- Presidenta de CONFEDEPRUS expresó su inquietud ante la posibilidad que el gobierno utilice esta enfermedad como pretexto para prohibir las masivas marchas y manifestaciones que se esperan en marzo.
El pasado sábado 8 de febrero, el gobierno decretó alerta sanitaria en el país ante una posible entrada del coronavirus a territorio nacional, situación que podría extenderse hasta un año. La decisión generó diversas reacciones en los gremios de la Salud Pública, pues dentro de las facultades que otorga la medida está la de prohibir eventos en donde pueda haber altas concentraciones de personas, como lo son las marchas y manifestaciones en la vía pública a las diversas convocatorias organizadas para marzo.
“La seremi dice que el Ministerio de Salud tiene que velar por la salud pública de las personas, que debe garantizarla y que para eso deberá tomar las medidas que correspondan. Nos parece bien esta preocupación por la vida de los usuarios y usuarias del sistema público, aunque nos gustaría verla también para evitar que sigan muriendo miles de personas en listas de espera por falta de personal, insumos y gestión hospitalaria, cifras que superan ampliamente las de muertes provocadas por este agente patógeno”, señaló al respecto Consuelo Villaseñor, presidenta de CONFEDEPRUS.
“Como gremio de la Salud, compartimos la atención que existe en la autoridad por la propagación que puede llegar a tener este virus, así como también creemos que debemos estar alerta con que se pueda usar políticamente para difundir temor en la población, con el propósito de tratar de desmovilizar la justa y legítima protesta social de los millones de chilenas y chilenos que han expresado en las calles de todo el país las demandas de las mayorías ciudadanas. Contagiar miedo es una estrategia política que la Derecha ha usado tradicionalmente en beneficio propio, ese es un antecedente real y por ello debemos estar atentos y atentas”, agregó Villaseñor.
Por último, la presidenta de CONFEDEPRUS hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma ante la posible llegada del virus al país, sin caer en pánico ni histeria colectiva, así como también a la autoridad a implementar políticas responsables y permanentes para la Salud Pública, que vayan más allá de esta alerta sanitaria, destinando los recursos presupuestarios que permitan dar una atención oportuna, digna y de calidad a los usuarios y usuarias del sistema en nuestro país. “Un sistema que ha sido desmantelado en beneficio del negocio de la salud privada, desprotegiendo al 80% de las personas que se atienden en la Salud Pública, y que por lo mismo debe estar garantizada en una nueva Constitución en la que el Estado no tenga un rol subsidiario, sino garante de derechos sociales, asegurando que el acceso a la Salud no esté condicionado por lógicas de mercado», finalizó la dirigenta gremial.
