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EDITORIAL: Urge reformar un sistema de AFP fracasado

En medio de la discusión por la mal llamada “reforma de pensiones”, que no reforma nada y que actualmente se encuentra en su fase final de tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado para llegar a un acuerdo dentro de este mes, desde el mundo social del cual somos parte como CONFEDEPRUS y en conjunto con otros actores sociales, como la Coordinadora No + AFP, tenemos y mantenemos el convencimiento de que este proyecto no viene a dar solución al problema de fondo, como son las bajas pensiones para los trabajadores y trabajadoras de Chile, sino que viene a darle una mano al modelo privado, al igual que pasó con las ISAPRES. Un sistema de previsión que no fue diseñado para Seguridad Social, sino para recolectar fondos desde los sueldos de millones de chilenos y chilenas mediante un sistema de ahorro forzoso ideado para inyectar dineros al sistema financiero y mercado de capitales, en el cual la única libertad de elección es poder decidir entre una u otra administradora, pero siempre dentro del mismo sistema de capitalización individual, que a lo largo del tiempo ha demostrado con números concretos su fracaso, especialmente para las mujeres.

De hecho, en los últimos 10 años, los resultados son concluyentes y desastrosos. A diciembre de 2020, el 50 % de los 982 mil jubilados y jubiladas que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $215 mil ($154 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensión autofinanciada menor a $300 mil, valor inferior en $26.500 del salario mínimo vigente al 31 de diciembre de 2020. Esta grave crisis previsional, se acentúa en el caso de las mujeres, ya que el 50 % de las 456 mil jubiladas por vejez, recibe una pensión menor a $160 mil ($141 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado) y la pensión mediana para quienes cotizaron entre 30 y 35 años, vale decir, casi toda una vida laboral llega a sólo $295 mil, incluyendo el APS.

Por otra parte, el 50% de las mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el mes de abril de 2024 pudieron autofinanciar una pensión de vejez menor a $345.420, equivalente a un 75,1% del salario mínimo, en tanto que en junio de 2023, el monto promedio de la pensión autofinanciada para las mujeres fue de $218.662, a diferencia de la de los hombres, que alcanzó los $356.851, dejando en evidencia que la brecha entre los montos de las pensiones de hombres y mujeres es significativa. Diferencia que la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha ayudado a disminuir, pero que sigue siendo alta en desmedro de las mujeres.

En síntesis, prácticamente el 80 % de las pensiones pagadas son menores al Salario Mínimo y sólo un 12,5 % alcanzó una pensión total superior a $503 mil, siendo la realidad de los nuevos pensionados es más crítica. El 50 % de las 102 mil personas que se pensionaron durante el año 2020, a través de su ahorro y la rentabilidad conseguida por las AFP, sólo lograron autofinanciar una pensión menor a $75 mil, y el 50 % de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años en su vida laboral, pudieron autofinanciar una pensión menor a $287 mil, monto que equivale a 88,1 % del Salario Mínimo a diciembre de 2020, siendo nuevamente el panorama para las mujeres más precario, ya que el 50 % de las 54.166 nuevas pensionadas, pudo autofinanciar una pensión menor a $36 mil y la mitad de las mujeres que cotizaron entre 30 y 35 años, lograron autofinanciar una pensión menor a $254 mil, monto que equivale a 77,8 % del Salario Mínimo a diciembre de 2020.

Dentro de este escenario y en su último año de gestión, el gobierno ha cedido posturas frente a una oposición que se ha empeñado en bloquear cualquier intento de cambio del modelo y sistema que defienden a brazo partido para poder seguir exprimiendo hasta el último peso del ahorro de los trabajadores y trabajadoras, para lo cual hemos visto que no han escatimado en gastos publicitarios para seguir engañando a la población y así sostener su millonario negocio. De esta manera, el gobierno incumplió su compromiso de terminar con las AFP, alineándose con los intereses del empresariado y, con ello, traicionando al pueblo, a la gente que creyendo en sus promesas votó por ellos, confiado en que una administración de corte ´progresista pudiera cambiar las cosas. Sin embargo, la desesperación por aprobar modificaciones al sistema, mostrar algún tipo de avance y con ello legitimarse ante su base social, lo llevó contradictoriamente a aceptar una reforma que termina por validar y fortalecer el sistema de las AFP.

