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EDITORIAL: La seguridad social es un derecho humano fundamental

El pasado miércoles 29 de enero y luego de más de dos años de discusión, el Congreso Nacional despachó a ley la “reforma previsional” presentada por el gobierno, el que destacó esta aprobación como “el avance más importante en materia previsional de las últimas décadas” y que contempla aumentos en las pensiones entre un 14% y un 35%, con foco especial en las mujeres, y quienes han cotizado por más años, beneficiando a más de 2 millones de personas. Un hecho que el gobierno saliente toma como un triunfo y que, junto con el pago de la deuda histórica a los profesores y profesoras, la jornada laboral de 40 horas y el aumento del salario mínimo sobre los $500.000 son enarbolados como avances sociales significativos a destacar, en un país donde poder avanzar un poco en recuperación de derechos arrebatados cuesta incluso décadas.

“Lo que hoy día estamos celebrando es poder darle respuesta a la ciudadanía”, expresó la autoridad, reconociendo que no se logró “todo lo que queríamos”, como era el fin de las AFP, pero que de todos modos esta reforma “resguarda la sostenibilidad fiscal”. Afirmaciones que resultan contradictorias al mismo tiempo que reveladoras, puesto que, si el propósito original del gobierno era terminar con el actual sistema de pensiones, lo que hizo finalmente es todo lo contrario, fue consolidarlo. Por otro lado, señalar que su mantención resguarda la sostenibilidad fiscal da claras muestras de que es una viga que difícilmente se tocará, manteniendo un modelo de pensiones que no está pensado para dar pensiones, sino sustentar un sistema financiero con los dineros de los trabajadores y trabajadoras, quienes esperan una retribución al momento de jubilarse, sin embargo reciben pensiones de miseria mientras las AFP’s acumulan millonarias utilidades y sin que los y las cotizantes puedan optar por otro sistema.

El gobierno no fue el único actor satisfecho con esta reforma, que le permitió subir en las encuestas. Chile Vamos también lo valoró, ya que, junto con poder mejorar la imagen de una parte de la derecha ante la opinión pública en época electoral, también fortalece el sistema que siempre este sector ha defendido. José Piñera, autor intelectual del mismo, expresó su felicidad luego de la aprobación de esta reforma, escribiendo en su cuenta de X “larga vida al sistema de capitalización individual”, sabiendo que este acuerdo político, que sube pensiones, además de hacerlo de manera insuficiente lo hace también a cambio de recibir más dinero para su fortalecimiento, dejando el debate casi en punto muerto. Así lo señaló el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, quien calificó la reciente aprobación de la reforma de pensiones como un avance significativo y aseguró que el debate sobre el fin del sistema de AFP llegó a su término. “El No+AFP se acabó. Esa discusión se acabó”, afirmó tajante el economista, destacando que el sistema de capitalización individual se “consolida” y seguirá siendo “la base para tener un sistema sostenible”.

Un sistema que fue diseñado para nutrir el mercado financiero y no para entregar seguridad social no puede seguir sosteniéndose en el tiempo, ha quedado demostrado con cifras objetivas e indesmentibles que la capitalización individual no sirve para entregar pensiones dignas con tasas de reemplazo de 2/3 del sueldo del trabajador/a. Urge, entonces, hacer una reforma que realmente modifique el sistema de pensiones, una reforma conducente a igualar un sistema de seguridad social como lo tienen la gran mayoría de los países del mundo, con una base amplia de solidaridad intergeneracional, con aportes del Estado y de los empleadores.

Como CONFEDEPRUS seguiremos en la lucha por lograr cambios realmente transformadores, la seguridad social es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado y como tal no puede estar supeditado al lucro. Por ello y junto con otras fuerzas sociales insistiremos movilizados en las calles en la demanda de poner fin al sistema de capitalización individual. Las y los trabajadores de Chile no podemos seguir siendo obligadas y obligados, por normativas vulneradoras de derechos creadas en dictadura y aún vigentes, a seguir sosteniendo un sistema que solo entrega beneficios a grupos de poder que se enriquecen a costa de la precarización de la población.

COMUNICADO PÚBLICO

Santiago, 31 enero 2025.

En relación con la reciente y definitiva aprobación de un proyecto de ley para reforma al Sistema Previsional de Chile por parte del Congreso Nacional, como CONFEDEPRUS expresamos lo siguiente:

 

  • Tal cual lo hemos expresado previamente, mientras no exista una reforma que elimine el sistema de capitalización individual en Chile, entonces: no existe reforma alguna. Por ende, lamentamos profundamente el proceso que llevo a aprobar el reciente acuerdo en el parlamento chileno.

 

  • Lo que se ha aprobado no es una reforma, es un ajuste financiero que dará réditos a quienes administran de manera privada el fondo de pensiones aportado en su mayor parte por los trabajadores en Chile, lo que se traduce en millones de dólares en ganancias para las AFP´s, cuestión que no se condice con los escasos beneficios para los cotizantes que además deberán sortear diferentes requisitos para poder acceder a ellos, principalmente las mujeres trabajadoras. Seguirán existiendo pensiones bajo el sueldo mínimo incluso bajo la línea de la pobreza.

 

  • Bajo la lógica de la capitalización individual y su administración las Tasas de Reemplazo no mejorarán para los pensionados y será el Estado, a través de subsidios, quien provocará las mejoras en las pensiones actuales sin asegurar que dichos mínimos beneficios cumplen con el principio de suficiencia, menos para las pensiones futuras. Por cuanto, en este proceso vuelven a ganar solo las AFP’s.

