Categoría Columna de Opinión

La reciente definición, en las pasadas primarias oficialistas, de la candidatura que competirá en la presidenciales de noviembre contra los postulantes de derecha, configura un escenario que plantea opciones radicalmente distintas y opuestas respecto de sus propuestas ante diversos temas relacionados con derechos sociales que como CONFEDEPRUS hemos defendido siempre, más allá de los gobiernos de turno. Derechos que inciden directamente en la salud y calidad de vida del 80 % de la población que se atiende en el sistema público, como son poder tener una Salud fortalecida, con recursos suficientes para poder dar condiciones de trabajo decentes a quienes se desempeñan diariamente para el cuidado de millones de chilenos y chilenas, así como también impulsar políticas tendientes a generar determinantes sociales que mejoren la calidad de vida y vayan en beneficio de la salud y, por ende, productividad de las personas.

Desde el estallido social de 2019, las demandas sociales de la población están pendientes, no habiendo encontrado respuesta ni menos solución ninguna de ellas. Pensiones, educación, vivienda, salud y, en general, diversos temas relacionados con seguridad social, no han encontrado eco en las autoridades y siguen siendo preocupaciones de la ciudadanía, más allá de la delincuencia y la seguridad pública, que si bien es cierto han marcado la agenda, no son los únicos dentro de las necesidades de la población. Temas sensibles y pendientes por los que como gremio hemos luchado desde nuestros comienzos y que refrendamos en nuestra definición política durante los pasados procesos constituyentes, en los cuales apoyamos principios como tener un estado garante de derechos en materias de seguridad social, además de otros relacionados con la Salud Pública en términos de derechos laborales y condiciones de trabajo decente para poder garantizar el derecho humano de la población a una atención digna, oportuna y de calidad. Demandas ciudadanas pendientes que, junto con otras, hasta ahora no han sido atendidas y que se ven amenazadas ante la posibilidad del triunfo en noviembre de sectores no sólo conservadores, sino regresivos en derechos sociales, desde los cuales ya se han escuchado ideas como recortar el gasto y reducir el empleo público, entre otras tendientes a debilitar el rol del Estado.

Desde CONFEDEPRUS siempre hemos dado nuestras luchas movilizados y movilizadas por los principios de la justicia social, ampliar derechos y garantizar condiciones de vida justas para las familias trabajadoras, articulándonos en torno a estos principios básicos con otros actores sociales para apoyar e impulsar iniciativas que vayan en esa dirección, en un país marcado por desigualdades estructurales que necesita avanzar hacia un Estado que garantice derechos y mejore la vida cotidiana de las personas, teniendo un rol distinto, fortalecido, que sea capaz de diseñar e impulsar políticas públicas en beneficio de la población para cubrir necesidades sin que ello deba depender del bolsillo, entregando de esta forma soluciones que el mercado, dado su rol lucrativo, no social y, por ende, excluyente, no otorga. Aspectos como un aumento sostenido al presupuesto de salud pública, el fortalecimiento de la atención primaria en salud, clave para descongestionar el sistema, una estrategia integral para reducir en las listas de espera, una reforma al sistema de salud para avanzar hacia un modelo universal, ampliación en la formación de los especialistas, junto con otros puntos en el ámbito por ejemplo de los cuidados mediante el avance en la implementación de sala cuna universal con gratuidad para todas las madres, facilitando las labores de cuidado y el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo formal, además de cuidados también para adultos mayores a cargo de familiares, en el contexto de una población cada día más longeva, son sólo algunos de los temas que como sociedad debemos enfrentar y hacernos cargo a través de políticas públicas realistas y que atiendan a las necesidades de la población.

Entre los días 2 al 13 de junio se llevó a cabo en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, la 113° Conferencia Internacional del Trabajo llevada a cabo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), espacio en el cual como CONFEDEPRUS estuvimos presentes junto a delegados y delegadas representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 Estados miembros de la OIT, para abordar una amplia gama de temas de importancia para el mundo del trabajo, como nuevas normas internacionales sobre la protección de los trabajadores contra los peligros biológicos en el entorno de trabajo, el trabajo decente en la economía de plataformas y enfoques innovadores para promover transiciones de la economía informal a la formal.