Como CONFEDEPRUS creemos que se debe terminar con la lógica de la capitalización individual, los datos no mienten, urge reformar este sistema, resulta insostenible para que tanto sectores populares como de clase media, más del 90% de la población, puedan alcanzar una pensión digna. La única salida es avanzar hacia un sistema de reparto solidario y tripartito, en el cual el Estado aporte a su financiación a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas. Para ello, no basta con rechazar la reforma, debemos retomar el camino de la movilización, la organización y la huelga, únicas herramientas que podrán poner fin al saqueo de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Mantener esta relación no consensuada y abusiva representa una traición al pueblo, a sus demandas y necesidades, por lo que creemos que este proyecto claramente no es lo que el pueblo trabajador necesita, debiéndose promulgar en su reemplazo una verdadera Reforma de Pensiones, una Ley Corta destinada a mejorar ahora las pensiones de los sectores más afectados. No puede ser que los negocios del gran empresariado se financien con el ahorro forzado de las y los trabajadores, urge un modelo que garantice una verdadera seguridad social.

EDITORIAL: Una reforma que no transforma

El pasado miércoles, la Cámara de diputados y Diputadas despachó a segundo trámite la reforma de pensiones, aprobando en general la idea de legislar, pero dejando fuera, en la discusión particular, elementos esenciales de la propuesta, la que consideraba un sistema mixto de pensiones, introduciendo nuevas figuras y elementos. Entre las materias eliminadas del texto están la cotización adicional del 6% a cargo del empleador, el Fondo Integrado de Pensiones y el gestor público a cargo, así como el Inversor de Pensiones del Estado. Por otra parte, se aprobó la creación del seguro social previsional, el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), modificaciones al seguro de cesantía y el autopréstamo. De esta manera, la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno logró sortear el primer obstáculo en la Cámara, avanzando en su trámite hasta marzo, cuando sea visto en el Senado, luego del receso legislativo de febrero.

Sin embargo, la propuesta está lejos de ser una buena noticia para millones de personas que esperan un mejoramiento real de sus pensiones, toda vez que se insiste en mantener al mismo sistema empobrecedor como son las AFP, pero con otro nombre bajo la administración estatal de un inversor público, lo que mantiene la lógica fracasada de capitalización individual. Y no sólo mantenerlas, sino fortalecerlas con el bolsillo de todos los trabajadores y las trabajadoras mediante la propuesta de aumentar en un 0,5% sus cotizaciones, lo que significa aumentar también en casi $ 60.000 millones las ganancias anuales de las AFP. lo cual nos parece inaceptable y vejatorio. Por otro lado, la propuesta de cambiar el cobro de comisiones de las AFP exige saber si se descontará de los saldos de aquellos trabajadores y trabajadoras que estén desempleados.

Tampoco es cierto que los trabajadores y las trabajadoras tengan libertad de elegir, pues esa “libertad” se limita a elegir entre un gestor público o privado que administre bajo la lógica de la capitalización individual, lo que en nada cambia el sistema. La verdadera libertad de elección es poder optar entre permanecer en el actual sistema o cambiarse con el ahorro acumulado a una institución pública y solidaria que entregue mejores pensiones, como el IPS. Por otra parte, creemos que el gobierno debe cumplir con lo prometido en su programa respecto del incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, entregándose a las mujeres a partir de los 60 años.

Para nadie es un misterio que la actual administración, que ya se acerca a la primera mitad de su gobierno, ha debido enfrentar diversas dificultades políticas, escenario dentro del cual la reforma de pensiones y el ahora llamado Pacto Fiscal con el que se espera poder financiar esta y otras iniciativas se han convertido en objetivos centrales para el oficialismo en términos de legado, ante un panorama 2024-2025 marcado por diversas elecciones. De allí los permanentes llamados a llegar a acuerdos con una oposición que ya sea mediante poner condiciones o con pararse de la mesa cuando algo no le ha gustado, ha logrado poner al Ejecutivo en una posición de apertura ante la premura por lograr sacar adelante sus objetivos, poniendo en riesgo no tan sólo la consecución de los mismos en términos formales, sino también en sus contenidos, en su fondo.

Nuestro país necesita de manera urgente diversas reformas profundas en términos de seguridad social, respecto de temas como Salud, Educación, Vivienda y Pensiones, por lo que esta reforma junto con otras sigue siendo tareas pendientes desde hace mucho tiempo. No han sido suficientes ni las masivas marchas ni un estallido social para cambiar un sistema que rige desde 1981, basado en la capitalización individual controlada por privados, las AFP, que recaudan los fondos desde la cotización obligatoria de los trabajadores y las trabajadoras y que los administran para mantener el sistema financiero, obteniendo millonarias utilidades todos los años a costa de entregar bajísimas pensiones.

Por ello, esta lógica de empobrecimiento de muchos para beneficio de algunos debe cambiar, no es sostenible y ya ha quedado demostrado. Es necesario que los trabajadores y las trabajadoras nos mantengamos alertas y volvamos a las calles ante un escenario en el que se busca seguir con la capitalización individual para asegurar la ganancia del gran empresariado y no transforma el sistema en un verdadero sistema de seguridad social. Millones de chilenos y chilenas  no pueden seguir esperando porque viven  con pensiones de miseria que no les alcanza ni siquiera para sus gastos básicos.