 

  • Más allá de los aspectos técnicos, cifras y porcentajes que se esgrimen en favor de esta reforma, que no reforma nada sino sólo consolida el actual modelo de pensiones, como gremio de trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública de Chile y en conjunto con otros gremios y fuerzas sociales nos oponemos a este maquillaje, que no altera en nada el fondo del problema, postergando la crisis previsional y fortaleciendo a las AFP’s, a pesar de las repetidas veces que la ciudadanía ha demandado terminar con un sistema que ha mostrado ser un absoluto fracaso después de más de 40 años de ejercicio y falsas promesas. Modelo que ha mantenido bajas pensiones, desigualdad, falta de solidaridad, altos costos de administración, riesgos de inversión, etc.

 

  • Como CONFEDEPRUS, que desde nuestros inicios venimos demandando la restitución de la Seguridad Social para Chile, creemos irresponsable la decisión de insistir en un sistema que muestra su incapacidad para pagar pensiones suficientes, por lo que no podemos más que rechazar este proyecto de ley e instamos a los congresistas y gobierno a asumir su responsabilidad por mantener un sistema que ha sido inoficioso en su rol en beneficio del pueblo chileno.

 

  • Seguiremos en el requerimiento de cambios estructurales. Exigimos se replantee la reflexión sobre el tema de forma integral y se encamine al país hacia un sistema basado en el Derecho fundamental de la Seguridad Social.

 

 ¡NO MÁS AFP!

 ¡¡¡Vamos por más!!!

“Habría sido interesante conocer el abordaje del Minsal para avanzar más rápido en los tiempos de espera y los incumplimientos en patologías GES”

  • Francisco Álvarez, vicepresidente de nuestro gremio, se refirió a interpelación en contra de la ministra de Salud Ximena Aguilera.

Durante el pasado miércoles 22 se llevó a cabo la interpelación a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, impulsada por la bancada de la Unión Demócrata Independiente ante la demora de las listas de espera y temas de probidad en distintos hospitales del país. Durante la jornada, la ministra de Salud defendió su gestión ante la Cámara, destacando los “avances para enfrentar los problemas de salud que afectan a la población chilena y particularmente al sistema público de salud y que se agravaron con la pandemia», según expresó, agregando que «al entrar a este Gobierno nos encontramos con un sistema de salud golpeado por la emergencia, con funcionarios agotados, con deudas de arrastre y sistemas de información desactualizados”.

La ministra calificó como «significativos” los avances en listas de espera, las que según la autoridad se han reducido en un 56% para las cirugías y en un 27% para las consultas nuevas de especialidad. “Hemos ahorrado más de un año de tiempo para realizarse una nueva cirugía y hemos ahorrado nueve meses el tiempo para realizar una consulta nueva de especialidad”, indicó. En cuanto a la probidad, la secretaria de Estado afirmó que «tenemos un sistema implementado de auditorías ministeriales que son preventivas y no sólo frente a denuncias, como ha hecho la Contraloría, con más de 200 auditorías que hemos realizado en el año. Nosotros tenemos mecanismos preventivos continuos, además de perseguir las responsabilidades cuando se encuentran irregularidades y, por supuesto, que estamos encima como supervigilancia de los establecimientos en ese rol que tenemos como Ministerio de Salud, que recordemos, la Atención de Salud está a cargo de los 29 servicios de salud que tienen directivos designados por alta dirección pública», agregó. Al ser consultada sobre cómo evalúa su gestión, Aguilera sostuvo que «como médico epidemiólogo que he dedicado mi vida al tema de los datos de la salud poblacional, le puedo decir que los resultados hablan por sí mismos, no es necesario hacer un juicio subjetivo de algo que es tan evidente en relación al aumento de la producción y la reducción de los tiempos de espera».

Al respecto Francisco Álvarez Rojas, vicepresidente de nuestro gremio, señaló que “como CONFEDEPRUS echamos de menos varios temas en la interpelación a la ministra, como un abordaje a aspectos como la infraestructura, al recurso humano para solucionar los retrasos no tan solo de las listas de espera en las patologías no GES, sino además de los estados de incumplimientos de las patologías GES. Mas bien, el discurso fue centrado en aspectos de gestión (como es solucionar los problemas de registros), que, si bien han mostrado avances, nos parece del todo insuficientes. Habría sido interesante conocer cuál será el abordaje del Minsal, para avanzar con un ritmo más rápido los tiempos de espera y los incumplimientos en patologías GES, en aspectos como una mejor gestión de los pabellones del sector público, inyección de recurso humano y todos aquellos aspectos que como gremio hemos denunciado que son las variables que afectan el buen desarrollo de la atención de nuestros usuarios. Otro punto relevante es que el ministerio aborde la crisis de las y los trabajadores, donde los índices de ausentismo están en sus niveles más altos, todo producto de un Síndrome de Bunout que aqueja a un gran número de funcionarios y este dado por las precarias condiciones laborales del sector.”

“Por otro lado, nos gustaría que la preocupación de la clase política no sólo sea interpelar a la ministra por un tema de estrategia o cálculo político, sino por una real preocupación por la Salud Pública de Chile y que esa preocupación se vea reflejada en la discusión de un política real que asegure este derecho social y humano tan importante como es la Salud, reflejándose esta preocupación en la discusión presupuestaria y en entregar los recursos para fortalecer la salud publica en vez de estar comprando los servicios al área privada”, finalizó Francisco Álvarez, vicepresidente de CONFEDEPRUS.

