El pasado miércoles, la Cámara de diputados y Diputadas despachó a segundo trámite la reforma de pensiones, aprobando en general la idea de legislar, pero dejando fuera, en la discusión particular, elementos esenciales de la propuesta, la que consideraba un sistema mixto de pensiones, introduciendo nuevas figuras y elementos. Entre las materias eliminadas del texto están la cotización adicional del 6% a cargo del empleador, el Fondo Integrado de Pensiones y el gestor público a cargo, así como el Inversor de Pensiones del Estado. Por otra parte, se aprobó la creación del seguro social previsional, el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), modificaciones al seguro de cesantía y el autopréstamo. De esta manera, la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno logró sortear el primer obstáculo en la Cámara, avanzando en su trámite hasta marzo, cuando sea visto en el Senado, luego del receso legislativo de febrero.
Sin embargo, la propuesta está lejos de ser una buena noticia para millones de personas que esperan un mejoramiento real de sus pensiones, toda vez que se insiste en mantener al mismo sistema empobrecedor como son las AFP, pero con otro nombre bajo la administración estatal de un inversor público, lo que mantiene la lógica fracasada de capitalización individual. Y no sólo mantenerlas, sino fortalecerlas con el bolsillo de todos los trabajadores y las trabajadoras mediante la propuesta de aumentar en un 0,5% sus cotizaciones, lo que significa aumentar también en casi $ 60.000 millones las ganancias anuales de las AFP. lo cual nos parece inaceptable y vejatorio. Por otro lado, la propuesta de cambiar el cobro de comisiones de las AFP exige saber si se descontará de los saldos de aquellos trabajadores y trabajadoras que estén desempleados.
Tampoco es cierto que los trabajadores y las trabajadoras tengan libertad de elegir, pues esa “libertad” se limita a elegir entre un gestor público o privado que administre bajo la lógica de la capitalización individual, lo que en nada cambia el sistema. La verdadera libertad de elección es poder optar entre permanecer en el actual sistema o cambiarse con el ahorro acumulado a una institución pública y solidaria que entregue mejores pensiones, como el IPS. Por otra parte, creemos que el gobierno debe cumplir con lo prometido en su programa respecto del incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, entregándose a las mujeres a partir de los 60 años.
Para nadie es un misterio que la actual administración, que ya se acerca a la primera mitad de su gobierno, ha debido enfrentar diversas dificultades políticas, escenario dentro del cual la reforma de pensiones y el ahora llamado Pacto Fiscal con el que se espera poder financiar esta y otras iniciativas se han convertido en objetivos centrales para el oficialismo en términos de legado, ante un panorama 2024-2025 marcado por diversas elecciones. De allí los permanentes llamados a llegar a acuerdos con una oposición que ya sea mediante poner condiciones o con pararse de la mesa cuando algo no le ha gustado, ha logrado poner al Ejecutivo en una posición de apertura ante la premura por lograr sacar adelante sus objetivos, poniendo en riesgo no tan sólo la consecución de los mismos en términos formales, sino también en sus contenidos, en su fondo.
Nuestro país necesita de manera urgente diversas reformas profundas en términos de seguridad social, respecto de temas como Salud, Educación, Vivienda y Pensiones, por lo que esta reforma junto con otras sigue siendo tareas pendientes desde hace mucho tiempo. No han sido suficientes ni las masivas marchas ni un estallido social para cambiar un sistema que rige desde 1981, basado en la capitalización individual controlada por privados, las AFP, que recaudan los fondos desde la cotización obligatoria de los trabajadores y las trabajadoras y que los administran para mantener el sistema financiero, obteniendo millonarias utilidades todos los años a costa de entregar bajísimas pensiones.
Por ello, esta lógica de empobrecimiento de muchos para beneficio de algunos debe cambiar, no es sostenible y ya ha quedado demostrado. Es necesario que los trabajadores y las trabajadoras nos mantengamos alertas y volvamos a las calles ante un escenario en el que se busca seguir con la capitalización individual para asegurar la ganancia del gran empresariado y no transforma el sistema en un verdadero sistema de seguridad social. Millones de chilenos y chilenas no pueden seguir esperando porque viven con pensiones de miseria que no les alcanza ni siquiera para sus gastos básicos.
