atiende en los establecimientos de Salud, así como para que también los establecimientos puedan llegar a fin de año.

Por ello, hoy se necesita con urgencia legislar, poner recursos que se puedan redistribuir con la misma energía y prontitud que surgió para salvar al sistema privado de Salud a través de una, denominada, ley corta de ISAPRES, de manera de poder dar solución inmediata a los déficits en presupuestos del periodo 2024 de los hospitales y el pago de deudas declaradas, trasparentando la situación particular de cada una. En dicho contexto, se requiere una Reforma profunda del sistema de Salud público, con participación ciudadana en la toma de decisiones, con inversión que permita mejorar la gestión, más, la implementación del Trabajo Decente para las y los Trabajadores. No podemos salvar a las ISAPRES y dejar morir a los hospitales públicos, que es donde se atiende el 85% de la población y donde está el equipo de salud que puso todo su compromiso y esfuerzo para velar y cuidar el derecho a la vida y a la salud de los habitantes del país. Dejar morir hospitales es dejar morir personas.

 

Columna de Opinión , Noticias

EDITORIAL: La importancia de cuidar a quienes cuidan

Hace unos días, parte del Directorio Nacional de CONFEDEPRUS, junto a dirigentes de Fedeprus Viña del Mar – Petorca, sostuvieron una conversación con la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, durante su visita al Hospital Gustavo Fricke, ocasión en la que se le insistió a la autoridad en la necesidad de resguardar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras respecto a la rotación del personal, salud mental, cuidados y permisos para quienes han sido afectados directamente o bien son la red de apoyo directa de quienes perdieron todo durante los incendios forestales que han arrasado con unas 24 mil hectáreas en diversas regiones del país, siendo la de Valparaíso una de las más afectadas con más de 10 mil hectáreas quemadas, unas 20 mil viviendas afectadas y al menos 131 personas fallecidas, según informes proporcionados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Dirección Regional de Senapred, declarándose alerta roja y Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

Una tragedia que una vez mas ataca nuestro país como en años anteriores en esta época, con incendios que se producen de manera simultánea en diversos focos y que hace recordar el modus operandi de los incendios de las estaciones del Metro durante la revuelta social, las que hasta el día de hoy no han tenido respuestas en relación a quiénes estuvieron detrás de estos hechos, los que al igual que los incendios forestales presentan una clara intencionalidad de acuerdo no tan solo al sentido común, sino a informes de bomberos, el gobernador de Valparaíso y el jefe de la defensa nacional, sin que hasta ahora se haya logrado dar con el paradero de estas personas, alimentando con ello una serie de especulaciones y teorías acerca de la autoría de estos hechos, así como también de sus motivaciones.

A raíz de lo anterior, y tal como en ocasiones anteriores, nuestro gremio ha organizado una campaña para ir en ayuda de las y los afectados por esta tragedia bajo el nombre de “Lucatón”, por lo que se ha solicitado la colaboración de todas las socias y socios y de quienes quieran ser parte de esta campaña para ir en ayuda de todos los damnificados de los incendios de la región de Valparaíso, quienes han perdido todo con esta catástrofe y que necesitan de manera urgente ayuda para salir adelante y reconstruir todo lo que el fuego ha destruido, especialmente luego de haberse suspendido la campaña “Chile, un solo corazón” luego del fallecimiento del expresidente Piñera en el sur de Chile producto de un desafortunado accidente en helicóptero, lo cual no quita que estas personas sigan requiriendo apoyo en estos momentos tan complejos, así como el equipo de Salud que debe atender las situaciones derivadas de este hecho.

Como CONFEDEPRUS, gremio de la Salud Pública, siempre hemos sostenido lo relevante que es cuidar a quienes cuidan a la población, a sus trabajadores y trabajadoras que deben enfrentar una serie de precariedades para cumplir con su labor de manera lo más óptima posible. Situación que ante esta emergencia se ve agudizada y que revela nuevamente las grandes carencias que subsisten en la Salud Pública para hacer frente a hechos como este.

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EDITORIAL: Una reforma que no transforma

El pasado miércoles, la Cámara de diputados y Diputadas despachó a segundo trámite la reforma de pensiones, aprobando en general la idea de legislar, pero dejando fuera, en la discusión particular, elementos esenciales de la propuesta, la que consideraba un sistema mixto de pensiones, introduciendo nuevas figuras y elementos. Entre las materias eliminadas del texto están la cotización adicional del 6% a cargo del empleador, el Fondo Integrado de Pensiones y el gestor público a cargo, así como el Inversor de Pensiones del Estado. Por otra parte, se aprobó la creación del seguro social previsional, el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), modificaciones al seguro de cesantía y el autopréstamo. De esta manera, la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno logró sortear el primer obstáculo en la Cámara, avanzando en su trámite hasta marzo, cuando sea visto en el Senado, luego del receso legislativo de febrero.