EDITORIAL: Ley Karin y aplicación del Convenio 190

“Son maltratadores, avisen, hagan sumarios”. Este fue el mensaje dejado por la funcionaria del Ministerio de Hacienda que el pasado miércoles 15 de este mes murió tras caer del piso 14 de esa repartición pública, acusando acoso laboral por parte de su jefatura, ante lo cual la Fiscalía de Género del Ministerio Público inició una investigación por el caso, descartándose la intervención de terceros en el caso. El acontecimiento viene a recordar el hecho que dio origen a esta ley, la 21.643, como fue el suicidio de la Tens Karin Salgado, funcionaria pública de la salud que trabajaba en el Hospital Herminda Martín de Chillán, quien se quitó la vida en el 2019 por el constante acoso laboral que sufría.

La llamada “ley Karin”, que entró en vigencia el 1 de agosto el año pasado, establece un marco legal claro para la prevención y sanción del acoso y la violencia en el entorno laboral en Chile, de manera de promover ambientes laborales saludables, de acuerdo con las obligaciones del Estado que ratifican los Convenios Internacionales, específicamente en relación al Convenio 190 sobre Violencia y Acoso en el Trabajo y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en aquello vinculado a los espacios de trabajo seguros y saludables, libres de violencia en el trabajo. De esta manera, una de las principales modificaciones introducidas por la Ley Karin en el Código del Trabajo y en la Ley de Bases de la Administración de Estado, son los principios que se incorporan al ordenamiento jurídico, indicando por un lado que las relaciones laborales deben fundarse siempre en un trato “libre de violencia”, y por otro, la incorporación de la “perspectiva de género”.

Las conductas que constituyen acoso, hostigamiento o maltrato laboral pueden darse por acción u omisión, yendo desde las más sutiles (comportamientos descorteses que entran en conflicto con los estándares de respeto mutuo, tonos de voz inapropiados, gestos físicos hostiles, por ejemplo) hasta otros más explícitos (gritos, insultos, golpes), por lo cual esta ley viene a poner un freno a conductas normalizadas en ambientes de trabajo en donde queda mucho por avanzar para cambiar la cultura organizacional, la que muchas veces tiene que ver con la forma de ser de las personas respecto del manejo de habilidades blandas que, de no cambiar, pueden perpetuarse y generar situaciones de hostilidad o violencia, necesarias de erradicar de los espacios de trabajo para evitar que lleguen a transgresiones más graves.

Por ello, como CONFEDEPRUS creemos que un ambiente de trabajo que reúne las características de ser saludable es aquel en el cual se han tomado todas las medidas para tener un nivel de convivencia armónico, incorporándolos como parte de la cultura organizacional con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar todo tipo de conductas constitutivas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, espacio en el que muchos trabajadores y trabajadoras sufren a diario abusos, los que como gremio hemos denunciado de manera permanente para obtener la protección necesaria ante este tipo de situaciones, las que ahora se pueden denunciar y lograr resultados gracias a la modificación hecha a la normativa, bastando que el hecho ocurra sólo una vez y teniendo, además, un fuerte énfasis en la prevención y mejora de los procesos, incorporando la perspectiva de género de manera trasversal, lo que es un gran avance. Por la equidad e igualdad en el trato Confedeprus siempre junto a las mujeres que mayoritariamente son víctimas de estas situaciones detestables.

Así también, como gremio de la Salud que vela por sus trabajadores y trabajadoras esperamos la aplicación del Convenio 190 con todos sus elementos, porque si bien incorpora el concepto de acompañamiento, no incluye la reparación, necesaria para el fortalecimiento de la institucionalidad, de manera de cautelar efectivamente nuestros derechos fundamentales como trabajadores y trabajadoras públicos/as del Estado de Chile.

EDITORIAL: Recorte presupuestario a la Salud y crisis hospitalaria

En noviembre pasado, y en el marco de la discusión presupuestaria 2025, el Congreso y la Dipres suscribieron un acuerdo en el que se estableció realizar una rebaja del gasto público durante los primeros días de enero por un total de 544 mil millones de pesos, con el objetivo de ordenar las finanzas públicas, a excepción de los hospitales dependientes de los Servicios de Salud, dado su rol estratégico. Sin embargo, hace unos días se informó de la rebaja presupuestaria establecida por Hacienda para diversas carteras, incluyendo la de Salud a pesar del acuerdo existente, cifrándose el monto en casi 16 mil millones de pesos. Ante esto, la Comisión de Salud del Senado acordó oficiar al Ministerio de Hacienda para conocer las razones de esta decisión, haciéndose presente también la necesidad de hacer una sesión especial donde se aborde dicho recorte, el que algunos parlamentarios han calificado como “un engaño”. Esta reducción presupuestaria para Salud, que alcanza casi los 16 mil millones de pesos, afectará principalmente a Fonasa (poco más de tres mil millones), además del Instituto de Salud Pública (ISP), la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Superintendencia de Salud.

Lo cierto es que esta actitud del gobierno no es nueva, se suma a los varios incumplimientos anteriores en materia de Salud Pública y cambios de prioridades que dan cuenta de que la salud y la vida del 85 % de la población parecen no ser temas relevantes para las autoridades, especialmente considerando la crisis hospitalaria que vive nuestro país y que como CONFEDEPRUS hemos vivenciado y denunciado también en diversas ocasiones, toda vez que cualquier tipo de recorte genera un grave problema en algunos Servicios de Salud al no poder contar con los fondos necesarios para funcionar. Crisis que se hizo más patente durante el tercer semestre del año recién pasado, evidenciando las dificultades que hace tiempo enfrentan los recintos hospitalarios del país causadas por un déficit financiero crónico, como las situaciones de los hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso o San Borja Arriarán, por nombrar sólo dos, debiendo cerrarse pabellones para priorizar cirugías de urgencia, suspendiéndose al día entre 20 y 30 intervenciones y sin recursos para comprar quimioterapias para pacientes, así como también filtraciones de aguas servidas y atención de pacientes en contenedores provisionales, entre otras situaciones. Esto, sin contar las millonarias deudas de arrastre, hechos que como gremio de la Salud Pública denunciamos junto con varios más.