Durante el transcurso de esta conferencia, se abordaron temas relevantes para el mundo del trabajo, como son la protección frente a los peligros biológicos en el entorno laboral -cuyo producto final fue la elaboración del convenio 192 y la recomendación 209-, el tema del trabajo decente en la economía de plataformas, la informalidad y la transición a la formalidad, la aplicación de formas y la comisión de cuestiones financieras, todos puntos producto un trabajo previo realizado tanto por la OIT como por distintos espacios institucionales a nivel nacional, como el Consejo Superior Laboral donde nos representa la CUT, cuyo presidente, José Manuel Díaz, realizó una intervención como máximo representante del mundo de los trabajadores y las trabajadoras de Chile, relevando la agenda que ha tenido la central durante los últimos años junto con los desafíos y también acciones futuras, como la aplicación del convenio 155 respecto de salud y seguridad en el trabajo, lo que abre paso a poder realizar modificaciones legislativas para poder implementarlo plenamente de manera de contribuir a mejorar las condiciones laborales de todos y todas, especialmente en zonas donde hay una afectación de la salud física y psíquica de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Lo anterior, junto con la entrega de la memoria del Convenio 190 y su implementación en Chile, dejando en claro que, si bien la Ley Karin es un avance, hay aspectos aún pendientes en su implementación dentro del concepto general de trabajo decente.

¿De qué hablamos cuando decimos “condiciones de trabajo decente”, especialmente en el ámbito de la Salud Pública? Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas, facilitando el progreso social y fortaleciendo a las comunidades. Concepto que tiene que ver con lo que debería ser un buen trabajo o un empleo digno, con un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, sin brechas que condicionen la oportunidad de ascender en el trabajo, en los cuales el respeto a los derechos de las personas en general -y de las mujeres en particular- sea fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Por ello, como CONFEDEPRUS creemos no sólo necesario, sino impostergable, seguir avanzando en estas materias, considerando lo relevante que resulta la implementación efectiva de estas normativas dentro del sistema de Salud, cuya base y sustento son sus trabajadores y trabajadoras, quienes no pueden seguir en lista de espera para mejorar sus condiciones laborales, lo cual depende además de mayores recursos para poder cumplir de manera adecuada su trabajo con el 80 % de los usuarios y usuarias que se atienden en la red asistencial.

La semana pasada, nuestro gremio llevó a cabo la primera asamblea del nuevo Directorio Nacional, en la que se abordó el estado de avance de las negociaciones sostenidas con el gobierno en relación a Carrera Funcionaria, tema en el cual como CONFEDEPRUS hemos venido solicitando una implementación que garantice a los trabajadores y las trabajadoras de la Salud el ingreso a la planta de funcionarios públicos, buscando asegurar el acceso a cargos a través de un proceso transparente y competitivo que permita la promoción a cargos de mayor jerarquía, de manera tal que los funcionarios y las funcionarias puedan avanzar en su trayectoria profesional accediendo a cargos de mayor jerarquía y responsabilidad, así como asegurar la estabilidad en el empleo protegiendo a los trabajadores y trabajadoras de la arbitrariedad en los procesos de contratación y despido y la evaluación objetiva del desempeño de los funcionarios y las funcionarias considerando su capacitación, experiencia y logros, junto con una mejor retribución por el trabajo realizado a través de un sistema de remuneración que recompense la calidad y el desempeño.

Lo anterior, con el convencimiento que el impacto de la implementación de una Carrera Funcionaria bien definida puede generar mayor motivación e interés en los funcionarios, impulsando el compromiso con la institución y el desempeño de sus funciones, contribuyendo a mayor eficiencia en la administración pública al asegurar que los mejores profesionales ocupen los cargos de mayor responsabilidad, así como también mayor equidad e igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y trabajadoras en el acceso a la planta y la promoción a través de procesos transparentes.

