En Chile, las cifras de problemas de salud mentales registran cifras alarmantes. Diversos estudios señalan y reafirman altos índices entre la población, especialmente en temas relacionados con ansiedad y depresión, así como también tasas considerables en el consumo de alcohol y drogas, estimándose según algunos estudios una prevalencia del 40 %, sólo entre niños y adolescentes. Es decir, uno de cada 10, con todo lo que ello implica en términos de posibilidades reales de tratamiento efectivo para evitar su proyección en el tiempo. Otro estudio, el informe de estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2022, reveló preocupantes datos sobre el aumento de las enfermedades de salud mental, llegando al 67% y siendo la principal afección de los trabajadores y las trabajadoras en Chile, más afectadas sobre sus colegas del sexo masculino, según los mismos datos del estudio. El alto número de licencias otorgadas por esta causa reafirma dicha realidad.
Sin embargo, y a pesar de estas evidencias que vienen arrastrándose desde hace bastante tiempo de manera ascendente, sobre todo luego de la pandemia, el presupuesto público destinado a su tratamiento y prevención sigue siendo escaso, siguiendo la misma pauta de la Salud Pública en nuestro país, la que año tras año, y durante décadas, no ha contado con recursos suficientes. Gobiernos que no han logrado entender que contar con presupuesto, infraestructura y personal necesarios para tratamientos eficaces es un imperativo de protección social.
El presupuesto fiscal destinado a la salud mental apenas supera el 2% del total del presupuesto en Salud, cifra que está muy por debajo del 5% que se propuso como meta en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría de los períodos 2000-2010 y 2015-2025, cifra de acuerdo al promedio mundial. A su vez, la cobertura de atención en salud mental en Chile alcanza aproximadamente a no más de un 20% de la población, muy bajo comparado con otros países. Eso demuestra que la salud mental en nuestro país siempre ha sido vista como el “pariente pobre” de la Salud, asociada con aspectos de bienestar meramente físico y dejando de lado la parte mental, como si fueran temas separados, aparte. Y la verdad es que toda persona es un organismo vivo compuesto de distintas partes, cuya adecuada forma de interactuar puede ir en favor o perjuicio de la salud integral del organismo. En este sentido, el componente mental es fundamental para una buena salud general, toda vez que las enfermedades mentales empeoran la calidad de vida y aumentan el riesgo de enfermedades físicas.
Pero no basta con enfrentar esta problemática únicamente de manera reactiva, mediante el tratamiento de sus consecuencias, sino fundamentalmente de manera preventiva y en ello los determinantes socioambientales y económicos son relevantes. Condiciones de vida que muchas veces son factores decisivos de la salud mental de muchas personas, chilenos y chilenas precarizados en sus condiciones laborales, con salarios bajos, con un alto costo de los insumos básicos necesarios para la existencia, sin acceso a una Salud Pública, universal, gratuita, oportuna, digna y de calidad, sin la posibilidad tampoco de disfrutar de una vivienda digna donde poder hacer una vida familiar. De hecho, y de acuerdo a cifras entregadas por UNICEF, un 71% de los niños, niñas y adolescentes chilenos recibe algún tipo de violencia ejercida por alguno de sus cuidadores primarios, lo que hace de la violencia intrafamiliar una de las principales fuentes de trastornos mentales.
Por otro lado, no podemos olvidar los varios casos de personas de edad, jubilados y jubiladas, que al recibir una pensión miserable e indigna han decidido poner fin a sus vidas, como el resultado final de un sistema inhumano que empobrece a las personas y que debe terminar. Y, junto con todo lo anterior y dentro del marco de los 50 años del golpe militar, la importancia sobre el acompañamiento y tratamiento de salud mental de los afectados por trauma ocular durante la revuelta social, episodio que ha significado el suicidio de cuatro víctimas de graves violaciones a los DD.HH. desplegada durante el gobierno de Piñera ante el abandono del Estado.
Por esto, como CONFEDEPRUS reiteramos la necesidad de otorgarle a la salud mental una atención digna y con el mismo nivel de importancia a la que tiene la salud física, toda vez que es un determinante fundamental para el bienestar general de las personas y su buen vivir, el que debe quedar consagrado a nivel constitucional y garantizado por el Estado.
