EDITORIAL: Salud Pública, la otra deuda histórica
El presente año comenzó con la promulgación, por parte del gobierno, de la ley que reparó la deuda histórica del Estado con el profesorado del país, demanda largamente esperada por más de cuarenta años y cuya normativa establece pagos a 57 mil docentes cuyos derechos laborales fueron vulnerados con el traspaso de administración, realizado en dictadura, de los establecimientos educacionales hacia los municipios. Una iniciativa que significó, sin duda, un avance en la recuperación de derechos vulnerados contra los trabajadores y las trabajadoras de un área tan relevante y que debe ser un parámetro, una vara, para ponerse al día con otras deudas históricas vigentes, como es la de la Salud Pública de Chile y sus trabajadores y trabajadoras que lo sostienen, dentro del marco de la defensa del empleo público en beneficio de la seguridad social de millones de chilenos y chilenas.
La crisis hospitalaria que vive nuestro país inició este año con una deuda de US$ 50 millones a proveedores y facturas impagas, las que superan varios meses e incluso años, según datos de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (Apis). Ante esto, desde el Minsal se ha señalado que cada Servicio de Salud debe gestionar sus propios pagos, sin atender a las condiciones y gravedad de las deficiencias que arrastra desde hace décadas el sistema, las que se han visto reflejadas, por ejemplo, en las listas de espera que según reportes del mismo Minsal registraron cerca de 40 mil muertes a noviembre de 2024, mientras unos 3 millones de pacientes siguen esperando su turno. Se requiere, por ende, de autoridades que ejerzan con responsabilidad social su rol político, especialmente en carteras en las cuales ello debe ser requisito básico, como es la Salud Pública de Chile, toda vez que una mala gestión impacta en el 80 % de la población que se atiende en ella.
Realidades que como gremio hemos denunciado y por las cuales nos hemos movilizado permanentemente, siendo parte de nuestras luchas fundamentales en pos de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Salud y, con ello, la protección del derecho humano fundamental de la población a atención. De hecho, en 2024 varios hospitales advirtieron de la falta de recursos para seguir funcionando, como el Van Buren, que incluso debió suspender sus actividades en varios pabellones, o el Sótero del Río, San Borja Arriarán o San Juan de Dios, por nombrar sólo a algunos. Una deuda que ha ido creciendo, toda vez que para el primer semestre del año pasado el monto total ascendía a 112 mil millones de pesos, un 147% más que en el mismo periodo del 2023, cuando la cifra era de 76 mil millones.
Por ello, como CONFEDEPRUS creemos que el Estado también tiene una deuda histórica con la Salud Pública y quienes sostenemos el sistema, como somos sus trabajadores y trabajadoras, por lo que es tiempo de saldarla no sólo con el equipo de trabajo, sino con el 80% de la población que es atendida, precisamente, por quienes somos la base de la red asistencial del país. La salud y la vida de millones de chilenos y chilenas debe ser siempre una prioridad para todos los gobiernos, un tema de Estado, pues de ello depende también una fuerza laboral económicamente activa y productiva. Para ello, el sistema público debe contar con recursos necesarios que permitan entregar una atención oportuna, digna y de calidad a los usuarios y usuarias, en lugar de mantenerlo en una permanente situación de precariedad debido no sólo a insuficiencias presupuestarias, sino además a recortes y la consecuente adquisición de deudas que ha llevado a la situación de crisis actual.