Categoría Directorio

La reciente definición, en las pasadas primarias oficialistas, de la candidatura que competirá en la presidenciales de noviembre contra los postulantes de derecha, configura un escenario que plantea opciones radicalmente distintas y opuestas respecto de sus propuestas ante diversos temas relacionados con derechos sociales que como CONFEDEPRUS hemos defendido siempre, más allá de los gobiernos de turno. Derechos que inciden directamente en la salud y calidad de vida del 80 % de la población que se atiende en el sistema público, como son poder tener una Salud fortalecida, con recursos suficientes para poder dar condiciones de trabajo decentes a quienes se desempeñan diariamente para el cuidado de millones de chilenos y chilenas, así como también impulsar políticas tendientes a generar determinantes sociales que mejoren la calidad de vida y vayan en beneficio de la salud y, por ende, productividad de las personas.

Desde el estallido social de 2019, las demandas sociales de la población están pendientes, no habiendo encontrado respuesta ni menos solución ninguna de ellas. Pensiones, educación, vivienda, salud y, en general, diversos temas relacionados con seguridad social, no han encontrado eco en las autoridades y siguen siendo preocupaciones de la ciudadanía, más allá de la delincuencia y la seguridad pública, que si bien es cierto han marcado la agenda, no son los únicos dentro de las necesidades de la población. Temas sensibles y pendientes por los que como gremio hemos luchado desde nuestros comienzos y que refrendamos en nuestra definición política durante los pasados procesos constituyentes, en los cuales apoyamos principios como tener un estado garante de derechos en materias de seguridad social, además de otros relacionados con la Salud Pública en términos de derechos laborales y condiciones de trabajo decente para poder garantizar el derecho humano de la población a una atención digna, oportuna y de calidad. Demandas ciudadanas pendientes que, junto con otras, hasta ahora no han sido atendidas y que se ven amenazadas ante la posibilidad del triunfo en noviembre de sectores no sólo conservadores, sino regresivos en derechos sociales, desde los cuales ya se han escuchado ideas como recortar el gasto y reducir el empleo público, entre otras tendientes a debilitar el rol del Estado.

Desde CONFEDEPRUS siempre hemos dado nuestras luchas movilizados y movilizadas por los principios de la justicia social, ampliar derechos y garantizar condiciones de vida justas para las familias trabajadoras, articulándonos en torno a estos principios básicos con otros actores sociales para apoyar e impulsar iniciativas que vayan en esa dirección, en un país marcado por desigualdades estructurales que necesita avanzar hacia un Estado que garantice derechos y mejore la vida cotidiana de las personas, teniendo un rol distinto, fortalecido, que sea capaz de diseñar e impulsar políticas públicas en beneficio de la población para cubrir necesidades sin que ello deba depender del bolsillo, entregando de esta forma soluciones que el mercado, dado su rol lucrativo, no social y, por ende, excluyente, no otorga. Aspectos como un aumento sostenido al presupuesto de salud pública, el fortalecimiento de la atención primaria en salud, clave para descongestionar el sistema, una estrategia integral para reducir en las listas de espera, una reforma al sistema de salud para avanzar hacia un modelo universal, ampliación en la formación de los especialistas, junto con otros puntos en el ámbito por ejemplo de los cuidados mediante el avance en la implementación de sala cuna universal con gratuidad para todas las madres, facilitando las labores de cuidado y el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo formal, además de cuidados también para adultos mayores a cargo de familiares, en el contexto de una población cada día más longeva, son sólo algunos de los temas que como sociedad debemos enfrentar y hacernos cargo a través de políticas públicas realistas y que atiendan a las necesidades de la población.

Entre los días 2 al 13 de junio se llevó a cabo en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, la 113° Conferencia Internacional del Trabajo llevada a cabo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), espacio en el cual como CONFEDEPRUS estuvimos presentes junto a delegados y delegadas representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 Estados miembros de la OIT, para abordar una amplia gama de temas de importancia para el mundo del trabajo, como nuevas normas internacionales sobre la protección de los trabajadores contra los peligros biológicos en el entorno de trabajo, el trabajo decente en la economía de plataformas y enfoques innovadores para promover transiciones de la economía informal a la formal.