Como dirigentes y dirigentas de la Salud Pública de Chile, conocemos de sobra que los procesos de negociación muchas veces están llenos de mesas cojas y que las reuniones se eternizan con más estancamientos y retrocesos que avances reales, como estrategias dilatorias que sólo demuestran la poca o nula voluntad política para cumplir los compromisos. Sabemos de ello, sin embargo nos extraña que un gobierno que se dice progresista, a favor de los derechos sociales, laborales y que se ha declarado feminista, no esté dispuesto a honrar su palabra con los trabajadores y en especial las trabajadoras de la Salud Pública, considerando que es un sector altamente feminizado, con más del 75 % de su dotación compuesta por mujeres. Equipos de trabajo que, poniendo en riesgo su salud física y mental, redoblaron esfuerzos para tratar de contener una pandemia que cobró la vida de decenas de miles de chilenos y chilenas, incluyendo las de varias trabajadoras y trabajadores que cuidaban, precisamente, las vidas de la población, debiendo hacer frente a la realidad de desmantelamiento y precarización que arrastra nuestro sistema público.

Por ello, las y los profesionales de la Salud Pública merecen que sus derechos en relación con sus condiciones laborales sean respetados, debiendo garantizárseles un desarrollo integral, activo y permanente que asegure una Carrera Funcionaria digna, con titularidad, estabilidad y propiedad en el empleo, porque el sistema público de Salud requiere que la promoción y ascenso de sus trabajadores y trabajadoras se haga de manera clara, para otorgar estabilidad funcionaria y la posibilidad de optimizar la situación laboral en virtud de los méritos y la antigüedad de cada trabajador o trabajadora, mejorando el funcionamiento de la red asistencial y, con ello también, la atención al 80 % e los usuarios y las usuarias que se atienden en el sistema público.

Hace unas semanas, un informe emanado desde Contraloría reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país pese a tener licencias médicas, situación que afecta a unas 788 entidades y que se estaría investigando también en Carabineros y FF.AA. para detectar viajes irregulares, licencias prolongadas y posibles casos de “doble empleador”, situación que en los días siguientes incluyó a 14 ministerios, 24 subsecretarías, 16 gobiernos regionales, cientos de municipalidades y docenas de hospitales, entre otros. Según el informe, estas licencias se concentraron entre septiembre y diciembre y duraron en promedio 17,7 días.

Como CONFEDEPRUS, defensores permanentes del Estado y la función pública, rechazamos categóricamente este tipo de prácticas que atentan gravemente contra la probidad y el servicio a la comunidad, perjudicando junto con ello la credibilidad del empleo público y de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el Estado. Junto con ello, al mismo tiempo rechazamos también el aprovechamiento político y los discursos de desprestigio de la función pública de algunos sectores en época electoral, mismos que promueven ideas para debilitar el Estado en beneficio del sector privado y que ven en este caso una oportunidad para generalizar este tipo de situaciones, sin considerar que según la última encuesta del INE, realizada en el trimestre febrero-abril de 2024, el número de funcionarias y funcionarios públicos en Chile es de 1.214.315 personas, correspondiendo esos 25 mil trabajadores/as con licencias médicas al 3 % de la dotación total.

Por otro lado, nuestro gremio ha expresado permanentemente su compromiso por abordar las materias vinculadas al ausentismo en el sector público, tanto por los efectos que tiene y la sobrecarga que genera en los/as trabajadores/as que deben continuar asumiendo cada una de las tareas de nuestras instituciones con dotaciones reducidas, afectando la atención a la ciudadanía, por lo que instalar este debate en la opinión pública a través del desprestigio de la función pública y la labor de los funcionarios y funcionarias de la Salud Púbica que cumplen sus obligaciones con compromiso y muchas veces en plena precariedad resulta injusto y dañino. Es por ello que, junto con la necesidad de fortalecer la persecución de los emisores de licencias fraudulentas, creemos que es importante establecer una clara distinción entre las y los funcionarios que utilizan este derecho como una herramienta legítima de protección laboral y quienes incurren en fraudes, considerando que los niveles de ausentismo en el sector Salud están directamente relacionados con la ausencia de un Estado que pueda garantizar políticas públicas para enfrentar las condiciones de precariedad que deben enfrentar sus trabajadores y trabajadoras.