El ministro Marcel ha expresado su preocupación por las cifras de ausentismo laboral en el Sector Público, en donde Salud presenta altos índices de licencias médicas. Según cifras de la Dipres, el ausentismo laboral en el sector público se ha incrementado luego de la pandemia, alcanzando actualmente un promedio de un mes al año por licencias médicas. En efecto, y de acuerdo con la información, en 2018 cada funcionario/a faltó en promedio 25,85 días por licencias médicas y otros permisos, mientras que en el 2022 la cifra aumentó a 35,37 días, siendo el Ministerio de Salud la cartera con más ausencias (42,92 días en promedio al 2022, 12 más que en 2018), seguida por el Ministerio de Educación con 39,01 días en 2022. Cifras que dan cuenta y evidencian la precarización de las condiciones laborales en las que deben desempeñarse los trabajadores y las trabajadoras, particularmente en Salud funcionaria, debido a la sobrecarga laboral a la que se vieron expuestos, el impacto en su salud física y mental. Cifras que son una alerta respecto al estado de vulneración de derechos fundamentales, como son la integridad física y psíquica de los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes sostiene el sistema, la atención y la vida de la población y que con este recorte se ve seriamente amenazada.

EDITORIAL: Urge reformar un sistema de AFP fracasado

En medio de la discusión por la mal llamada “reforma de pensiones”, que no reforma nada y que actualmente se encuentra en su fase final de tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado para llegar a un acuerdo dentro de este mes, desde el mundo social del cual somos parte como CONFEDEPRUS y en conjunto con otros actores sociales, como la Coordinadora No + AFP, tenemos y mantenemos el convencimiento de que este proyecto no viene a dar solución al problema de fondo, como son las bajas pensiones para los trabajadores y trabajadoras de Chile, sino que viene a darle una mano al modelo privado, al igual que pasó con las ISAPRES. Un sistema de previsión que no fue diseñado para Seguridad Social, sino para recolectar fondos desde los sueldos de millones de chilenos y chilenas mediante un sistema de ahorro forzoso ideado para inyectar dineros al sistema financiero y mercado de capitales, en el cual la única libertad de elección es poder decidir entre una u otra administradora, pero siempre dentro del mismo sistema de capitalización individual, que a lo largo del tiempo ha demostrado con números concretos su fracaso, especialmente para las mujeres.

De hecho, en los últimos 10 años, los resultados son concluyentes y desastrosos. A diciembre de 2020, el 50 % de los 982 mil jubilados y jubiladas que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $215 mil ($154 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensión autofinanciada menor a $300 mil, valor inferior en $26.500 del salario mínimo vigente al 31 de diciembre de 2020. Esta grave crisis previsional, se acentúa en el caso de las mujeres, ya que el 50 % de las 456 mil jubiladas por vejez, recibe una pensión menor a $160 mil ($141 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado) y la pensión mediana para quienes cotizaron entre 30 y 35 años, vale decir, casi toda una vida laboral llega a sólo $295 mil, incluyendo el APS.

Por otra parte, el 50% de las mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el mes de abril de 2024 pudieron autofinanciar una pensión de vejez menor a $345.420, equivalente a un 75,1% del salario mínimo, en tanto que en junio de 2023, el monto promedio de la pensión autofinanciada para las mujeres fue de $218.662, a diferencia de la de los hombres, que alcanzó los $356.851, dejando en evidencia que la brecha entre los montos de las pensiones de hombres y mujeres es significativa. Diferencia que la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha ayudado a disminuir, pero que sigue siendo alta en desmedro de las mujeres.

En síntesis, prácticamente el 80 % de las pensiones pagadas son menores al Salario Mínimo y sólo un 12,5 % alcanzó una pensión total superior a $503 mil, siendo la realidad de los nuevos pensionados es más crítica. El 50 % de las 102 mil personas que se pensionaron durante el año 2020, a través de su ahorro y la rentabilidad conseguida por las AFP, sólo lograron autofinanciar una pensión menor a $75 mil, y el 50 % de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años en su vida laboral, pudieron autofinanciar una pensión menor a $287 mil, monto que equivale a 88,1 % del Salario Mínimo a diciembre de 2020, siendo nuevamente el panorama para las mujeres más precario, ya que el 50 % de las 54.166 nuevas pensionadas, pudo autofinanciar una pensión menor a $36 mil y la mitad de las mujeres que cotizaron entre 30 y 35 años, lograron autofinanciar una pensión menor a $254 mil, monto que equivale a 77,8 % del Salario Mínimo a diciembre de 2020.

Dentro de este escenario y en su último año de gestión, el gobierno ha cedido posturas frente a una oposición que se ha empeñado en bloquear cualquier intento de cambio del modelo y sistema que defienden a brazo partido para poder seguir exprimiendo hasta el último peso del ahorro de los trabajadores y trabajadoras, para lo cual hemos visto que no han escatimado en gastos publicitarios para seguir engañando a la población y así sostener su millonario negocio. De esta manera, el gobierno incumplió su compromiso de terminar con las AFP, alineándose con los intereses del empresariado y, con ello, traicionando al pueblo, a la gente que creyendo en sus promesas votó por ellos, confiado en que una administración de corte ´progresista pudiera cambiar las cosas. Sin embargo, la desesperación por aprobar modificaciones al sistema, mostrar algún tipo de avance y con ello legitimarse ante su base social, lo llevó contradictoriamente a aceptar una reforma que termina por validar y fortalecer el sistema de las AFP.

