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Hace casi 5 años, un 18 de octubre, afloraron las primeras protestas sociales que manifestaron el creciente malestar ciudadano hacia un modelo económico que a lo largo de los años ha ido construyendo un país para ricos y otro para el 90% de la población, con Salud, Pensiones, Educación, Justicia y Vivienda como principales demandas sociales. Una suma de ingredientes que generaron el caldo de cultivo perfecto para que se produjeran una serie de protestas, caracterizadas por la ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social a lo largo del país, que se movilizaron de manera masiva, con millones de chilenos y chilenas en las calles de distintas ciudades. En pocas palabras, una crisis general de legitimidad del sistema económico impuesto y heredado por la dictadura, legitimado en una Constitución fraudulenta que ha determinado un sistema político y democrático concebidos para administrar, profundizar y prolongar el modelo, vigente hasta el día de hoy.

Un modelo que, una vez arrebatados de manera violenta por el golpe de estado de 1973, ha hecho de los derechos humanos fundamentales, como la Salud, un negocio privado cuyo acceso depende del bolsillo de las personas. En este marco, hace unos días la situación de crisis del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso dejó en evidencia la situación de crisis no sólo de ese recinto asistencial, sino de la Salud Pública en Chile, desmantelada de manera sistemática en beneficio del negocio de la salud privada y cuya situación de precarización se hizo aún más palpable durante la pandemia, durante la cual también se hizo visible la insuficiencia del modelo para dar respuesta a necesidades sociales, toda vez que ello no es rol del mercado sino de un estado que debe ser fuerte y robusto para poder cumplir su rol y responsabilidad social hacia quienes vivimos en este país, sin que ellos dependa de la capacidad monetaria de cada quien. En contraste a esto, vemos sin embargo cómo se fortalece el negocio de la salud privada a través del salvataje a las ISAPRES en virtud de una ley corta, mecanismo que como gremio creemos que también debe aplicarse para salvar la Salud Pública mediante mayores recursos para no dejar morir los hospitales de la red asistencial, en los que se atiende más del 80 % de la población del país.

A casi 5 años del estallido social de 2019, las causas que generaron la explosión del malestar social no han cambiado, al contrario. No sólo no se ha dado respuesta a las demandas vigentes de la población, sino que el escenario de corrupción ha ido en aumento tras conocerse diversas aristas y alcances del llamado caso “Audios” y que ponen de manifiesto un entramado diseñado de manera delictual para el enriquecimiento de unos cuantos en perjuicio de lo público. Por ello, como gremio y tal como lo hemos venido haciendo desde hace casi 6 años, exigimos un Presupuesto 2025 que dé respuesta a las demandas y necesidades de los y las profesionales de la Salud Pública, como son Carrera Funcionaria y condiciones de trabajo decente para quienes son el sustento del sistema público y por donde debe comenzar su mejoramiento, de manera de poder enfrentar de mejor manera problemas, entre otros, como las listas de espera y las situaciones de agresión ante esta escasez de recursos que nos impide otorgar una mejor atención a la población.

La situación de precariedad en insumos, infraestructura y condiciones de trabajo decente para las y los profesionales de la Salud que se desempeñan en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso es sólo el reflejo de una situación mucho más amplia y generalizada a nivel país sobre el estado del sistema público. Un estado de profunda y sostenida precarización y desmantelamiento que como CONFEDEPRUS hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, sin que hasta ahora nuestras luchas y demandas hayan tenido acogida favorable, a pesar de compromisos y del hecho que la Salud siga siendo una de las principales demandas sociales no resueltas y que requieren de soluciones con sentido de urgencia.