Frente al anuncio del Ministro Marcel sobre la creación de comités de ausentismo como medida para enfrentar el uso indebido de licencias médicas, queremos expresar nuestra preocupación ya que esta medida, lejos de ser una novedad, ya ha sido implementada desde hace años en el sector Salud, con participación activa de gremios y autoridades. Sin embargo, su impacto ha sido limitado: no han logrado reducir significativamente el ausentismo ni mejorar las condiciones de salud de quienes trabajamos en este sector. Nos parece insuficiente y reduccionista seguir abordando el problema desde una lógica de control y sospecha, sin hacerse cargo de los factores estructurales que afectan la salud física y mental de las y los trabajadores, especialmente en áreas tan demandantes como la Salud Pública.

Hace unos días, un ataque armado contra funcionarios de un Cesfam de Ercilla dejó a un trabajador de la Salud Pública herido a bala, situación que no es nueva y que da cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes se desempeñan en la red asistencial, que son los y las que sostienen el sistema, cumpliendo un rol social fundamental al cuidar la salud y la vida del 80 % de la población que se atiende en él. Una labor fundamental para la vida de millones de chilenos y chilenas pero que, sin embargo, no cuenta con el cuidado de un estado subsidiario que no garantiza derechos humanos fundamentales como el trabajo decente o la salud de la población, entre varios más. Esto, sin considerar que el cuidado de la salud de las personas para que estudien y trabajen es un aporte al crecimiento económico y el desarrollo del país, por lo cual debiese ser un tema prioritario para autoridades que, sin embargo, lo han relegado.

“Atentar contra cualquier persona es condenable. Hacerlo además contra quienes cuidan a nuestra población es miserable. No hay ninguna justificación”, señaló el presidente Boric sobre este ataque. Palabras que, más allá de lo políticamente correcto, no se condicen con una realidad en la cual los trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública han sido dejados de lado por decisiones que sistemáticamente han precarizado un sistema desmantelado durante décadas en beneficio del negocio de la salud privada, como quedó en evidencia luego del salvavidas entregado por el gobierno en beneficio de las isapres. Falta de recursos, recortes y anuncios de disminución del gasto público son señales claras al respecto, evidenciando con los hechos que las prioridades están puestas en el cuidado y preservación del modelo económico más que en el cuidado de la salud y vida de la población. De hecho y a pesar de lo relevante de su labor, el sector Salud presenta el segundo peor nivel de cumplimiento de compromisos presidenciales, según un estudio de Ciudadanía Inteligente. Una realidad que contrasta violentamente con la reciente encuesta CEP, que señala que es precisamente la Salud la segunda preocupación de los chilenos y chilenas, como demandas sociales que siguen vigentes y en espera de soluciones.

Como CONFEDEPRUS hemos señalado reiteradamente que los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública deben volver a estar en la agenda del gobierno para avanzar hacia garantías de trabajo decente para todos y todas, pues es corresponsabilidad del Estado el cuidado de quienes cuidan la Salud de la población. La atención primaria de Salud es la primera línea del sistema público y ha sido abandonada, dejando a los funcionarios y funcionarias enfrentados a amenazas y agresiones debido a condiciones laborales precarias, mientras el Estado y los gobiernos incumplen compromisos en materia de seguridad y financiamiento para el equipo de Salud respecto de avanzar en condiciones de trabajo decente, como Carrera Funcionaria e incentivo al retiro permanente, que son demandas históricas y reivindicaciones urgentes para los trabajadores y trabajadoras de la Salud. Por ello, es necesario que el gobierno cumpla sus compromisos y dé un respaldo desde la perspectiva de seguridad y de mayores recursos para tener una salud que sea digna y oportuna, ya que teniendo bien a los funcionarios va a haber una mejor respuesta de salud, con los insumos necesarios para entregar una mejor respuesta y atención a la comunidad. Porque no entregar recursos a la Salud Pública también es atentar contra la población.

