Como CONFEDEPRUS, hemos luchado desde nuestros comienzos por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras profesionales de la Salud Pública centralizada que representamos en la Mesa del Sector Público, en cuanto sus condiciones laborales y de garantías de trabajo decente, entendiendo que el fortalecimiento del sistema parte desde su equipo de trabajo, piedra angular que tiene directa relación además con otro derecho, como es el de la población a tener acceso a una atención digna, oportuna y de calidad.
En este marco, en agosto pasado y junto con otros gremios del sector, sostuvimos una reunión con Digedep y RRLL para retomar la mesa de carrera funcionaria, en la cual expusimos la situación de las distintas plantas de los funcionarios y funcionarias de la Salud, señalando el retraso que existe con los ascensos en los estamentos auxiliares, administrativos y técnicos, además de insistir en la urgencia de acelerar los procesos pendientes de algunos de ellos, eliminando aquellas trabas que han hecho imposible lograr este objetivo, como es el de una nueva carrera funcionaria. Para ello, además, se requiere tener claridad acerca de las propuestas expuestas por la autoridad, las que hasta ahora nos parecen insuficientes respecto de poder lograr un incremento mayor respecto, por ejemplo, del ingreso de contratas a la titularidad, de manera de alcanzar al menos el 80% de titulares y mejorar porcentajes en grados para permitir, por fin, una carrera funcionaria.
Las y los profesionales de la Salud Pública merecen que sus derechos en relación con sus condiciones laborales sean respetados, debiendo garantizárseles un desarrollo integral, activo y permanente que asegure una carrera funcionaria digna, con titularidad, estabilidad y propiedad en el empleo. Porque el sistema público de salud requiere que la promoción y ascenso de sus trabajadores y trabajadoras se haga de manera clara, para otorgar estabilidad funcionaria y la posibilidad de optimizar la situación laboral en virtud de los méritos y la antigüedad de cada trabajador o trabajadora, mejorando el funcionamiento de la red asistencial y, con ello también, la atención a los usuarios y las usuarias del sistema.
La ley 20.972 discriminó a los profesionales, hoy sólo el 22% de ellos se encuentran en la titularidad, lo que implica que un 78% no tiene acceso a una carrera funcionaria, transgrediendo el artículo 10 de la ley 18.834, donde se señala que al menos el 80% debe ser titular. Aquellos afortunados que se encuentran en el 22%, no lo son tanto, ya que la estructura dada en la planta se asemeja a un embudo invertido, impidiendo una real carrera funcionaria.
Como CONFEDEPRUS reiteramos la necesidad de actuar con sentido de urgencia para resolver y dar respuestas a estas legítimas demandas, lo cual requiere, además de mayor periodicidad en las reuniones, que éstas también den frutos concretos mediante metodologías de trabajo efectivas y eficaces que permitan alcanzar, al más breve plazo (diciembre 2023), un protocolo de acuerdo con una nueva ley de encasillamiento que haga justicia a las y los profesionales aumentando y mejorando la distribución de los cargos titulares eliminando grados de inicio y creando nuevo grado tope en la planta, como parte del cambio estructural para una carrera funcionaria que sea capaz de garantizar, a través de una adecuada administración de personal, la igualdad de oportunidades para el ingreso, la capacitación, el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones por mérito, antigüedad e idoneidad.
Las condiciones laborales, económicas, una real carrera funcionaria y propiedad en el empleo son piedra angular para una reforma integral a la salud que dé garantías de calidad, oportunidad y universalidad.
