- Presidenta (s) de nuestro gremio y encargada de la Comisión de Salud Mental, Margarita Paz Araya, señaló que iniciativa carece de legitimidad pues no incorpora participación de la sociedad civil.
A mediados de marzo pasado, el Congreso despachó en tercer trámite el proyecto de ley que regula la protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, específicamente en lo relacionado con su libertad personal, integridad física y psíquica, cuidado sanitario e inclusión social y laboral. De esta manera, la iniciativa quedó en posición de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, lo cual ha generado la reacción adversa de diversas organizaciones, entre ellas CONFEDEPRUS, al considerar que este proyecto de ley no incorpora gran parte de las observaciones sugeridas por las distintas entidades expertas en la materia, omitiéndose además asuntos claves como las garantías en prevención y promoción, las sanciones ante prácticas de tortura y la necesidad de aumentar el presupuesto en Salud Mental, entre otros.
“Este proyecto da cuenta del lugar que ocupa la salud mental a nivel de prioridad para este gobierno. La salud mental es un derecho humano que debe ser garantizado reconociendo la existencia de los determinantes sociales que la causan como derecho a protección social, vivienda, agua, trabajo, minimizando el rol del Estado como garante de derechos. Además, no garantiza el derecho de las personas a ejercer el consentimiento libre e informado ante algún tratamiento médico, lo cual contraviene tratados y normativas”, señala Margarita Paz Araya, presidenta (s) y encargada de la Comisión de Salud Mental de CONFEDEPRUS
“Al igual que otros proyectos impulsados por el Ejecutivo, este carece de legitimidad pues no contempla participación ciudadana, contradiciendo lo establecido en el propio Plan Nacional de Salud Mental 2917 – 2025 al no incluir a organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la salud mental. Por ello, exigimos que la decisión presidencial se postergue hasta incorporar la participación e indicaciones de la sociedad civil, así como también que la salud mental sea un derecho humano, garantizando su promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación”, agregó.