Ayer jueves 1° de mayo se conmemoró un nuevo Día Internacional de los trabajadores y las trabajadoras, ocasión en la que nuevamente como CONFEDEPRUS estuvimos presente en las calles junto con otras fuerzas sociales agrupadas en la CUT para expresar nuestras legítimas demandas y la exigencia de que se cumplan los compromisos suscritos por la autoridad con la clase trabajadora, especialmente con quienes nos desempeñamos en el ámbito de la Salid Pública de Chile donde se atiende el 80 % de la población.

Esto, dentro de un escenario social, político y fiscal complejo y adverso, en el cual Hacienda ya ha señalado un déficit para este año, con menores ingresos que obligarían a ajustar gastos por debajo de lo requerido, lo que afectaría las pretensiones del mundo sindical y del trabajo en relación con un salario mínimo digno y acorde con el actual costo de la vida. Visión que es compartida por el sector empresarial, la CPC, reticente a alcanzar un incremento del 12% este año, pasando de los actuales $510.536 a $578.948, para luego seguir una trayectoria escalonada hasta el 2030, argumentando limitaciones que no harían posible dicha medida, como la falta de consenso político que “obligaron” al Ejecutivo a suspender el proyecto de reforma al impuesto a la renta de manera indefinida, una de sus principales promesas de campaña.

Lo cierto es que este recorte fiscal por más de US$1.000 millones respecto del último presupuesto ejecutado afecta sustancialmente al gasto público en diversas materias, siendo la Salud uno de los sectores más afectados, dentro de un contexto de crisis hospitalaria que ya de por sí es insostenible, con diversas situaciones en la mayoría de los hospitales del país que perjudican directamente a gran parte de la población usuaria del sistema público. Junto con lo anterior, resulta imperativo también alzar la voz hoy y siempre por el respeto de los derechos sindicales, la libertad sindical y que las y los dirigentes/a puedan ejercer su rol de contraparte con la autoridad sin sufrir menoscabo de ningún tipo, para poder representar a nuestros asociados y asociadas. Los compromisos incumplidos son deudas pendientes del Estado con la clase trabajadora y tienen impacto no sólo en las condiciones laborales del equipo de trabajo, sino en la salud y la vida de millones de chilenos y chilenas.

Por ello, este 1° de mayo exigimos una mayor inversión en Salud, que pueda dar de una vez por todas respuestas a la población y dignifique el trabajo de todos y todas quienes trabajamos en el sistema público, cumpliendo aquellos compromisos como son Carrera Funcionaria, nueva Ley de Encasillamiento y asignaciones pendientes, además de otros proyectos relevantes como es el Decreto con Fuerza de Ley N° 31 de Cenabast y el fin de la violencia laboral que viven muchos funcionarios y funcionarias en sus lugares de trabajo, con formas de  maltrato como son el acoso laboral y sexual, prácticas que no han podido ser erradicados del servicio público y que en salud son frecuentes, además de mayores recursos para la Salud Pública de Chile, no en términos de gasto sino entendiendo que se trata de una inversión social y económica, ya que una población sana es una población productiva.

La próxima semana, específicamente los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30, se llevarán a cabo las elecciones internas de nuestro gremio para renovar su Directorio Nacional y, junto con ello, nuestro compromiso con las luchas sindicales y sociales por mejores condiciones laborales y Derechos Humanos fundamentales para la población, como es el derecho a la Salud, dentro de un sistema de seguridad social que termine con las desigualdades, equitativo y sin discriminación. Propósitos que nos inspiraron para la formación de esta organización en la que el debate de las ideas es básico para llegar a consensos, respetando a las minorías y fomentando el diálogo y la participación.

