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"Somos un Sindicato de profesionales de la salud, emancipado de cualquier poder político partidista, económico e ideológico. El objetivo de la página web es la entrega de información relevante para nuestros asociados a través de publicación de noticias, comunicados, declaraciones, estudios, leyes y documentos. De igual manera informar a la comunidad entera sobre nuestro quehacer".

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EDITORIAL: Urge reformar un sistema de AFP fracasado

En medio de la discusión por la mal llamada “reforma de pensiones”, que no reforma nada y que actualmente se encuentra en su fase final de tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado para llegar a un acuerdo dentro de este mes, desde el mundo social del cual somos parte como CONFEDEPRUS y en conjunto con otros actores sociales, como la Coordinadora No + AFP, tenemos y mantenemos el convencimiento de que este proyecto no viene a dar solución al problema de fondo, como son las bajas pensiones para los trabajadores y trabajadoras de Chile, sino que viene a darle una mano al modelo privado, al igual que pasó con las ISAPRES. Un sistema de previsión que no fue diseñado para Seguridad Social, sino para recolectar fondos desde los sueldos de millones de chilenos y chilenas mediante un sistema de ahorro forzoso ideado para inyectar dineros al sistema financiero y mercado de capitales, en el cual la única libertad de elección es poder decidir entre una u otra administradora, pero siempre dentro del mismo sistema de capitalización individual, que a lo largo del tiempo ha demostrado con números concretos su fracaso, especialmente para las mujeres.

De hecho, en los últimos 10 años, los resultados son concluyentes y desastrosos. A diciembre de 2020, el 50 % de los 982 mil jubilados y jubiladas que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $215 mil ($154 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensión autofinanciada menor a $300 mil, valor inferior en $26.500 del salario mínimo vigente al 31 de diciembre de 2020. Esta grave crisis previsional, se acentúa en el caso de las mujeres, ya que el 50 % de las 456 mil jubiladas por vejez, recibe una pensión menor a $160 mil ($141 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado) y la pensión mediana para quienes cotizaron entre 30 y 35 años, vale decir, casi toda una vida laboral llega a sólo $295 mil, incluyendo el APS.

Por otra parte, el 50% de las mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el mes de abril de 2024 pudieron autofinanciar una pensión de vejez menor a $345.420, equivalente a un 75,1% del salario mínimo, en tanto que en junio de 2023, el monto promedio de la pensión autofinanciada para las mujeres fue de $218.662, a diferencia de la de los hombres, que alcanzó los $356.851, dejando en evidencia que la brecha entre los montos de las pensiones de hombres y mujeres es significativa. Diferencia que la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha ayudado a disminuir, pero que sigue siendo alta en desmedro de las mujeres.

En síntesis, prácticamente el 80 % de las pensiones pagadas son menores al Salario Mínimo y sólo un 12,5 % alcanzó una pensión total superior a $503 mil, siendo la realidad de los nuevos pensionados es más crítica. El 50 % de las 102 mil personas que se pensionaron durante el año 2020, a través de su ahorro y la rentabilidad conseguida por las AFP, sólo lograron autofinanciar una pensión menor a $75 mil, y el 50 % de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años en su vida laboral, pudieron autofinanciar una pensión menor a $287 mil, monto que equivale a 88,1 % del Salario Mínimo a diciembre de 2020, siendo nuevamente el panorama para las mujeres más precario, ya que el 50 % de las 54.166 nuevas pensionadas, pudo autofinanciar una pensión menor a $36 mil y la mitad de las mujeres que cotizaron entre 30 y 35 años, lograron autofinanciar una pensión menor a $254 mil, monto que equivale a 77,8 % del Salario Mínimo a diciembre de 2020.

Dentro de este escenario y en su último año de gestión, el gobierno ha cedido posturas frente a una oposición que se ha empeñado en bloquear cualquier intento de cambio del modelo y sistema que defienden a brazo partido para poder seguir exprimiendo hasta el último peso del ahorro de los trabajadores y trabajadoras, para lo cual hemos visto que no han escatimado en gastos publicitarios para seguir engañando a la población y así sostener su millonario negocio. De esta manera, el gobierno incumplió su compromiso de terminar con las AFP, alineándose con los intereses del empresariado y, con ello, traicionando al pueblo, a la gente que creyendo en sus promesas votó por ellos, confiado en que una administración de corte ´progresista pudiera cambiar las cosas. Sin embargo, la desesperación por aprobar modificaciones al sistema, mostrar algún tipo de avance y con ello legitimarse ante su base social, lo llevó contradictoriamente a aceptar una reforma que termina por validar y fortalecer el sistema de las AFP.