Mucho hemos dicho y escrito sobre el hecho de que los y las profesionales que componen el equipo de trabajo de la red asistencial y que son su principal recurso siguen en lista de espera respecto de sus justas y legítimas demandas, que nacen de necesidades objetivas y concretas, debiendo enfrentar situaciones de alto desgate físico y mental para poder otorgar condiciones de atención óptimas a la población. Por ello y de cara a la discusión presupuestaria para el próximo año, reiteramos la exigencia de que se pongan todos los recursos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento de nuestros hospitales y la atención de nuestros usuarios. La situación del Van Buren no sólo se vive en este hospital, por lo tanto hacemos el llamado al gobierno a hacerse responsable de esta crisis hospitalaria en dos frentes, a través de una medida legal que permita entregar un presupuesto adicional al Van Buren para terminar su año como corresponde y poder garantizar a los usuarios una buena atención y, por otra parte, considerar a partir de esta grave crisis de la situación hospitalaria del país, las brechas que existen, de manera de poder incorporarlas a la discusión presupuestaria que se viene, donde la distribución de los recursos debe ser justa y equitativa.

El gobierno ha anunciado una proyección de crecimiento que sobrepasa el 1,2 %, más allá de lo proyectado, mientras por otro lado tenemos una ley tributaria para captación de recursos y royalty minero, por lo cual recursos hay para la Salud Pública del país que permitan enfrentar esta crisis, que se viene arrastrando desde hace tiempo y es momento de hacerse responsables. Los trabajadores y las trabajadoras estamos comprometidos con la salud de la población, somos los cuidadores del bienestar Estado, entregando salud a la población, así los señaló el ministro Marcel cuando salíamos de la pandemia por Covid-19, y como garantes de un derecho humano fundamental como es la Salud no podemos guardar silencio. Así como hubo énfasis para sacar una ley corta para salvar a las ISAPRES en la empresa privada, le decimos al presidente que promueva una medida legislativa para fortalecer la Salud Pública de Chile, en donde se atiende más del 80 % de la población.

Durante los últimos días y en el marco de la discusión presupuestaria 2025, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció importantes incrementos de recursos para Cultura y sitios de memoria, sectores históricamente relegados y que resulta indispensable y oportuno relevar en este mes en el cual el golpe de Estado de 1973 fracturó nuestra sociedad. Temas que sin duda deben y merecen contar con apoyos financieros mayores no sólo desde sus necesidades sectoriales, sino también porque forman parte de la preservación de nuestra memoria histórica como país, lo cual como gremio de la Salud Pública hemos incorporado desde nuestros inicios en nuestras causas como organización sindical en defensa no sólo de las y los profesionales de la Salud Pública, sino también de los trabajadores y las trabajadoras de Chile.

En el anuncio presidencial, realizado con motivo de la inauguración del Camino de la Memoria en el Estado Nacional el pasado martes, el presidente Boric recordó que Cultura fue uno de los sectores más golpeados durante la pandemia y pidió dejar de “romantizar su precarización”, en referencia al complejo momento laboral vivido por los trabajadores y trabajadoras del sector debido a todas las restricciones que debieron aplicarse a causa de la pandemia, las cuales sin duda afectaron vastos e importantes sectores del quehacer nacional, incluyendo la Salud Pública del país, que también fue uno de los sectores más golpeados debido a la escasez de recursos y precarización estructural con la que debieron hacer frente a la demanda hospitalaria por parte de la población.

Precisamente estos dos sectores, Cultura y Salud, son los que han tenido el menor nivel de cumplimiento de compromisos por parte del gobierno, según un informe de Ciudadano Inteligente, por lo cual el anuncio hecho por el Ejecutivo en relación con inyectar recursos para el primero va en la dirección correcta respecto de honrar la palabra y saldar parte de esta deuda histórica del Estado, una de varias junto con otras como la de la Salud Pública, cuyos trabajadores y trabajadoras han estado en lista de espera durante décadas por respuestas y soluciones a sus demandas, que nacen de necesidades objetivas y concretas en términos de recursos no sólo para infraestructura e insumos, sino también para mejorar las condiciones de trabajo de las y los profesionales en términos de Carrera Funcionaria e incentivo al retiro.

