Polémica generaron los dichos de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, el pasado jueves 14 de marzo en un programa de conversación en el cual la autoridad emplazó al sector privado por los bajos salarios generalizados, las brechas de género, la falta de equidad salarial y las prácticas antisindicales existentes en el mundo del trabajo. Esto, en medio de la necesidad de impulsar el estancado mercado laboral en el país, marcado por la dificultad de los chilenos de llegar a fin de mes en un país donde el sueldo mínimo alcanza los $ 460.000 y las cifras de desempleo llegan al 8,4%, con 250.000 empleos menos de los que existían antes de la pandemia y donde la informalidad alcanza el 27,5%. Realidad que impacta mucho más fuerte a las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público, especialmente en áreas tan feminizadas como es la Salud Pública. De hecho y según el Reporte OCEC 2022, las mujeres en Chile perciben ingresos 21,7% inferiores a los hombres.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas, facilitando el progreso social y fortaleciendo a las comunidades. Concepto que tiene que ver con lo que debería ser un buen trabajo o un empleo digno, con un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, sin brechas que condicionen la oportunidad de ascender en el trabajo, más allá de si se trata del ámbito privado o público, en los cuales el respeto a los derechos de las personas en general -y de las mujeres en particular- es fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Una situación que pone de manifiesto la creciente preocupación por la equidad salarial y la inclusión social, dentro de un mercado laboral excluyente hacia las mujeres tanto en términos de participación como de salario.

Por ello y en el marco del Mes de la mujer, como CONFEDEPRUS hacemos extensivos los dichos de la autoridad respecto de su llamado al mundo empresarial a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado y emplazamos al gobierno a aplicar el mismo sentido de urgencia con los trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública de Chile, cumpliendo finalmente sus compromisos adquiridos en el programa con quienes hemos sostenido la salud y la vida de la población no sólo durante la pandemia, con todas las precariedades de un sistema desmantelado en beneficio del negocio de la salud privada, sino desde siempre, con demandas que se han mantenido en el tiempo sin soluciones reales, como es la de Carrera Funcionaria para los equipos de Salud de la Red Asistencial, en donde el 75% de su dotación está compuesto por mujeres que siguen esperando mejores condiciones para un trabajo digno y decente.

 

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