Como CONFEDEPRUS creemos que se debe terminar con la lógica de la capitalización individual, los datos no mienten, urge reformar este sistema, resulta insostenible para que tanto sectores populares como de clase media, más del 90% de la población, puedan alcanzar una pensión digna. La única salida es avanzar hacia un sistema de reparto solidario y tripartito, en el cual el Estado aporte a su financiación a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas. Para ello, no basta con rechazar la reforma, debemos retomar el camino de la movilización, la organización y la huelga, únicas herramientas que podrán poner fin al saqueo de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Mantener esta relación no consensuada y abusiva representa una traición al pueblo, a sus demandas y necesidades, por lo que creemos que este proyecto claramente no es lo que el pueblo trabajador necesita, debiéndose promulgar en su reemplazo una verdadera Reforma de Pensiones, una Ley Corta destinada a mejorar ahora las pensiones de los sectores más afectados. No puede ser que los negocios del gran empresariado se financien con el ahorro forzado de las y los trabajadores, urge un modelo que garantice una verdadera seguridad social.

EDITORIAL: La movilización social debe marcar presencia este 2025

El año que inicia llega con varias noticias respecto de temas tanto de corte presupuestario para la nación como de reajuste para el sector público, además de otros como reforma de pensiones y, en general, diversos incumplimientos con los trabajadores y trabajadoras del país por parte de un gobierno que, a más de la mitad de su camino, cambió las prioridades comprometidas en su campaña y programa, dando la espalda a las fuerzas sociales que apoyaron de manera decisiva su llegada a La Moneda en 2022. Dentro de este contexto de promesas incumplidas y de campañas presidenciales para las elecciones de fines de 2025, el año que se avecina arrastra diversas deudas pendientes ante las cuales como agentes de cambio debemos reactivar en términos de demandas sociales pendientes, especialmente en ámbitos de seguridad social, esto es, Salud, Pensiones, Vivienda y otras condiciones para una vida digna.

Sin duda que dentro de este escenario la tarea no es fácil, puesto que sabemos que son luchas desgastadoras que muchas veces no permiten avanzar como quisiéramos. Sin embargo, y por lo mismo, también son luchas irrenunciables, que deben ser abordadas con la misma convicción de siempre, por una salud pública digna, universal y de calidad, con derechos laborales para sus trabajadores/as en el marco de un país más democrático, justo, diverso y tolerante. Lograr cambios de fondo para conseguir mayores niveles de justicia social ha sido siempre una tarea enorme, puesto que se deben enfrentar fuerzas muy poderosas a todo nivel, que son las que manejan y controlan la situación a su favor y en beneficio propio a costa de millones de chilenas y chilenos. Conseguir avances puede significar años, décadas, de lucha, siempre con el riesgo de retroceder en estas conquistas.

Para ello, es imprescindible la articulación y el trabajo conjunto con otros gremios, tal como lo hemos venido haciendo como parte integrante de la MSP, ya que es en esta unidad en la que fortalecemos estas luchas. Del mismo modo, resulta también fundamental el avance de los temas pendientes en mesas de trabajo con el gobierno que den frutos y no reuniones estériles en las que se sigan estancando aquellas materias que son relevantes para el trabajo decente de nuestros y nuestras profesionales de la Salud, las que abarcan las condiciones laborales que son fundamental para el fortalecimiento de la Salud Pública y una buena atención a los millones de chilenas y chilenos que se atienden en ella. Desafíos que nos impulsan a seguir creciendo y luchando por estos objetivos, que son los de todos y todas que demandamos la garantía de derechos sociales fundamentales y que, hasta ahora, aún siguen desprotegidos y a merced de un sistema que pretende seguir manteniéndolos como mercancías, sin un acceso universal a ellos, sino restringiéndolo solo a quienes puedan pagar por ellos.

Las próximas elecciones presidenciales se llevarán a cabo a fines del 2025, por lo que este año estará marcado por las campañas políticas en donde cada candidato deberá definir de manera clara posiciones frente a aquellos temas que siguen pendientes con la ciudadanía y que, más allá de la seguridad, también tienen que ver con seguridad social, con la situación critica en la que se encuentra la Salud Pública de Chile y que se ha expresado en los miles de personas fallecidas producto de las listas de espera, en la crisis hospitalaria que afecta a diversos recintos asistenciales en todo el país en donde se atienden millones de chilenos y chilenas, entre otros temas que como agentes de cambio debemos poner sobre la mesa marcar presencia en las calles para exigir que sean incorporados en las agendas de campaña.

EDITORIAL: Sobre la reforma de pensiones

La política institucional ha aprovechado la premura de los tiempos involucrados en el cierre del año 2024, para desarrollar y tomar decisiones sobre temas trascendentales que afectan directamente a la ciudadanía en Chile. Lamentable camino tomado principalmente por dos poderes del Estado como son el Ejecutivo y el Legislativo, ya que oportunistamente mientras el Pueblo en general está preocupado de otros temas, se avanza en cuestiones fundamentales sin reflexión profunda, sin despliegue de información en forma democrática. Uno de estos temas es lo que se ha denominado como una reforma al sistema de pensiones.

Un escenario bastante difícil de enfrentar ya que la situación de las pensiones es altamente dramática con una multiplicidad de miradas y soluciones, cuestiones que se han revisado por Ejecutivos anteriores con fracasos significativos y ahora es el turno del gobierno del presidente Boric.