Como CONFEDEPRUS creemos que se debe terminar con la lógica de la capitalización individual, los datos no mienten, urge reformar este sistema, resulta insostenible para que tanto sectores populares como de clase media, más del 90% de la población, puedan alcanzar una pensión digna. La única salida es avanzar hacia un sistema de reparto solidario y tripartito, en el cual el Estado aporte a su financiación a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas. Para ello, no basta con rechazar la reforma, debemos retomar el camino de la movilización, la organización y la huelga, únicas herramientas que podrán poner fin al saqueo de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Mantener esta relación no consensuada y abusiva representa una traición al pueblo, a sus demandas y necesidades, por lo que creemos que este proyecto claramente no es lo que el pueblo trabajador necesita, debiéndose promulgar en su reemplazo una verdadera Reforma de Pensiones, una Ley Corta destinada a mejorar ahora las pensiones de los sectores más afectados. No puede ser que los negocios del gran empresariado se financien con el ahorro forzado de las y los trabajadores, urge un modelo que garantice una verdadera seguridad social.

EDITORIAL: La movilización social debe marcar presencia este 2025

El año que inicia llega con varias noticias respecto de temas tanto de corte presupuestario para la nación como de reajuste para el sector público, además de otros como reforma de pensiones y, en general, diversos incumplimientos con los trabajadores y trabajadoras del país por parte de un gobierno que, a más de la mitad de su camino, cambió las prioridades comprometidas en su campaña y programa, dando la espalda a las fuerzas sociales que apoyaron de manera decisiva su llegada a La Moneda en 2022. Dentro de este contexto de promesas incumplidas y de campañas presidenciales para las elecciones de fines de 2025, el año que se avecina arrastra diversas deudas pendientes ante las cuales como agentes de cambio debemos reactivar en términos de demandas sociales pendientes, especialmente en ámbitos de seguridad social, esto es, Salud, Pensiones, Vivienda y otras condiciones para una vida digna.

Sin duda que dentro de este escenario la tarea no es fácil, puesto que sabemos que son luchas desgastadoras que muchas veces no permiten avanzar como quisiéramos. Sin embargo, y por lo mismo, también son luchas irrenunciables, que deben ser abordadas con la misma convicción de siempre, por una salud pública digna, universal y de calidad, con derechos laborales para sus trabajadores/as en el marco de un país más democrático, justo, diverso y tolerante. Lograr cambios de fondo para conseguir mayores niveles de justicia social ha sido siempre una tarea enorme, puesto que se deben enfrentar fuerzas muy poderosas a todo nivel, que son las que manejan y controlan la situación a su favor y en beneficio propio a costa de millones de chilenas y chilenos. Conseguir avances puede significar años, décadas, de lucha, siempre con el riesgo de retroceder en estas conquistas.

Para ello, es imprescindible la articulación y el trabajo conjunto con otros gremios, tal como lo hemos venido haciendo como parte integrante de la MSP, ya que es en esta unidad en la que fortalecemos estas luchas. Del mismo modo, resulta también fundamental el avance de los temas pendientes en mesas de trabajo con el gobierno que den frutos y no reuniones estériles en las que se sigan estancando aquellas materias que son relevantes para el trabajo decente de nuestros y nuestras profesionales de la Salud, las que abarcan las condiciones laborales que son fundamental para el fortalecimiento de la Salud Pública y una buena atención a los millones de chilenas y chilenos que se atienden en ella. Desafíos que nos impulsan a seguir creciendo y luchando por estos objetivos, que son los de todos y todas que demandamos la garantía de derechos sociales fundamentales y que, hasta ahora, aún siguen desprotegidos y a merced de un sistema que pretende seguir manteniéndolos como mercancías, sin un acceso universal a ellos, sino restringiéndolo solo a quienes puedan pagar por ellos.

Las próximas elecciones presidenciales se llevarán a cabo a fines del 2025, por lo que este año estará marcado por las campañas políticas en donde cada candidato deberá definir de manera clara posiciones frente a aquellos temas que siguen pendientes con la ciudadanía y que, más allá de la seguridad, también tienen que ver con seguridad social, con la situación critica en la que se encuentra la Salud Pública de Chile y que se ha expresado en los miles de personas fallecidas producto de las listas de espera, en la crisis hospitalaria que afecta a diversos recintos asistenciales en todo el país en donde se atienden millones de chilenos y chilenas, entre otros temas que como agentes de cambio debemos poner sobre la mesa marcar presencia en las calles para exigir que sean incorporados en las agendas de campaña.

EDITORIAL: Sobre la reforma de pensiones

La política institucional ha aprovechado la premura de los tiempos involucrados en el cierre del año 2024, para desarrollar y tomar decisiones sobre temas trascendentales que afectan directamente a la ciudadanía en Chile. Lamentable camino tomado principalmente por dos poderes del Estado como son el Ejecutivo y el Legislativo, ya que oportunistamente mientras el Pueblo en general está preocupado de otros temas, se avanza en cuestiones fundamentales sin reflexión profunda, sin despliegue de información en forma democrática. Uno de estos temas es lo que se ha denominado como una reforma al sistema de pensiones.

