- Presidenta de CONFEDEPRUS se refirió a rechazo en Cámara de Diputados de proyecto de ley del Ejecutivo sobre reajuste para el Sector Público, el que calificó como “un gran fracaso para el gobierno”.
Luego de dos semanas de diversas reuniones e intensas negociaciones entre los ministerios de Hacienda y del Trabajo, encabezados por Ignacio Briones y María José Zaldívar, respectivamente, y la Mesa del Sector Público, finalmente el pasado martes se alcanzó un acuerdo parcial sobre el reajuste fiscal 2020 entre el gobierno y 10 de los 16 gremios que componen este bloque sindical, el más grande e importante del país, siendo ingresado al Congreso para su tramitación y resultando rechazado este miércoles por la Cámara de Diputados. La propuesta oficialista contemplaba un aumento escalonado de 2,8 % para aquellos funcionarios/as con renta bruta mensual menor a $ 2 millones, lo que significa un 0,1% real según IPC 2019, y de 0,7 % para quienes tuviesen un sueldo superior a esa cifra, -2% real, es decir una devaluación del poder adquisitivo, además de bonos con reajuste de 2,7 %, para sueldos menores a 2 millones y medio.
“Las 6 organizaciones del sector público que no suscribimos el acuerdo con el gobierno manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley ingresado por el gobierno, por lo que requerimos a los diputados y diputadas que rechazaran la Idea de legislar este proyecto de Ley, para exigir al gobierno que ingrese una nueva versión del proyecto que incorpore las demandas y reparos realizados por nuestras organizaciones durante las negociaciones. Por ello, para nosotros y nosotras esta votación, además de sorpresiva, representa un reconocimiento a la validez de nuestra demanda y un gran fracaso para el gobierno”, expresa Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, una de las organizaciones que no suscribió el documento. Postura que fue criticada por el ministro Briones, quien defendió el acuerdo, acusando a los gremios no firmantes de tener “doble discurso” en materia de desigualdad.
“Durante todo el proceso de negociación, el ministro instaló falacias, primero con su propuesta de reajuste escalonado que en términos prácticos significa la pérdida de poder adquisitivo, nivelando siempre hacia abajo y luego sacando beneficios (bono término), e incluyendo trampas como queriendo incluir en el proyecto cuñas o formas de trabajo nunca conversadas con los trabajadores/as, como el teletrabajo, que claramente apuesta a reforzar la precariedad laboral. Todo esto a espaldas de la contraparte, además de manifestar una gran arrogancia y una actitud de desprecio manifiesto con los y las trabajadores/as y sus representantes. Por otra parte, la desigualdad no se combate cargando el costo a los trabajadores públicos y sin tocar a los empresarios, que es lo que se desprende de la oferta del gobierno. El aumento propuesto está por debajo del IPC, algo nunca antes visto, lo que implica rebajar en la práctica los ingresos de miles de funcionarios/as públicos/as y que el costo de enfrentar las desigualdades y las demandas ciudadanas sea de cargo de los trabajadores y sus familias, sin tocar al 1% más rico del país. Rechazamos este reajuste diferenciado, que impone una pérdida de ingresos para más de 100 mil funcionarios/as. Ningún reajuste de remuneraciones puede implicar la pérdida de poder adquisitivo. Así también, otro punto relevante para los 6 gremios es que se establezca como sueldo mínimo la suma de $500.000 líquido. Como trabajadores y trabajadoras públicas seguiremos haciendo todas las gestiones necesarias para seguir defendido la dignidad de los y las trabajadoras de la salud Pública, que es nuestro fin último”, agrega Villaseñor.
Cabe consignar, finalmente, que CONFEDEPRUS junto a los gremios no firmantes de la MSP sostuvieron una reunión durante la tarde de este jueves en el ex Congreso Nacional con la senadora Yasna Provoste y senadores Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes, solicitando que el proyecto contemple propuestas de reajuste parejo, sin pérdida de capacidad adquisitiva, con línea de corte superior a los 2 millones bruto y que se reponga bono por término de conflicto, esto ante la factibilidad que el gobierno ingrese el mismo proyecto al Senado.