Por ello y en el contexto de la próxima discusión presupuestaria a iniciarse en octubre próximo, como CONFEDEPRUS hacemos el llamado al gobierno a no seguir dejando de lado al equipo de Salud del sistema público, a cumplir sus compromisos adeudados y no seguir romantizando la labor de quienes sustentan la salud y la vida de la población, realizada con compromiso y vocación a pesar de las precariedades del sistema, quienes necesitan derechos más que aplausos. En esta línea, reiteramos también a los parlamentarios y las parlamentarias el considerar en la discusión presupuestaria los diversos elementos de juicio existentes y que han sido expuestos en distintas ocasiones y espacios para definir un presupuesto 2025 que entregue mayores recursos a la Salud Pública de este país, en donde se atiende el 80 % y cuyo fortalecimiento debe comenzar por mejorar las condiciones de trabajo decente de quienes lo sustentan.

Santiago, 11 de septiembre 2024

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado perpetrado hace 51 años y que implantó a la fuerza el actual modelo económico neoliberal de mercado totalitario en Chile mediante una dictadura cívico-militar de derecha, como CONFEDEPRUS queremos expresar nuestro dolor por la enorme y persistente vulneración de Derechos Humanos contra la población, ejercida no tan sólo a través de los asesinatos, torturas y desapariciones ejecutadas durante aquella época por las fuerzas armadas de nuestro país en contra de sus compatriotas, sino también por las consecuencias sociales que hasta el día de hoy siguen vulnerando la vida de millones de chilenos y chilenas a través del secuestro de sus derechos sociales y humanos básicos arrebatados, como son Pensiones, Educación, Vivienda o especialmente en nuestro sector con el desmantelamiento de la salud que hasta el día de hoy no cumple con estándares mínimos internacionales.

La imposición violenta de este modelo económico de capitalismo radical llamado neoliberalismo
costó miles de vidas para poder operar, mediante mecanismos que durante décadas han funcionado en favor de la acumulación de riquezas para unos pocos a costa de la desposesión y la precarización de millones. Un país diseñado y construido a la medida de los intereses y conveniencias de una élite político-empresarial que, gerenciando Chile como una empresa, alienta el discurso del crecimiento no con objetivos de redistribución, inversión en políticas públicas o generación de industria nacional, sino bajo la mirada y los apetitos del acaparamiento de la riqueza, dentro de una matriz extractivista y exportadora de materias primas sin valor agregado. El Chile que han construido algunos en beneficio de ellos mismos, una patria que no acoge a todos y todas, excluyendo especialmente a quienes generan la riqueza del país, como son sus trabajadores y trabajadoras.

Por ello, como CONFEDEPRUS creemos que tras haber superado ya el medio siglo de esta fractura
institucional y social de la cual hoy se cumple un año más, la mirada debe pensarse en las luchas que deben seguir dándose por el país aún pendiente, ese del cual estuvimos cerca hace un par de años durante el primer proceso constitucional, pero cuyo sueño fue saboteado una vez más por los mismos sectores de siempre, esos que nunca están dispuestos a cambios que puedan poner en riesgo sus privilegios, dentro de un sistema de profundas desigualdades que se nutren del abuso. En honor a la memoria y el sufrimiento de todos y todas quienes fueron asesinados, torturados y desaparecidos y los que aún sufren las consecuencias que la dictadura legó al país a través de la actual Constitución y modelo económico, el llamado que nace de nuestro compromiso histórico es a mantener la lucha sindical y social por el Chile que queremos. Construir el país pendiente es tarea y desafío de las fuerzas sociales, del feminismo, de los estudiantes, de los trabajadores y las trabajadoras.

Que las adversidades nunca marchiten nuestra lucha, que siempre florezca la esperanza.

