- Presidenta de CONFEDEPRUS expresó que agenda legislativa debe fijarse en sintonía con demandas sociales por cambios de fondo, las que siguen sin respuesta.
Han pasado más de cuarenta días, cerca de un mes y medio, desde que comenzaron las movilizaciones sociales en nuestro país y, sin embargo, las respuestas a las claras demandas ciudadanas por cambios estructurales al modelo no han sido respondidas. A cambio de ello, el gobierno ha desplegado una brutal y violenta represión que hasta el día de hoy registra un saldo de más de 240 personas afectadas por traumas oculares graves, con casos de pérdida total de la visión producto del disparo directo a la cara y a escasa distancia de perdigones y lacrimógenas. Lo anterior, sin contar los diversos episodios de abusos, torturas y vejaciones, varios de ellos contra mujeres. Denuncias que han sido investigadas y confirmadas por competentes organismos internacionales de DD.HH., pero que el gobierno de Sebastián Piñera, al igual que hacen las dictaduras, ha negado.
“El mayor destrozo que se ha producido en nuestro país ha sido el de la institucionalidad democrática, gracias a una clase política que ha dejado de representar a la ciudadanía para defender los intereses de grupos económicos. Por eso, resulta paradojal que sea ese mismo conjunto de partidos, absolutamente deslegitimados, el que pretenda guiar este proceso constitucional en base a un acuerdo político hecho entre ellos y sin haber considerado la participación social”, señala Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS. “Por ello, y junto con diversas organizaciones gremiales y sindicales exigimos legislar en base a las demandas ciudadanas, que tienen que ver con cambiar aspectos estructurales del actual modelo, el que hasta ahora no se ha tocado. El gobierno responde con violencia y genera violencia no dando respuesta a la ciudadanía, y peor aún, pretende seguir haciendo las cosas de esa manera para poner el tema del orden público como prioridad, y así ir dejando las demandas sociales de lado. El enemigo poderoso de la ciudadanía, del que tanto habla el gobierno, es el modelo que Piñera no quiere cambiar, que insiste en no tocar, y eso crea violencia”, agrega.
Para la presidenta de CONFEDEPRUS, la salida a la crisis actual depende de alcanzar una solución política verdadera mediante un proceso constituyente y poder dar respuesta a las demandas sociales que el Gobierno no ha querido resolver, porque ello implica realizar modificaciones profundas al modelo actual. “Es impostergable que los y las parlamentarios y parlamentarias trabajen en temas que son claves para la gente, como salario mínimo de 500 mil pesos, pensiones que partan y sean equivalentes a dicho monto, además de otros derechos sociales garantizados por una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, como la Salud y la Educación. En vez de validar una agenda legislativa que no escucha las demandas porque no considera que el tema tiene que ver con reformas en materia social muy profundas, deben centrarse en los problemas que detonaron el malestar social, esos son los puntos que hay que atacar, pero que no abordan, demostrando con ello el enorme y profundo conflicto de intereses que existe entre un sector importante de la clase política, supuestos representantes de la ciudadanía, y grupos económicos”.
Finalmente, y en relación con la reciente aprobación del proyecto de ley que busca penalizar la movilización social en demanda de derechos laborales y sociales, la presidenta de CONFEDEPRUS señala que “nos parece que es una forma inaceptable de aplastar la legítima demanda social por mejoras en temas sensibles. Quieren impedir que sea posible convocar a la ciudadanía a manifestarse, claramente no les gusta que más de un millón de personas se junte en las calles de todo Chile a decirles que rechazan el modelo que no quieren cambiar. Esto es un avance en la criminalización de la protesta social, y lo que es peor, con votos de partidos que se supone deberían estar del lado de los y las trabajadores/as. Esto significa que a partir de ahora los paros de la Salud podrán ser penalizados como delitos y nosotras y nosotros como dirigentes/as arriesgaremos cárcel, en circunstancias que los que deberían estar en la cárcel son otros. Debemos rechazar de manera unida y categórica este proyecto”, puntualizó la dirigenta.