Durante el transcurso de esta conferencia, se abordaron temas relevantes para el mundo del trabajo, como son la protección frente a los peligros biológicos en el entorno laboral -cuyo producto final fue la elaboración del convenio 192 y la recomendación 209-, el tema del trabajo decente en la economía de plataformas, la informalidad y la transición a la formalidad, la aplicación de formas y la comisión de cuestiones financieras, todos puntos producto un trabajo previo realizado tanto por la OIT como por distintos espacios institucionales a nivel nacional, como el Consejo Superior Laboral donde nos representa la CUT, cuyo presidente, José Manuel Díaz, realizó una intervención como máximo representante del mundo de los trabajadores y las trabajadoras de Chile, relevando la agenda que ha tenido la central durante los últimos años junto con los desafíos y también acciones futuras, como la aplicación del convenio 155 respecto de salud y seguridad en el trabajo, lo que abre paso a poder realizar modificaciones legislativas para poder implementarlo plenamente de manera de contribuir a mejorar las condiciones laborales de todos y todas, especialmente en zonas donde hay una afectación de la salud física y psíquica de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Lo anterior, junto con la entrega de la memoria del Convenio 190 y su implementación en Chile, dejando en claro que, si bien la Ley Karin es un avance, hay aspectos aún pendientes en su implementación dentro del concepto general de trabajo decente.

¿De qué hablamos cuando decimos “condiciones de trabajo decente”, especialmente en el ámbito de la Salud Pública? Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas, facilitando el progreso social y fortaleciendo a las comunidades. Concepto que tiene que ver con lo que debería ser un buen trabajo o un empleo digno, con un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, sin brechas que condicionen la oportunidad de ascender en el trabajo, en los cuales el respeto a los derechos de las personas en general -y de las mujeres en particular- sea fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Por ello, como CONFEDEPRUS creemos no sólo necesario, sino impostergable, seguir avanzando en estas materias, considerando lo relevante que resulta la implementación efectiva de estas normativas dentro del sistema de Salud, cuya base y sustento son sus trabajadores y trabajadoras, quienes no pueden seguir en lista de espera para mejorar sus condiciones laborales, lo cual depende además de mayores recursos para poder cumplir de manera adecuada su trabajo con el 80 % de los usuarios y usuarias que se atienden en la red asistencial.

La semana pasada, nuestro gremio llevó a cabo la primera asamblea del nuevo Directorio Nacional, en la que se abordó el estado de avance de las negociaciones sostenidas con el gobierno en relación a Carrera Funcionaria, tema en el cual como CONFEDEPRUS hemos venido solicitando una implementación que garantice a los trabajadores y las trabajadoras de la Salud el ingreso a la planta de funcionarios públicos, buscando asegurar el acceso a cargos a través de un proceso transparente y competitivo que permita la promoción a cargos de mayor jerarquía, de manera tal que los funcionarios y las funcionarias puedan avanzar en su trayectoria profesional accediendo a cargos de mayor jerarquía y responsabilidad, así como asegurar la estabilidad en el empleo protegiendo a los trabajadores y trabajadoras de la arbitrariedad en los procesos de contratación y despido y la evaluación objetiva del desempeño de los funcionarios y las funcionarias considerando su capacitación, experiencia y logros, junto con una mejor retribución por el trabajo realizado a través de un sistema de remuneración que recompense la calidad y el desempeño.

Lo anterior, con el convencimiento que el impacto de la implementación de una Carrera Funcionaria bien definida puede generar mayor motivación e interés en los funcionarios, impulsando el compromiso con la institución y el desempeño de sus funciones, contribuyendo a mayor eficiencia en la administración pública al asegurar que los mejores profesionales ocupen los cargos de mayor responsabilidad, así como también mayor equidad e igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y trabajadoras en el acceso a la planta y la promoción a través de procesos transparentes.

Como dirigentes y dirigentas de la Salud Pública de Chile, conocemos de sobra que los procesos de negociación muchas veces están llenos de mesas cojas y que las reuniones se eternizan con más estancamientos y retrocesos que avances reales, como estrategias dilatorias que sólo demuestran la poca o nula voluntad política para cumplir los compromisos. Sabemos de ello, sin embargo nos extraña que un gobierno que se dice progresista, a favor de los derechos sociales, laborales y que se ha declarado feminista, no esté dispuesto a honrar su palabra con los trabajadores y en especial las trabajadoras de la Salud Pública, considerando que es un sector altamente feminizado, con más del 75 % de su dotación compuesta por mujeres. Equipos de trabajo que, poniendo en riesgo su salud física y mental, redoblaron esfuerzos para tratar de contener una pandemia que cobró la vida de decenas de miles de chilenos y chilenas, incluyendo las de varias trabajadoras y trabajadores que cuidaban, precisamente, las vidas de la población, debiendo hacer frente a la realidad de desmantelamiento y precarización que arrastra nuestro sistema público.