DIRECTORIO NACIONAL

Septiembre es un mes ineludible para nuestra historia como país. Un mes que, aunque pasen los años, sigue presente, porque ha marcado hasta el día de hoy lo que es nuestra realidad en distintas áreas de nuestra vida nacional, las que aún no hemos podido superar a pesar del paso del tiempo. Un mes que nos ha legado una herencia que ha sido un pesado lastre en la lucha por la recuperación de derechos sociales y humanos arrebatados a la fuerza en aquel nefasto golpe de Estado que implantó, a través de una dictadura, el actual modelo neoliberal, el verdadero cáncer que ha trastocado valores, como el derecho a una buena vida. Septiembre llega con olor a primavera y flores, pero también a sangre y muerte.

Más de cinco décadas han transcurrido desde aquel 11 de septiembre que fracturó la democracia y la convivencia social en Chile, evento cuyos efectos permanecen vigentes hasta hoy y que trascienden distintas dimensiones de nuestra sociedad. Los derechos sociales pasaron a ser derechos de consumo, a través de la privatización de ellos, como la Salud, que hasta ese momento había tenido un desarrollo favorable en términos de logros sanitarios gracias al avance del movimiento popular en sus demandas históricas por una sociedad más justa y que desde la década del ‘40 permitió la construcción de un proyecto de Salud Pública con una base técnico-científica, que se materializó en 1952 con la creación del Servicio Nacional de Salud, un sistema público que incluyó las actividades promocionales, preventivas, curativas y rehabilitadoras y que fue un ejemplo para América Latina. Modelo que alcanzó su más alto nivel en el gobierno de Salvador Allende, el que definió a la Salud como un derecho cuya garantía era una obligación ineludible del Estado.

A más de 50 años del golpe cívico-militar, la Salud Pública en Chile enfrenta un déficit estructural de financiamiento, inequidad en el acceso y calidad de atención, evidenciado por las extensas listas de espera en los prestadores públicos y la crisis en el sistema de Instituciones de Salud Previsional, además de una deuda hospitalaria que alcanza los $103 mil millones, con un traspaso de fondos públicos a prestadores privados que superan los US$1.000 millones al año. Por otro lado, un 61% de la población se declara insatisfecha con la disponibilidad de servicios de salud de calidad, valor que está muy por debajo del promedio de la OCDE, el que alcanza el 33%. De manera similar, el gasto para Salud en nuestro país es insuficiente, inferior al de los países de la OCDE que, en promedio, superan el 8% del PIB. Esta disparidad pone de relieve el problema de desprotección que siente la población, donde el acceso a prestaciones de salud adolece de largos tiempos de espera en el sector público y en el que el acceso a la alternativa privada está condicionado por las posibilidades financieras de cada persona.

Septiembre también nos recuerda, de manera más cercana, el triunfo del rechazo a los cambios sociales propuestos hace dos años a través de una nueva Constitución que buscaba superar el rol del Estado subsidiario por uno garante de derechos sociales y humanos fundamentales, como la Salud. Sin embargo, el manejo comunicacional de la derecha, el uso del miedo y las fake news, arrastraron a sectores populares a ponerse del lado de los intereses de la élite, del gran empresariado, que persistentemente han obstruido las transformaciones en nuestro país. Para todos y todas quienes estuvimos por una nueva Constitución, sin duda el resultado fue desalentador; sin embargo, la historia de las luchas sociales y del sindicalismo no han estado exentas de reveses, pero también de esforzados avances gracias a nuestra resiliencia y persistencia. Por ello, debemos seguir luchando para que vuelva a florecer la esperanza. La demanda social por derechos sociales sigue vigente, tal como lo señala una reciente encuesta de CEP. Las expectativas de cambio social siguen vigentes y latentes en Chile. El ciclo político iniciado el 18 de octubre del 2019 por construir un país más igualitario, no ha terminado, por lo que no debemos perder los ímpetus de transformación, a través de un esfuerzo colectivo que requiere de miradas comunes con objetivos superiores, fortaleciendo el tejido social para que la ciudadanía pueda hacer valer sus demandas sociales, las que hasta el día de hoy no han tenido respuesta. Como CONFEDEPRUS seguiremos luchando por un país más solidario y justo para los millones de chilenos y chilenas que aún esperan respuesta y solución a sus demandas.