Debido a la escasa regulación e insuficiente fiscalización existentes en relación con la fijación de precios en los planes de salud por parte de las isapres, en 2007 el tema comenzó a ser judicializado por parte de muchos de los usuarios y las usuarias del sistema privado para frenar, mediante recursos de protección, las permanentes alzas unilaterales sin informar a sus afiliados y afiliadas. Un problema que se fue incrementando y que se vio reflejado también en el aumento de acciones judiciales, las que subieron de 737 en el año antes señalado a 5.214 el 2018, según Ciper Chile, pero a pesar de lo cual a principios de 2019 varias isapres volvieron a anunciar alzas en sus planes de salud, la mayor en los últimos ocho años. La explicación dada entonces por la autoridad fue que dichas alzas se explicaban por diversos factores, entre los cuales estaba el propio incremento de esta judicialización ya que generaba costos para el sistema que se traspasaban a los usuarios y usuarias.
Ese mismo año 2019, los recursos de protección presentados contra las isapres y sus alzas unilaterales llegaron a más de 376 mil recursos presentados. Todo un record, a pesar de los fallos de la justicia en favor de los y las demandantes, a pesar de los cuales las isapres no modificaron los contratos para regular los precios, ocupando una tabla de factores para calcular el precio final que se cobra a las personas por sus planes de salud y que contenía elementos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, el aumento de licencias médicas relacionadas con la pandemia agravó la crisis del sistema, ante lo cual el Gobierno presentó una ley corta para que se pudiera cumplir el fallo sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, la que indica que quienes tengan un plan de salud que se financie con un monto inferior a 7% (un 27% de los afiliados a las aseguradoras privadas), podrán optar a mayores beneficios en sus planes.
El pasado martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de reajuste al sector público, destacando el adelanto de la entrada en vigencia del Índice de Costos de Salud (ICSA), incorporado por el gobierno para mitigar los efectos del fallo de la Corte Suprema a las isapres por sus cobros excesivos a los usuarios y usuarias del sistema privado de Salud, el cual establece el porcentaje máximo en que pueden aumentar los planes de salud, adelantando su entrada en vigencia para abril de 2024. Un “salvataje”, como ha sido catalogado desde diversos sectores, entre ellos nuestro gremio, toda vez que nos parece muy cuestionable intentar salvar la situación generada por cobros excesivos permitiéndole a las isapres adelantar la subida de precios de los planes para pagar la deuda generada por cobros excesivos a esos mismos beneficiarios. Paradójico, por decir lo menos.
Como CONFEDEPRUS rechazamos esta medida para permitir que las isapres puedan aumentar de manera anticipada los precios a sus usuarios y usuarias a través del ingreso de esta indicación a la ley de reajuste de los trabajadores del sector público, pues nos parece una nueva forma de favorecer el negocio de la salud privada en Chile a través de un salvavidas veraniego para favorecer a empresas privadas que durante décadas han incumplido las leyes para enriquecimiento particular a costa de los derechos sociales de las personas. Otro abuso más de un modelo que sigue vigente en la Constitución que se mantiene vigente luego del resultado del plebiscito del pasado domingo, en un país que aún deberá seguir esperando por los cambios sociales demandados por millones de chilenos y chilenas.
