El pasado lunes 29 de enero el Senado despachó, casi por unanimidad, el “proyecto de ley corta de ISAPRES”, la iniciativa presentada por el gobierno en mayo de 2023, está destinada a dar viabilidad al sistema privado de Salud, una salida a las aseguradoras de salud privada tras un fallo de la Corte Suprema que, entre otras cosas, las obliga a ajustar el valor de sus planes a una nueva tabla de factores y devolver cobros excesivos a sus afiliados y afiliadas. El proyecto de Ley retomará la discusión en marzo, tras el receso legislativo de febrero, en la cámara baja.
Una de las indicaciones aprobadas más polémicas fue la mutualización de la deuda de las aseguradoras privadas, la que rebaja a menos de la mitad el monto que las ISAPRES deben devolver a sus afiliados según el fallo de la Suprema. De acuerdo a cálculos de la Superintendencia de Salud, la deuda de las aseguradoras ascendería a unos 1.180 millones de dólares, pero el informe del Comité Técnico Asesor creado por la Comisión de Salud del Senado aplicó un criterio diferente y mutualizó la deuda, incorporando a todos los afiliados y afiliadas del sistema, con lo que la cifra fue rebajada hasta los 451 millones de dólares. Parámetro que, de aplicarse, estaría incumpliendo el fallo del máximo tribunal, por lo cual un grupo de senadores anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional para que declare inadmisible esta aprobación.
¿Qué significa esta iniciativa -presentada por la derecha- de la mutualización? En líneas gruesas, se trata de compartir los riesgos y los costos de esta deuda para ir en beneficio del negocio de las ISAPRES con plata de los afilados y afiliadas. Una deuda que nace de la discriminación a los usuarios de las aseguradoras y que la deberán terminar pagando los mismos afectados. Es decir, se les rebaja la deuda a más de la mitad -un perdonazo de casi mil millones de dólares- y el resto se reparte entre los afiliados y afiliadas, perpetuando un modelo de abuso que resulta escandaloso. Es insólito que los mismos que han denigrado el concepto de solidaridad para las pensiones de las personas, ahora estén a favor de esta “solidaria” mutualización para compartir el pago de la deuda contraída por las ISAPRES gracias a sus cobros abusivos.
Y no sólo esto, ya que además otra de las indicaciones controvertidas, presentada por el gobierno, autoriza a las aseguradoras aplicar nuevas alzas en sus precios base, aumento que podría llegar hasta un 41% en algunos casos para lograr el equilibrio financiero de la industria, con el argumento, esgrimido por las ISAPRES, que si cumplen a cabalidad la sentencia de la Corte Suprema, podrían enfrentar la quiebra de su negocio, dejando a cerca de tres millones de afiliados y afiliadas sin cobertura. Es decir, que puedan subir los montos de los planes sin tope, contraviniendo el fallo de la Corte Suprema. Un nuevo triunfo para las ISAPRES que, al igual que con las AFP, privatizan las ganancias y socializan las pérdidas, en la lógica perversa y torcida de este sistema de acumulación por desposesión.
Como CONFEDEPRUS rechazamos este perdonazo, pues nos parece una nueva forma de favorecer el negocio de la salud privada en Chile a través de este verdadero salvavidas veraniego para favorecer a empresas privadas que durante décadas han incumplido las leyes para enriquecimiento particular a costa de los derechos sociales de las personas. Otro abuso más de un modelo que sigue vigente en un país que aún deberá seguir esperando por los cambios sociales demandados por millones de chilenos y chilenas.