Desde nuestros inicios nos definimos como una organización sindical basada en principios democráticos y pluralistas, independiente de cualquier sector político y cualquier gobierno de turno, aspirando de esa forma a contribuir en la construcción de una sociedad justa y una Salud Pública que garantice este derecho humano de la población, como es el de la salud, el cual es fundamental e irrenunciable y que debe ser garantizado por la Constitución, así como la reivindicación de derechos y el respeto de las/os profesionales de la salud a sus condiciones laborales, las que deben garantizar un desarrollo integral, activo y permanente, asegurando una carrera funcionaria digna, con titularidad, estabilidad y propiedad en el empleo, rechazando al mismo tiempo toda práctica antisindical presente en el mundo del trabajo.

Los desafíos que se avecinan no son pocos ni sencillos de abordar, dentro de un escenario político que amenaza los avances conseguidos y en el cual nuestra capacidad de movilización debe ser factor fundamental para seguir con las tareas pendientes. Para ello, la capacidad de articulación, que debemos tener, tanto interna como con otros actores sociales es relevante para el fortalecimiento de estas batallas, considerando que nos enfrentamos a adversidades complejas. Por ello y para ello, es relevante la participación activa en este proceso eleccionario que se avecina la próxima semana como así también nuestra presencia en las calles, pues como lo hemos dicho tantas veces, CONFEDEPRUS la hacemos entre todos y todas, no sólo el Directorio Nacional de turno. Ese debe ser el compromiso que se hace necesario renovar y potenciar porque, más allá de los nombres, lo que jamás puede cambiar son las luchas que como gremio deberemos seguir dando.

Hace unos días se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional Ordinaria del año de CONFEDEPRUS, en la que uno de los desafíos se relaciona con nuestra capacidad de movilización y presencia en las calles, aspecto que resulta fundamental para la consecución de nuestros objetivos y luchas. Análisis que no es nuevo y que se ha repetido permanentemente en las distintas asambleas realizadas, siendo un aspecto aún pendiente y que debe ser optimizado, pues no basta con crecer en cantidad de socios, socias y redes sociales si ello no se ve reflejado en el espacio natural de nuestro accionar, como es la calle.

Lo cierto es que el complejo escenario actual exige que la movilización social marque presencia y sea protagonista en las calles, para que estas sean testigos de nuestra presencia y lucha, que son las únicas formas de transformarlas en victorias. Y eso depende no sólo de algunos o algunas, sino de todos y todas. Por ello y dentro de este contexto de promesas incumplidas y de campañas presidenciales para las elecciones de fines de 2025, como agentes de cambio debemos reactivar la movilización y protesta en términos de demandas sociales pendientes, especialmente en ámbitos de seguridad social, esto es, Salud, Pensiones, Vivienda y otras condiciones para una vida digna.

Sin duda que la tarea no es fácil, puesto que sabemos que son luchas desgastadoras que muchas veces no permiten avanzar como quisiéramos. Sin embargo, y por lo mismo, también son luchas irrenunciables, que deben ser abordadas con la misma convicción de siempre, por una salud pública digna, universal y de calidad, con derechos laborales para sus trabajadores/as en el marco de un país más democrático, justo, diverso y tolerante. Lograr cambios de fondo para conseguir mayores niveles de justicia social ha sido siempre una tarea enorme, puesto que se deben enfrentar fuerzas muy poderosas a todo nivel, que son las que manejan y controlan la situación a su favor y en beneficio propio a costa de millones de chilenas y chilenos. Conseguir avances puede significar años, décadas, de lucha, siempre con el riesgo de retroceder en estas conquistas.

Para ello, es imprescindible la articulación y el trabajo conjunto con otros gremios, tal como lo hemos venido haciendo como parte integrante de la MSP, ya que es en esta unidad en la que fortalecemos estas luchas. Del mismo modo, resulta también fundamental el avance de los temas pendientes en mesas de trabajo con el gobierno que den frutos y no reuniones estériles en las que se sigan estancando aquellas materias que son relevantes para el trabajo decente de nuestros y nuestras profesionales de la Salud, las que abarcan las condiciones laborales que son fundamental para el fortalecimiento de la Salud Pública y una buena atención a los millones de chilenas y chilenos que se atienden en ella.