Por ello, las y los profesionales de la Salud Pública merecen que sus derechos en relación con sus condiciones laborales sean respetados, debiendo garantizárseles un desarrollo integral, activo y permanente que asegure una Carrera Funcionaria digna, con titularidad, estabilidad y propiedad en el empleo, porque el sistema público de Salud requiere que la promoción y ascenso de sus trabajadores y trabajadoras se haga de manera clara, para otorgar estabilidad funcionaria y la posibilidad de optimizar la situación laboral en virtud de los méritos y la antigüedad de cada trabajador o trabajadora, mejorando el funcionamiento de la red asistencial y, con ello también, la atención al 80 % e los usuarios y las usuarias que se atienden en el sistema público.

Hace unas semanas, un informe emanado desde Contraloría reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país pese a tener licencias médicas, situación que afecta a unas 788 entidades y que se estaría investigando también en Carabineros y FF.AA. para detectar viajes irregulares, licencias prolongadas y posibles casos de “doble empleador”, situación que en los días siguientes incluyó a 14 ministerios, 24 subsecretarías, 16 gobiernos regionales, cientos de municipalidades y docenas de hospitales, entre otros. Según el informe, estas licencias se concentraron entre septiembre y diciembre y duraron en promedio 17,7 días.

Como CONFEDEPRUS, defensores permanentes del Estado y la función pública, rechazamos categóricamente este tipo de prácticas que atentan gravemente contra la probidad y el servicio a la comunidad, perjudicando junto con ello la credibilidad del empleo público y de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el Estado. Junto con ello, al mismo tiempo rechazamos también el aprovechamiento político y los discursos de desprestigio de la función pública de algunos sectores en época electoral, mismos que promueven ideas para debilitar el Estado en beneficio del sector privado y que ven en este caso una oportunidad para generalizar este tipo de situaciones, sin considerar que según la última encuesta del INE, realizada en el trimestre febrero-abril de 2024, el número de funcionarias y funcionarios públicos en Chile es de 1.214.315 personas, correspondiendo esos 25 mil trabajadores/as con licencias médicas al 3 % de la dotación total.

Por otro lado, nuestro gremio ha expresado permanentemente su compromiso por abordar las materias vinculadas al ausentismo en el sector público, tanto por los efectos que tiene y la sobrecarga que genera en los/as trabajadores/as que deben continuar asumiendo cada una de las tareas de nuestras instituciones con dotaciones reducidas, afectando la atención a la ciudadanía, por lo que instalar este debate en la opinión pública a través del desprestigio de la función pública y la labor de los funcionarios y funcionarias de la Salud Púbica que cumplen sus obligaciones con compromiso y muchas veces en plena precariedad resulta injusto y dañino. Es por ello que, junto con la necesidad de fortalecer la persecución de los emisores de licencias fraudulentas, creemos que es importante establecer una clara distinción entre las y los funcionarios que utilizan este derecho como una herramienta legítima de protección laboral y quienes incurren en fraudes, considerando que los niveles de ausentismo en el sector Salud están directamente relacionados con la ausencia de un Estado que pueda garantizar políticas públicas para enfrentar las condiciones de precariedad que deben enfrentar sus trabajadores y trabajadoras.

Frente al anuncio del Ministro Marcel sobre la creación de comités de ausentismo como medida para enfrentar el uso indebido de licencias médicas, queremos expresar nuestra preocupación ya que esta medida, lejos de ser una novedad, ya ha sido implementada desde hace años en el sector Salud, con participación activa de gremios y autoridades. Sin embargo, su impacto ha sido limitado: no han logrado reducir significativamente el ausentismo ni mejorar las condiciones de salud de quienes trabajamos en este sector. Nos parece insuficiente y reduccionista seguir abordando el problema desde una lógica de control y sospecha, sin hacerse cargo de los factores estructurales que afectan la salud física y mental de las y los trabajadores, especialmente en áreas tan demandantes como la Salud Pública.