Sin embargo, la propuesta está lejos de ser una buena noticia para millones de personas que esperan un mejoramiento real de sus pensiones, toda vez que se insiste en mantener al mismo sistema empobrecedor como son las AFP, pero con otro nombre bajo la administración estatal de un inversor público, lo que mantiene la lógica fracasada de capitalización individual. Y no sólo mantenerlas, sino fortalecerlas con el bolsillo de todos los trabajadores y las trabajadoras mediante la propuesta de aumentar en un 0,5% sus cotizaciones, lo que significa aumentar también en casi $ 60.000 millones las ganancias anuales de las AFP. lo cual nos parece inaceptable y vejatorio. Por otro lado, la propuesta de cambiar el cobro de comisiones de las AFP exige saber si se descontará de los saldos de aquellos trabajadores y trabajadoras que estén desempleados.

Tampoco es cierto que los trabajadores y las trabajadoras tengan libertad de elegir, pues esa “libertad” se limita a elegir entre un gestor público o privado que administre bajo la lógica de la capitalización individual, lo que en nada cambia el sistema. La verdadera libertad de elección es poder optar entre permanecer en el actual sistema o cambiarse con el ahorro acumulado a una institución pública y solidaria que entregue mejores pensiones, como el IPS. Por otra parte, creemos que el gobierno debe cumplir con lo prometido en su programa respecto del incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, entregándose a las mujeres a partir de los 60 años.

Para nadie es un misterio que la actual administración, que ya se acerca a la primera mitad de su gobierno, ha debido enfrentar diversas dificultades políticas, escenario dentro del cual la reforma de pensiones y el ahora llamado Pacto Fiscal con el que se espera poder financiar esta y otras iniciativas se han convertido en objetivos centrales para el oficialismo en términos de legado, ante un panorama 2024-2025 marcado por diversas elecciones. De allí los permanentes llamados a llegar a acuerdos con una oposición que ya sea mediante poner condiciones o con pararse de la mesa cuando algo no le ha gustado, ha logrado poner al Ejecutivo en una posición de apertura ante la premura por lograr sacar adelante sus objetivos, poniendo en riesgo no tan sólo la consecución de los mismos en términos formales, sino también en sus contenidos, en su fondo.

Nuestro país necesita de manera urgente diversas reformas profundas en términos de seguridad social, respecto de temas como Salud, Educación, Vivienda y Pensiones, por lo que esta reforma junto con otras sigue siendo tareas pendientes desde hace mucho tiempo. No han sido suficientes ni las masivas marchas ni un estallido social para cambiar un sistema que rige desde 1981, basado en la capitalización individual controlada por privados, las AFP, que recaudan los fondos desde la cotización obligatoria de los trabajadores y las trabajadoras y que los administran para mantener el sistema financiero, obteniendo millonarias utilidades todos los años a costa de entregar bajísimas pensiones.

Por ello, esta lógica de empobrecimiento de muchos para beneficio de algunos debe cambiar, no es sostenible y ya ha quedado demostrado. Es necesario que los trabajadores y las trabajadoras nos mantengamos alertas y volvamos a las calles ante un escenario en el que se busca seguir con la capitalización individual para asegurar la ganancia del gran empresariado y no transforma el sistema en un verdadero sistema de seguridad social. Millones de chilenos y chilenas  no pueden seguir esperando porque viven  con pensiones de miseria que no les alcanza ni siquiera para sus gastos básicos.

Columna de Opinión

EDITORIAL: Salvavidas veraniego a las Isapres

Debido a la escasa regulación e insuficiente fiscalización existentes en relación con la fijación de precios en los planes de salud por parte de las isapres, en 2007 el tema comenzó a ser judicializado por parte de muchos de los usuarios y las usuarias del sistema privado para frenar, mediante recursos de protección, las permanentes alzas unilaterales sin informar a sus afiliados y afiliadas. Un problema que se fue incrementando y que se vio reflejado también en el aumento de acciones judiciales, las que subieron de 737 en el año antes señalado a 5.214 el 2018, según Ciper Chile, pero a pesar de lo cual a principios de 2019 varias isapres volvieron a anunciar alzas en sus planes de salud, la mayor en los últimos ocho años. La explicación dada entonces por la autoridad fue que dichas alzas se explicaban por diversos factores, entre los cuales estaba el propio incremento de esta judicialización ya que generaba costos para el sistema que se traspasaban a los usuarios y usuarias.

Ese mismo año 2019, los recursos de protección presentados contra las isapres y sus alzas unilaterales llegaron a más de 376 mil recursos presentados. Todo un record, a pesar de los fallos de la justicia en favor de los y las demandantes, a pesar de los cuales las isapres no modificaron los contratos para regular los precios, ocupando una tabla de factores para calcular el precio final que se cobra a las personas por sus planes de salud y que contenía elementos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, el aumento de licencias médicas relacionadas con la pandemia agravó la crisis del sistema, ante lo cual el Gobierno presentó una ley corta para que se pudiera cumplir el fallo sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, la que indica que quienes tengan un plan de salud que se financie con un monto inferior a 7% (un 27% de los afiliados a las aseguradoras privadas), podrán optar a mayores beneficios en sus planes.