Desafíos que nos impulsan a seguir creciendo y luchando por estos objetivos, que son los de todas y todos quienes demandamos la garantía de derechos sociales fundamentales y que, hasta ahora, aún siguen desprotegidos y a merced de un sistema que pretende seguir manteniéndolos como mercancías, sin un acceso universal a ellos, sino restringiéndolo solo a quienes puedan pagar por ellos.

Esta semana como CONFEDEPRUS llevamos a cabo la última Asamblea Nacional Ordinaria del actual directorio, espacio de encuentro, debate y acuerdos que son parte fundamental de nuestro quehacer sindical y democrático como gremio de trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública de Chile y que han marcado el carácter organizacional que nos caracteriza y distingue desde nuestros inicios.

En estos 2 años de gestión hemos logrado avanzar en reivindicaciones al ser parte de la Mesa del Sector Público de la CUT, lograr el incentivo al retiro permanente para nuestros trabajadores y trabajadoras, las modificaciones legislativas en materia de protección de derechos, el trabajo articulado con la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Fundación Sol, entre otros. Estos, logros que nos han permitido ir alcanzando algunas metas, pero que al mismo tiempo nos presentan desafíos para seguir conquistando las otras metas pendientes, que son objetivos de nuestra plataforma reivindicativa.

En esta línea, seguiremos adelante con nuestro compromiso para lograr materias tan anheladas como son el mejoramiento de la Carrera Funcionaria, un encasillamiento ahora y un nuevo modelo que nos permita facilitar las posibilidades de ascensos para nuestros trabajadores y trabajadoras, esperando también que se pueda concretar lo relacionado con el DFL 31, las 40 horas para nuestro sector y todo aquello vinculado al concepto de disponer de condiciones para el trabajo decente. Junto con lo anterior y dentro del ámbito presupuestario, será también parte de nuestras luchas el poder obtener los recursos necesarios para nuestros hospitales, que permita dar atención oportuna, digna y de calidad al 80% de la población.

Para ello y más allá de los directorios de turno, es importante seguir con las luchas que nos dan sentido como organización sindical, teniendo la capacidad como CONFEDERUS de seguir articulándonos con otros actores sociales para potenciarlas, dentro de un escenario siempre complejo que se ve aún mas amenazante ante la eventual llegada al poder de sectores conservadores y retrógrados en derechos sociales que representan una clara señal de advertencia no sólo para nuestras reivindicaciones sectoriales, sino también -y como consecuencia de aquello- para la mejora de las condiciones de vida de la población, que en su gran materia se atiende en el sistema público de Salud, de manera de tener un impacto positivo no solo para los y las trabajadores/as públicos/as, sino para el buen vivir de quienes habitan este territorio.

Durante las últimas semanas, el Hospital Van Buren de Valparaíso ha hecho noticia gracias a la sostenida situación de falta de recursos que ha debido soportar y que ha llevado a que proveedores suspendan el suministro de medicamentos e insumos, afectando la atención de cientos de pacientes. Una situación que se repite en diversos hospitales del país y que no es sino el reflejo de una crisis mayor, estructural y que no ha sido enfrentada con el sentido de responsabilidad ni urgencia por parte de diversas autoridades. El hecho, ya de por sí lamentable, motivó la revisión de los estados financieros por parte del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, dejando al descubierto serias irregularidades, como compras con trato directo a sociedades de médicos funcionarios del mismo hospital, contrataciones irregulares y pagos por servicios que, en la práctica, no se habrían realizado. También se descubrió que médicos que trabajan en el hospital habrían recibido pagos extra mediante empresas externas creadas recientemente, además de una deuda de más de $22 mil millones que motivo una querella por fraude y malversación de fondos públicos en contra de quienes resulten responsables.

