La intensa movilización social, que se ha mantenido en las calles durante semanas producto del hastío de la tremenda injusticia social, con un sistema económico donde lo único que importa es el crecimiento macro económico y un poder ejecutivo y legislativo que ha perpetuado en el tiempo estas iniquidades. La ciudadanía demanda cambios de fondo, éstas demandas permitieron poner sobre la mesa la discusión de una nueva Constitución. Una que, a diferencia de la diseñada en Dictadura, debe ser legítima, democrática y no guardar ningún resabio ni sombra de la anterior.
Como CONFEDEPRUS creemos que el acuerdo político sellado entre abrazos y palmoteos por los distintos partidos de gobierno y oposición carece de legitimidad, primero por la escasa representatividad y probidad de algunos de sus integrantes involucrados en graves conflictos de intereses, así como también por no haber considerado a ningún actor social que pudiese expresar sus planteamientos y desacuerdos en el proceso, lo cual a nuestro juicio tampoco da garantías de que la nueva Constitución no herede trampas de la creada en Dictadura, fundada para no morir, sino para perpetuarse mediante diversos engranajes antidemocráticos.
El acuerdo plantea un cuorum de 2/3 (66,6%) para lograr un acuerdo, porcentaje elevado, más aun si se considera el sistema de cómo se eligen los constituyentes, el mismo proporcional que sólo beneficiará a los partidos políticos impidiendo la elección de independientes. Otro factor no considerado es la participación por paridad de género, pueblos originarios, minorías sexuales.
Nuestro gremio de la Salud Pública hace un llamado a estar en alerta ante el actual escenario político, porque si bien es cierto se ha logrado avanzar instalando esta discusión, la solución real y verdadera que exige la demanda social no llegará sin que el gobierno detenga el avance privatizador de su agenda reformista, que de social no tiene nada pues vulnera derechos de millones de personas al ir en desmedro de lo público para beneficio del negocio de grupos económicos, así como tampoco sin una condena y exigencia clara de justicia por parte de los mismos partidos que proponen este acuerdo por la Paz frente a las muertes, violaciones a hombres y mujeres, violencia contra niños, niñas y adolescentes, perdidas de visión y daños oculares.