Un escenario bastante difícil de enfrentar ya que la situación de las pensiones es altamente dramática con una multiplicidad de miradas y soluciones, cuestiones que se han revisado por Ejecutivos anteriores con fracasos significativos y ahora es el turno del gobierno del presidente Boric.

Las visiones acerca de reformar el sistema de pensiones han estado en permanente discusión. Ante la existencia de posiciones liberales, aparentemente contrapuestas, finalmente se observa que se busca la mantención del sistema actual perfeccionándolo mediante la mayor participación del Estado en forma subsidiaria.

Pese al compromiso inicial del gobierno actual sobre cambiar totalmente el sistema de previsión de Chile hoy nos encontramos en el escenario oficial que tiene el fin de mantener el modelo de mercantilización de los Derechos sociales, por cuanto mantener la privatización del sistema de pensiones con fines de lucro.

Lamentablemente estas definiciones también están en manos de un Congreso con bajos niveles de aprobación por parte de la ciudadanía y que, en la actualidad, en general, no representan al Pueblo sino que representan a intereses netamente económicos.

Al respecto, cada discurso de políticos de distinta tendencia, con el fin de alcanzar acuerdo sobre este tema, debe ser revisado en su mérito ya que se observa en general que no se busca transitar hacia recuperar el Derecho Fundamental de la Seguridad Social en materia de pensiones, sino más bien a resguardar los intereses de los dueños del poder económico en Chile, yendo en dirección contraria a lo declamado por el Pueblo Chileno.

En este desarrollo está claramente establecido que la situación se ha llevado al punto crítico de la defensa de una ideología basada en el neoliberalismo y el resguardo del mercado de capitales, alejándose de los principios universales de la Seguridad Social.

Se insiste en que el mejoramiento pasa por fortalecer el negocio de las pensiones: ratificando y aumentando el desarrollo de la capitalización individual, generando algunos argumentos para su efecto final, entre otros, aumentar la edad de jubilación.

Es por ello que en la actualidad el Ministerio de Hacienda tiene mucho más que decir sobre el particular, más que el mismo Ministerio del Trabajo, ya que las decisiones afectan directamente sobre la economía del país.

El Pueblo chileno debe estar alerta, cumpliendo permanentemente con su rol fiscalizador sobre el quehacer y postura del gobierno y de los parlamentarios de distintos distritos, con el fin de conocer su intención de voto y su postura sobre lo que el Pueblo chileno exige.

La situación actual de la negociación política al respecto ha implicado cambios significativos en la propuesta original del gobierno, dejando muy satisfechos a los que ostentan el poder económico y alejándonos cada vez de un modelo basado en la Seguridad Social.

En la lógica de fortalecer el mercado de capitales, el gobierno terminó aceptando las combinaciones alambicadas propuestas por la derecha política y el poder económico, lo que de avanzar sería en realidad una verdadera derrota para las y los trabajadores.

Es necesario hacer un llamado al gobierno para que retire el proyecto y defienda su postura original, más, requiera de un cambio en cuanto a la entrega de la PGU llevándola a la condición de universalidad y que sea entregada a las mujeres desde su edad de retiro laboral.

También debe aclarar de frente a la ciudadanía sobre la situación de la propuesta de aumentar la cotización con cargo a los trabajadores de un 0,5% para ser aportados a un fondo solidario ya que, si no se cumple con la idea original de un 6% de cargo del empleador al mismo fondo, el aporte adicional de los trabajadores no se justificaría. Si no es así se interpretaría como mayores ganancias para las AFP’s.

Si el 6% con cargo al empleador se asigna a capitalización individual, no será ningún aporte a la mejora de las pensiones por parte de las AFP’s, ya que han demostrado en 43 años de ejercicio impuesto obligatoriamente, su fracaso en el logro de rentabilidad en el modelo. Un mayor aporte a las AFP’s no significará mejores pensiones, es cosa de observar la caída de las rentabilidades de los fondos y a sus negativas proyecciones. Por cuanto nuevamente será el Estado subsidiario el llamado a resolver la situación, Estado que ya no contará con el componente social que se proyectaba originalmente en la reforma. Mantener el modelo de cuentas individuales, es mantener la crisis social y financiera que asumirá el Estado, y específicamente nosotros.

Claramente es imperante una reforma de pensiones, avanzando hacia la recuperación del Derecho fundamental de la Seguridad Social, pero en dicha urgencia no podemos aceptar cualquier reforma. La urgencia de resolver la situación precaria de miles de chilenos y chilenas pensionados nos pone en jaque permanentemente. Y hoy es el caso, pero ello debe implicar medidas que cambien el modelo fracasado de las AFP’s por un modelo fundado en los principios de la Seguridad Social, si eso no se da debemos seguir luchando por cambiarlo de raíz, de lo contrario perpetuaremos un modelo basado solo en la ideología de la oposición a la regulación del mercado y a la mínima participación del Estado en la economía del país.

En el mediano plazo exigimos al gobierno avanzar en un proceso para una reforma mayor y estructural que nos permita lograr un sistema previsional para “jubilaciones”, prosperar hacia un sistema solidario con responsabilidad del Estado, y que determine la reinstauración de la Seguridad Social como un Derecho.