La situación de precariedad en insumos, infraestructura y condiciones de trabajo decente para las y los profesionales de la Salud que se desempeñan en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso es sólo el reflejo de una situación mucho más amplia y generalizada a nivel país sobre el estado del sistema público. Un estado de profunda y sostenida precarización y desmantelamiento que como CONFEDEPRUS hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, sin que hasta ahora nuestras luchas y demandas hayan tenido acogida favorable, a pesar de compromisos y del hecho que la Salud siga siendo una de las principales demandas sociales no resueltas y que requieren de soluciones con sentido de urgencia.

Lo cierto es que las sociedades médicas y otras no son una práctica aislada, casos hay muchos, constituyéndose en un nicho de negocio ilícito carente de toda ética. Por ello, estás prácticas deben sancionarse con todo el rigor de la ley, pues destruyen aún más la Salud Pública. No puede ser que, además de la falta de recursos y deudas de arrastre que precarizan nuestros hospitales y la atención de millones de chilenos y chilenas, la Salud Pública de Chile además deba soportar este tipo de hechos que, lejos de ser situaciones aisladas, son prácticas sistemáticas que constituyen falta de probidad y presumible dolo o, al menos, graves negligencias como abandono de deberes funcionarios, ante lo cual como CONFEDEPRUS emplazamos a las instancias pertinentes a esclarecer eventuales responsabilidades penales, pues este tipo de conductas atentan no sólo contra la probidad, sino contra la salud y vida del 80 % de la población que se atiende en el sistema público.

El pasado jueves 20 el presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la promulgación de la reforma de pensiones, uno de los proyectos emblemáticos de su administración y que ha generado el beneplácito y la conformidad de gran parte del espectro político.  Una reforma que como CONFEDEPRUS vemos que no reforma nada, ya que se trata solamente de un ajuste financiero que beneficiará principalmente a las administradoras privadas de las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras de Chile, incrementando sus ya millonarias ganancias a costa de los escasos beneficios para los y las cotizantes, que en el caso principalmente de las mujeres deberán sortear diferentes requisitos para poder acceder a ellos, manteniéndose pensiones bajo el sueldo mínimo incluso bajo la línea de la pobreza. Por ello, mientras no exista una reforma que elimine el sistema de capitalización individual en Chile no habrá reforma real de nada, ya que la mantención de la lógica de la capitalización individual y su administración no mejorará las tasas de reemplazo para los pensionados y las pensionadas, debiendo el Estado mejorarlas a través de subsidios que no aseguran ser suficientes, menos para las pensiones futuras, ganando solo las AFP’s.

Pero más allá de los aspectos técnicos, cifras y porcentajes que se esgrimen en favor de esta reforma que consolida el actual modelo de pensiones, como gremio de trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública de Chile y en conjunto con otros gremios y fuerzas sociales nos oponemos a este maquillaje, que no altera en nada el fondo del problema, postergando la crisis previsional y fortaleciendo a las AFP’s, a pesar de las repetidas veces que la ciudadanía ha demandado terminar con un sistema que ha mostrado ser un absoluto fracaso después de más de 40 años de ejercicio y falsas promesas. Modelo que ha mantenido bajas pensiones, desigualdad, falta de solidaridad, altos costos de administración, riesgos de inversión, etc.

No queremos más cambios en la medida de lo posible, por lo que seguiremos en el requerimiento de cambios estructurales. No puede ser que el Estado salve el negocio privado de las isapres y las AFPs y no pueda hacerse cargo de lo público, de la seguridad social de la población. Por esto, exigimos se replantee la reflexión sobre el tema de forma integral y se encamine al país hacia un sistema basado en el Derecho fundamental de la Seguridad Social. Como CONFEDEPRUS creemos irresponsable la decisión de insistir en un sistema que muestra su incapacidad para pagar pensiones suficientes, por lo que no podemos más que rechazar este proyecto de ley y hacer el llamado a la marcha nacional de este 30 de marzo para que una vez más se escuche fuerte y claro lo que queremos la gran mayoría de los chilenos y las chilenas.