Finalmente y tras meses de trabajo, ayer domingo se desarrolló el plebiscito para que la ciudadanía se pronunciara a favor o en contra de la propuesta constitucional marcada por un tinte ideológico neoliberal que asegura el modelo económico imperante. El resultado 56% para el “En contra” y 44% para la opción “A favor”. Un resultado que significa la mantención del texto actualmente vigente, la Constitución del ’80, con sus pilares sobre los que se sostiene el modelo económico actual a pesar de los retoques hechos, pero que no tocan las bases del sistema, como es la mantención de un Estado subsidiario en vez de uno democrático y social de derechos, así como también la lógica de mercado en materias de seguridad social como son salud, trabajo y pensiones, entre otras. Es decir, y luego de 4 años de iniciado este recorrido con el plebiscito en el cual el 80% de la ciudadanía demandó y mandató una nueva Constitución (sin la participación de partidos políticos), finalmente volvemos a fojas cero, al punto de partida, sin haber logrado avanzar, sino sólo manteniendo lo existente.
¿Es eso suficiente para considerarlo un triunfo? Ciertamente, la aprobación de la propuesta hubiese representado un retroceso brutal en diversas materias de derechos sociales, gracias a lo que hubiese sido la imposición ideológica de un sector sobre el resto. Una derrota no sólo política, sino cultural. En ese sentido, más que alegría la sensación que prevalece es la de alivio, porque si bien es cierto no ganamos nada, tampoco lo perdimos todo. Se logró mantener un piso mínimo, el actual, para lo que deberán ser nuestras luchas futuras. Porque más allá de que todos los actores y sectores políticos, comenzando con el gobierno, coincidan en señalar que no habrá un tercer proceso en lo inmediato, producto del desgate ciudadano y de la priorización de otras materias que se deben abordar, lo cierto es que no parece sostenible pretender la mantención indefinida de la Constitución actual, que permanece casi como una herencia maldita de una dictadura cuyas consecuencias no hemos podido superar como país.
Lograr cambios de fondo para conseguir mayores niveles de justicia social ha sido siempre una tarea enorme, puesto que se deben enfrentar fuerzas muy poderosas a todo nivel, que son las que manejan y controlan la situación a su favor y en beneficio propio a costa de millones de chilenas y chilenos. Conseguir avances puede significar años, décadas, de lucha, siempre con el riesgo de retroceder en estas conquistas. Por ello, este resultado puede ser visto como el “triunfo del mal menor” sobre la amenaza que representaba la otra opción. Sin embargo, cabe preguntarse si esto es motivo de celebración. Si seguir siendo durante años, décadas, un país en el que las trasformaciones sociales se dan “en la medida de lo posible”, da para triunfalismos, casi acostumbrados y acostumbradas ya a que no perder más de lo ya perdido sea prácticamente sinónimo de victoria.
Como CONFEDEPRUS sabemos que el único camino es perseverar en aquellas luchas que finalmente puedan permitir que nuestro país, el país del 80% que se atiende en la Salud Pública, finalmente sea un país más justo, más solidario, menos individualista y egoísta, en donde aquellos y aquellas que tienen sus necesidades básicas cubiertas en términos económicos entiendan que esos son derechos universales para todos y todas, más allá de su capacidad de acceso monetario, y que garantizarlos es indispensable para un mejor país. La salud de toda la población es fundamental para el desarrollo y prosperidad de un país, quizá cuando esto se entienda podremos avanzar en equidad, en una sola salud para todos y todas y no sólo para algunos y algunas.
Mientras eso no suceda, no hay nada que celebrar.