EDITORIAL: AFPs y trabajadores/as, una relación no consensuada y abusiva

En noviembre de 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó al país y al Congreso una propuesta de Reforma Previsional cuyo principal objetivo era hacer frente a las demandas sociales por mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, especialmente para reducir las brechas de género y asegurar condiciones más dignas para las mujeres. Esto, a pesar de la presión permanente de gran parte de la ciudadanía para acabar definitivamente con el sistema de AFPs, la que sin embargo ha sido desoída de manera permanente por distintas autoridades políticas que insisten en mantener el actual orden de cosas sobre el cual se sostiene toda esta estructura financiera que se ha levantado y construido en base al abuso y la expropiación de los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Un proyecto que busca aumentar los montos de las pensiones, pero que ha tenido en la distribución del 6% de cotización adicional el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo, debiendo ser despachado a Sala antes de que finalice el año 2024 con la expectativa de concluir el segundo trámite constitucional a más tardar en enero de 2025.

Dentro de lo que ha sido este largo proceso, el pasado domingo el presidente de RN y miembro de la comisión del Senado donde se negocia la reforma de pensiones, Rodrigo Galilea, señaló en el programa Mesa Central de canal 13 que se llegó a un acuerdo para que ese 6% vaya íntegro a capitalización, proponiendo fórmulas que resguardan muy bien el negocio de las AFP y traspasa a los usuarios, las usuarias y al Estado el costo de esta “reforma”, frente a esto los partidos del oficialismo han guardado silencio ante esta trampa instalada por el senador Galilea, en la que el 6 % irá íntegro a las cuentas individuales manejadas por las AFP, lo cual más allá de servir para mejorar las pensiones de millones de chilenos y chilenas, sólo fortalece, consolida y mantiene el sistema, tanto financiero como político, ya que ese 6% servirá para aumentar las pensiones a quienes se pensionen en 50 años más y, aun así, ese aumento será marginal ya que ni siquiera llegará a una tasa de reemplazo del 40%. Igualmente, la fórmula propuesta por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de mejorar la PGU y corregir las brechas de género, se haría a través de un préstamo de los propios ahorros que administran las AFP, potenciando el mercado de capitales y fortaleciendo las AFP a través de seguir entregando migajas a los pensionados y pensionadas.

Lo cierto es que, más allá de las definiciones técnicas, acá de lo que se trata, el problema de fondo, es de terminar con un sistema que no esta diseñado para entregar seguridad social, sino más bien recursos frescos para el mercado financiero.  El clamor de la ciudadanía consciente de la realidad  que ve las pensiones miserables que reciben nuestras y nuestros adultos mayores ya se expresaron en el año 2016 donde unas 750 mil personas marcharon  en todo Chile, cerca de 2 millones lo hicieron en 2017 y unas 3 millones de personas en 2019, aburridas de los abusos de un sistema cuyas groseras utilidades suben año tras año usando nuestros propios ahorros y a cambio éstos mismos ahorros suben apenas un 2,4% en promedio en nuestras cuentas individuales. Sin embargo, la masiva demanda social por terminar con el modelo de capitalización individual de las AFP, impuesto en dictadura y reemplazarlo por un verdadero sistema de Seguridad Social de reparto y solidario, ha sido junto con otras demandas, como la Salud, sistemáticamente desatendida a pesar de ser una de las más potentes y permanentes demandas de la ciudadanía.

Por ello, como CONFEDEPRUS creemos que las trabajadoras y los trabajadores debemos ser protagonistas de este debate para definir a través de una consulta en la que podamos decidir los destinos de nuestros fondos, toda vez que esta relación con las AFP no ha sido consensuada sino abusiva, con perjuicio directo en contra de millones de chilenos y chilenas que hemos dicho numerosas veces “No más AFP”, sin entender que «no» es no.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Santiago, 19 de diciembre 2024

En el marco del Día Nacional contra el Femicidio, instaurado en 2020 mediante Ley N.º 21.282 y que se conmemora hoy 19 de diciembre de cada año a raíz del brutal asesinato de Javiera Neira Oportus, de 6 años, por parte de su padre biológico en el contexto del femicidio frustrado de su madre, como CONFEDEPRUS expresamos una vez más nuestro compromiso con la lucha que como gremio hemos dado por los derechos humanos desde un enfoque amplio y con perspectiva de género, rechazando todo tipo de violencia contra las mujeres, dentro de la que el femicidio constituye el último peldaño en su más extrema expresión. La violencia de género se manifiesta además en múltiples dimensiones y espacios, tanto privados como de trabajo, lo que que se refleja como inequidad salarial, la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, los roles o estereotipos de género que limitan las oportunidades de desarrollo desde la niñez, entre otras más.

Dentro de este contexto de violencia estructural contra las mujeres, según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, a la fecha se registran 47 femicidios, por lo cual como gremio de la Salud Pública reiteramos la urgencia y relevancia del abordaje de esta problemática, desde la prevención, así como el abordaje y reparación de esta vulneración de derechos.

Cabe señalar que el Estado Chileno ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, el 8 de marzo del 2023, el cual busca no solo erradicar la violencia dentro de los espacios laborales, sino que también apunta hacia la violencia doméstica como una problemática social que impacta la salud de las personas y trasciende al mundo del trabajo, por lo cual es relevante que los empleadores adopten medidas para apoyar a las víctimas. Por ello, es muy relevante el fortalecimiento, compromiso presupuestario y voluntades de las autoridades para la correcta implementación de las Orientaciones Técnicas para el abordaje de la violencia de pareja o ex pareja en los distintos Servicios y establecimientos de salud de la red.

En esta línea, desde CONFEDEPRUS seguiremos visibilizando todas las dinámicas de violencia y trabajando colectivamente para erradicar la violencia de género en el mundo del trabajo, para avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia, en donde el femicidio no tenga más cabida.


