Hace casi 5 años, un 18 de octubre, afloraron las primeras protestas sociales que manifestaron el creciente malestar ciudadano hacia un modelo económico que a lo largo de los años ha ido construyendo un país para ricos y otro para el 90% de la población, con Salud, Pensiones, Educación, Justicia y Vivienda como principales demandas sociales. Una suma de ingredientes que generaron el caldo de cultivo perfecto para que se produjeran una serie de protestas, caracterizadas por la ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social a lo largo del país, que se movilizaron de manera masiva, con millones de chilenos y chilenas en las calles de distintas ciudades. En pocas palabras, una crisis general de legitimidad del sistema económico impuesto y heredado por la dictadura, legitimado en una Constitución fraudulenta que ha determinado un sistema político y democrático concebidos para administrar, profundizar y prolongar el modelo, vigente hasta el día de hoy.

Un modelo que, una vez arrebatados de manera violenta por el golpe de estado de 1973, ha hecho de los derechos humanos fundamentales, como la Salud, un negocio privado cuyo acceso depende del bolsillo de las personas. En este marco, hace unos días la situación de crisis del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso dejó en evidencia la situación de crisis no sólo de ese recinto asistencial, sino de la Salud Pública en Chile, desmantelada de manera sistemática en beneficio del negocio de la salud privada y cuya situación de precarización se hizo aún más palpable durante la pandemia, durante la cual también se hizo visible la insuficiencia del modelo para dar respuesta a necesidades sociales, toda vez que ello no es rol del mercado sino de un estado que debe ser fuerte y robusto para poder cumplir su rol y responsabilidad social hacia quienes vivimos en este país, sin que ellos dependa de la capacidad monetaria de cada quien. En contraste a esto, vemos sin embargo cómo se fortalece el negocio de la salud privada a través del salvataje a las ISAPRES en virtud de una ley corta, mecanismo que como gremio creemos que también debe aplicarse para salvar la Salud Pública mediante mayores recursos para no dejar morir los hospitales de la red asistencial, en los que se atiende más del 80 % de la población del país.

A casi 5 años del estallido social de 2019, las causas que generaron la explosión del malestar social no han cambiado, al contrario. No sólo no se ha dado respuesta a las demandas vigentes de la población, sino que el escenario de corrupción ha ido en aumento tras conocerse diversas aristas y alcances del llamado caso “Audios” y que ponen de manifiesto un entramado diseñado de manera delictual para el enriquecimiento de unos cuantos en perjuicio de lo público. Por ello, como gremio y tal como lo hemos venido haciendo desde hace casi 6 años, exigimos un Presupuesto 2025 que dé respuesta a las demandas y necesidades de los y las profesionales de la Salud Pública, como son Carrera Funcionaria y condiciones de trabajo decente para quienes son el sustento del sistema público y por donde debe comenzar su mejoramiento, de manera de poder enfrentar de mejor manera problemas, entre otros, como las listas de espera y las situaciones de agresión ante esta escasez de recursos que nos impide otorgar una mejor atención a la población.