El pasado martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de reajuste al sector público, destacando el adelanto de la entrada en vigencia del Índice de Costos de Salud (ICSA), incorporado por el gobierno para mitigar los efectos del fallo de la Corte Suprema a las isapres por sus cobros excesivos a los usuarios y usuarias del sistema privado de Salud, el cual  establece el porcentaje máximo en que pueden aumentar los planes de salud, adelantando su entrada en vigencia para abril de 2024. Un “salvataje”, como ha sido catalogado desde diversos sectores, entre ellos nuestro gremio, toda vez que nos parece muy cuestionable intentar salvar la situación generada por cobros excesivos permitiéndole a las isapres adelantar la subida de precios de los planes para pagar la deuda generada por cobros excesivos a esos mismos beneficiarios. Paradójico, por decir lo menos.

Como CONFEDEPRUS rechazamos esta medida para permitir que las isapres puedan aumentar de manera anticipada los precios a sus usuarios y usuarias a través del ingreso de esta indicación a la ley de reajuste de los trabajadores del sector público, pues nos parece una nueva forma de favorecer el negocio de la salud privada en Chile a través de un salvavidas veraniego para favorecer a empresas privadas que durante décadas han incumplido las leyes para enriquecimiento particular a costa de los derechos sociales de las personas. Otro abuso más de un modelo que sigue vigente en la Constitución que se mantiene vigente luego del resultado del plebiscito del pasado domingo, en un país que aún deberá seguir esperando por los cambios sociales demandados por millones de chilenos y chilenas.

Columna de Opinión

EDITORIAL: Nada que celebrar

Finalmente y tras meses de trabajo, ayer domingo se desarrolló el plebiscito para que la ciudadanía se pronunciara a favor o en contra de la propuesta constitucional marcada por un tinte ideológico neoliberal que asegura el modelo económico imperante. El resultado 56% para el “En contra” y 44% para la opción “A favor”. Un resultado que significa la mantención del texto actualmente vigente, la Constitución del ’80, con sus pilares sobre los que se sostiene el modelo económico actual a pesar de los retoques hechos, pero que no tocan las bases del sistema, como es la mantención de un Estado subsidiario en vez de uno democrático y social de derechos, así como también la lógica de mercado en materias de seguridad social como son salud, trabajo y pensiones, entre otras. Es decir, y luego de 4 años de iniciado este recorrido con el plebiscito en el cual el 80% de la ciudadanía demandó y mandató una nueva Constitución (sin la participación de partidos políticos), finalmente volvemos a fojas cero, al punto de partida, sin haber logrado avanzar, sino sólo manteniendo lo existente.

¿Es eso suficiente para considerarlo un triunfo? Ciertamente, la aprobación de la propuesta hubiese representado un retroceso brutal en diversas materias de derechos sociales, gracias a lo que hubiese sido la imposición ideológica de un sector sobre el resto. Una derrota no sólo política, sino cultural. En ese sentido, más que alegría la sensación que prevalece es la de alivio, porque si bien es cierto no ganamos nada, tampoco lo perdimos todo. Se logró mantener un piso mínimo, el actual, para lo que deberán ser nuestras luchas futuras. Porque más allá de que todos los actores y sectores políticos, comenzando con el gobierno, coincidan en señalar que no habrá un tercer proceso en lo inmediato, producto del desgate ciudadano y de la priorización de otras materias que se deben abordar, lo cierto es que no parece sostenible pretender la mantención indefinida de la Constitución actual, que permanece casi como una herencia maldita de una dictadura cuyas consecuencias no hemos podido superar como país.

Lograr cambios de fondo para conseguir mayores niveles de justicia social ha sido siempre una tarea enorme, puesto que se deben enfrentar fuerzas muy poderosas a todo nivel, que son las que manejan y controlan la situación a su favor y en beneficio propio a costa de millones de chilenas y chilenos. Conseguir avances puede significar años, décadas, de lucha, siempre con el riesgo de retroceder en estas conquistas. Por ello, este resultado puede ser visto como el “triunfo del mal menor” sobre la amenaza que representaba la otra opción. Sin embargo, cabe preguntarse si esto es motivo de celebración. Si seguir siendo durante años, décadas, un país en el que las trasformaciones sociales se dan “en la medida de lo posible”, da para triunfalismos, casi acostumbrados y acostumbradas ya a que no perder más de lo ya perdido sea prácticamente sinónimo de victoria.

Como CONFEDEPRUS sabemos que el único camino es perseverar en aquellas luchas que finalmente puedan permitir que nuestro país, el país del 80% que se atiende en la Salud Pública, finalmente sea un país más justo, más solidario, menos individualista y egoísta, en donde aquellos y aquellas que tienen sus necesidades básicas cubiertas en términos económicos entiendan que esos son derechos universales para todos y todas, más allá de su capacidad de acceso monetario, y que garantizarlos es indispensable para un mejor país. La salud de toda la población es fundamental para el desarrollo y prosperidad de un país, quizá cuando esto se entienda podremos avanzar en equidad, en una sola salud para todos y todas y no sólo para algunos y algunas.

Mientras eso no suceda, no hay nada que celebrar.