DIRECTORIO NACIONAL

EDITORIAL: La Salud como derecho humano fundamental

El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha instaurada en 1948 para establecer por primera vez la protección y defensa en todo el mundo de los derechos humanos fundamentales que toda persona tiene, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, lo cual como CONFEDEPRUS hemos defendido siempre, siendo parte de nuestras luchas permanentes e irrenunciables ya que inciden directamente en el estado de salud de la perosna. En esta línea, el derecho a la Salud ha sido y es uno de los objetivos centrales de nuestras luchas como gremio, junto con los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que sostienen el sistema y la vida de la población, muchas veces exponiendo la salud y vida propias.
En este día, la ONU ha hecho el llamado a hacerse cargo del financiamiento de la Salud como una tarea prioritaria para que los pueblos puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo la Constitución ajustarse a sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos en toda su amplitud, ante lo cual los estados están obligados a hacerse cargo. De hecho, el artículo 25 de la Declaración Universal de DD.HH. establece que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar, incluyendo la asistencia médica, así como la OMS declara que la Salud es un derecho humano fundamental y se compromete a garantizar el más alto nivel de salud para todos.
Sabido es que las condiciones socioeconómicas y el acceso limitado a servicios básicos exponen a las personas a un mayor riesgo de enfermedad, dificultándose también el acceso a la atención médica por barreras financieras y geográficas. Por ello, expertos internacionales recomiendan transformar los sistemas de salud basándolos en la Atención Primaria de Salud (APS), un modelo centrado en las personas, las comunidades y enfocado en la salud, no en la enfermedad, abordando los determinantes sociales y ambientales que condicionan la salud, el bienestar y la equidad en salud de las personas y las comunidades mediante una acción intersectorial, junto con aumentar la inversión en salud hasta al menos el 6% del PIB e invertir el 30% de estos recursos en el primer nivel de atención, de modo de poder garantizar un acceso equitativo a los servicios. La salud y el bienestar son aspectos centrales de una vida plena y no deben considerarse un privilegio, sino la base sobre la que la sociedad crece y se desarrolla.
Por ello, cuidar al que cuida resulta fundamental para poder garantizarle a la población el derecho a una Salud digna, oportuna y de calidad, a través de condiciones de trabajo decente para quienes se desempeñan en el sistema público, quienes durante décadas han debido lidiar con todas las precariedades existentes en la Red Asistencial. Necesidades y demandas objetivas que no han sido respondidas de manera satisfactoria por sucesivos gobiernos y por las cuales nos hemos movilizado junto con otros gremios y la CUT, exigiéndole al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos. No hacerlo es fallarle no sólo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a millones de chilenos y chilenas que creyeron en las promesas de campaña del actual gobierno y que siguen esperando que su salud sea, finalmente, un derecho.

Margarita Araya: “Pudimos alcanzar condiciones laborales por las cuales veníamos luchando desde hace tiempo”

  • Presidenta de CONFEDEPRUS se refirió a aprobación de proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.


Durante la tarde de hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y particular el proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público, el que fue despachado a la Sala. En líneas gruesas, el proyecto incluye un reajuste general gradual de 4,9%: 3,0% en diciembre de 2024, 1,2% en enero 2025 y 0,64% en junio del mismo año; un reajuste de bonos de 4,2%; y un reajuste de 2% más para remuneraciones mínimas y bonos para rentas bajas -por encima del reajuste general-, quedando en 6,2% en enero y 6,9% en junio de 2025. Asimismo, se dispondrá la vigencia permanente de los bonos de navidad, fiestas patrias, escolaridad y vacaciones, asegurando su entrega anual oportuna evitando retrasos en los plazos de pago. Del mismo modo, se extenderá de forma indefinida la vigencia de las leyes de incentivo al retiro correspondientes a las organizaciones gremiales firmantes, estableciendo los cupos y reglas de aplicación durante la transición, así como las reglas de adjudicación para cupos no utilizados,

Al respecto la presidenta de CONFEDEPRUS, Margarita Araya, señaló que “si bien creemos que podríamos haber conseguido más en materia de reajuste, también celebramos el haber instalado un hito histórico de que la MSP inicie sus negociaciones con un reajuste basal del IPC y así avanzar hacia reajustes reales en el futuro. Así también, no podemos dejar de celebrar todas las otras condiciones laborales que pudimos alcanzar y por las cuales veníamos luchando desde hace tiempo, como incentivo al retiro permanente, 40 horas para el Sector Público y poder poner durante el primer semestre de este año el proyecto de ley de modificación del DFL 31 para nuestros y nuestras compañeros y compañeras de Cenabast, los cuales sin duda son elementos entre otros que tenemos que celebrar como organización”.

“Esperamos que prontamente pueda ser votada y así terminar el trámite legislativo para que sea finalmente una realidad para muchos y muchas trabajadores y trabajadoras de la Salud y de todo el Sector Público, por lo que llamamos a los parlamentarios y parlamentarias a poner el máximo esfuerzo en el Senado para sesionar incluso si es necesario de forma extraordinaria, de manera de dar pronta resolución al trámite que requiere este proyecto de ley. También nos llevamos el compromiso de hacer el seguimiento de aquellas materias que no lograron quedar instaladas, pero que se han comprometido de dar cuenta en la Comisión de Hacienda en la primera semana de enero, en donde por supuesto como CONFEDEPRUS estaremos atentos y atentas para avanzar en las garantías de nuestros compañeros y nuestras compañeras a honorarios del hospital Padre Hurtado, garantía de derechos maternales, entre otras materias pendientes”, agregó.

Cabe consignar por último que el proyecto, que fue despachado a Sala, será visto en el senado a más tardar la próxima semana, donde se espera su pronta aprobación.