Las visiones acerca de reformar el sistema de pensiones han estado en permanente discusión. Ante la existencia de posiciones liberales, aparentemente contrapuestas, finalmente se observa que se busca la mantención del sistema actual perfeccionándolo mediante la mayor participación del Estado en forma subsidiaria.

Pese al compromiso inicial del gobierno actual sobre cambiar totalmente el sistema de previsión de Chile hoy nos encontramos en el escenario oficial que tiene el fin de mantener el modelo de mercantilización de los Derechos sociales, por cuanto mantener la privatización del sistema de pensiones con fines de lucro.

Lamentablemente estas definiciones también están en manos de un Congreso con bajos niveles de aprobación por parte de la ciudadanía y que, en la actualidad, en general, no representan al Pueblo sino que representan a intereses netamente económicos.

Al respecto, cada discurso de políticos de distinta tendencia, con el fin de alcanzar acuerdo sobre este tema, debe ser revisado en su mérito ya que se observa en general que no se busca transitar hacia recuperar el Derecho Fundamental de la Seguridad Social en materia de pensiones, sino más bien a resguardar los intereses de los dueños del poder económico en Chile, yendo en dirección contraria a lo declamado por el Pueblo Chileno.

En este desarrollo está claramente establecido que la situación se ha llevado al punto crítico de la defensa de una ideología basada en el neoliberalismo y el resguardo del mercado de capitales, alejándose de los principios universales de la Seguridad Social.

Se insiste en que el mejoramiento pasa por fortalecer el negocio de las pensiones: ratificando y aumentando el desarrollo de la capitalización individual, generando algunos argumentos para su efecto final, entre otros, aumentar la edad de jubilación.

Es por ello que en la actualidad el Ministerio de Hacienda tiene mucho más que decir sobre el particular, más que el mismo Ministerio del Trabajo, ya que las decisiones afectan directamente sobre la economía del país.

El Pueblo chileno debe estar alerta, cumpliendo permanentemente con su rol fiscalizador sobre el quehacer y postura del gobierno y de los parlamentarios de distintos distritos, con el fin de conocer su intención de voto y su postura sobre lo que el Pueblo chileno exige.

La situación actual de la negociación política al respecto ha implicado cambios significativos en la propuesta original del gobierno, dejando muy satisfechos a los que ostentan el poder económico y alejándonos cada vez de un modelo basado en la Seguridad Social.

En la lógica de fortalecer el mercado de capitales, el gobierno terminó aceptando las combinaciones alambicadas propuestas por la derecha política y el poder económico, lo que de avanzar sería en realidad una verdadera derrota para las y los trabajadores.

Es necesario hacer un llamado al gobierno para que retire el proyecto y defienda su postura original, más, requiera de un cambio en cuanto a la entrega de la PGU llevándola a la condición de universalidad y que sea entregada a las mujeres desde su edad de retiro laboral.

También debe aclarar de frente a la ciudadanía sobre la situación de la propuesta de aumentar la cotización con cargo a los trabajadores de un 0,5% para ser aportados a un fondo solidario ya que, si no se cumple con la idea original de un 6% de cargo del empleador al mismo fondo, el aporte adicional de los trabajadores no se justificaría. Si no es así se interpretaría como mayores ganancias para las AFP’s.

Si el 6% con cargo al empleador se asigna a capitalización individual, no será ningún aporte a la mejora de las pensiones por parte de las AFP’s, ya que han demostrado en 43 años de ejercicio impuesto obligatoriamente, su fracaso en el logro de rentabilidad en el modelo. Un mayor aporte a las AFP’s no significará mejores pensiones, es cosa de observar la caída de las rentabilidades de los fondos y a sus negativas proyecciones. Por cuanto nuevamente será el Estado subsidiario el llamado a resolver la situación, Estado que ya no contará con el componente social que se proyectaba originalmente en la reforma. Mantener el modelo de cuentas individuales, es mantener la crisis social y financiera que asumirá el Estado, y específicamente nosotros.

Claramente es imperante una reforma de pensiones, avanzando hacia la recuperación del Derecho fundamental de la Seguridad Social, pero en dicha urgencia no podemos aceptar cualquier reforma. La urgencia de resolver la situación precaria de miles de chilenos y chilenas pensionados nos pone en jaque permanentemente. Y hoy es el caso, pero ello debe implicar medidas que cambien el modelo fracasado de las AFP’s por un modelo fundado en los principios de la Seguridad Social, si eso no se da debemos seguir luchando por cambiarlo de raíz, de lo contrario perpetuaremos un modelo basado solo en la ideología de la oposición a la regulación del mercado y a la mínima participación del Estado en la economía del país.

En el mediano plazo exigimos al gobierno avanzar en un proceso para una reforma mayor y estructural que nos permita lograr un sistema previsional para “jubilaciones”, prosperar hacia un sistema solidario con responsabilidad del Estado, y que determine la reinstauración de la Seguridad Social como un Derecho.