El pasado martes estuvimos junto a diversas organizaciones y la CUT en el Congreso Nacional de Valparaíso, movilizados para manifestarnos en contra del proyecto de ley, presentado e ingresado por el Ejecutivo, que recorta las licencias médicas de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, esto a raíz del uso fraudulento detectado por Contraloría correspondiente a una minoría de funcionarios y funcionarias y que en el área de la Salud Pública se traduce en un porcentaje mínimo en comparación con quienes sí trabajan con vocación y compromiso para la seguridad y protección de la población.       

El año pasado, la Seguridad Social en Chile cumplió 100 años, conquistada como derecho gracias a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de nuestra historia para mejorar sus condiciones laborales y de salud, aspectos básicos que les permitan poder garantizar derechos sociales y humanos fundamentales para el bienestar de la población. Durante el siglo XIX, nuestro país vivió una serie de cambios sociales y políticos que empeoraron las ya débiles condiciones laborales y salud de la población, exponiendo a los trabajadores, las trabajadoras y sus familias a situaciones de vulnerabilidad y pobreza. Esto llevó a que en 1924 Chile fue el primer país de América Latina en establecer un programa de Previsión Social, consistente en un sistema de Reparto financiado con aportes del empleador, recursos estatales y un porcentaje del sueldo de los trabajadores (as). Estos recursos iban a un fondo común con el cual se financiaban las diferentes prestaciones que el sistema otorgaba.

El elemento central de este modelo era la solidaridad, un concepto de sociedad como un organismo vivo cuya salud dependía en medida fundamental de las relaciones entre sus componentes, desarrollándose nuevas instituciones e instrumentos para su crecimiento y profundización. Sin embargo y fundamentalmente a partir del golpe de Estado y la implantación de la dictadura, el paradigma cambió desde una concepción de bien común hacia el bien individual, desde ciudadanos con derechos a clientes funcionales a un modelo neoliberal de mercado en el cual el afán de lucro reemplazó a la solidaridad y responsabilidad social como directrices orientadoras.

¿Qué derechos están asociados a la Seguridad Social? En Salud, el acceso a servicios preventivos, curativos y de rehabilitación, incluyendo atención médica, hospitalización y medicamentos. En pensiones, protección económica en la vejez, invalidez y para los sobrevivientes en caso de fallecimiento del trabajador. Ante el desempleo, apoyo financiero para quienes pierden su empleo de forma involuntaria. En situaciones de invalidez, protección económica en caso de incapacidad laboral permanente. Para la maternidad y paternidad, licencias y subsidios para padres y madres durante el embarazo y el periodo de cuidado del recién nacido. Así también, ofrece cobertura de gastos médicos, indemnizaciones y pensiones en caso de accidentes o enfermedades derivadas del trabajo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al igual que apoyo a las familias a través de subsidios, asignaciones familiares y otros beneficios.

Por ello, es importante defender estos derechos a partir de la defensa y protección del empleo público y de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en beneficio de los derechos sociales y humanos fundamentales de la población.   

Hoy se cumple un año desde la entrada en vigencia de la Ley Karin, la que fue diseñada y aprobada para cambiar las relaciones laborales de modo de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Dicha legislación, que modificó el Código del Trabajo y normas laborales en el sector público, no ha estado exenta de complejidades en su implementación, observándose diversos problemas y desafíos pendientes, principalmente relacionados con las demoras que ha habido para adaptarse a esta nueva legislación. 

Desde Confedeprus valoramos la entrada en vigencia de esta ley, ya que representa un avance respecto del enfoque más bien reactivo que existía ante el conflicto, el cual ahora está centrado en la prevención, obligando la normativa al empleador a hacerse cargo del acoso y la violencia en el trabajo, debiendo investigarla para determinar responsabilidades y sanciones. Sin embargo, es en su implementación en donde ha habido trabas, señalándose como una de las principales la falta de recursos con que la Dirección del Trabajo y las instituciones públicas han debido hacer frente a la gran cantidad de denuncias presentadas por acoso laboral. Es por ello que el pasado 11 de junio junto a la diputada Ana María Gazmuri ingresamos diversas indicaciones de modificación a esta ley, para que se vaya acomodando a la realidad que estamos viviendo en el sector Salud, donde las denuncias han ido en aumento y no tenemos las resoluciones necesarias, siendo necesario que se incorpore a los gremios en la elaboración y ejecución de los protocolos.

Lo anterior ha generado un retraso en la resolución de casos, promediando entre 4 a 6 meses, muy lejos de los 30 días que por ley se exige para resolver las denuncias, lo cual afecta la eficacia del sistema toda vez que el trabajador o trabajadora que decida presentar una demanda tendrá la acción caduca, generando un impacto negativo en las expectativas respecto a la resolución del conflicto. Situaciones que, especialmente dentro del sector Salud, afectan principalmente a mujeres, quienes lo componen de manera mayoritaria y que han presentado la mayor cantidad de denuncias, lo cual evidencia su mayor vulnerabilidad en el mundo laboral. Una realidad que nos toca enfrentar habitualmente y que afecta fuertemente las condiciones de trabajo decente que demandamos a la autoridad, en materias que tienen que ver con la honra de las personas y sus familias, así como la integridad física, psíquica, sin que ello deba significar que bajen las contrataciones de trabajadoras o sus desvinculaciones para evitar este tipo de conflictos, debiendo actuar ante este tipo de hechos de manera preventiva.

En definitiva, a un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin aún persisten desafíos para su implementación, además de efectuar actividades de orientación, sensibilización y capacitación dirigidas a todos los trabajadores y trabajadoras, porque no basta con dictar los reglamentos o establecer los procedimientos si no hay una tarea de divulgación de cuáles son las obligaciones de los trabajadores y el tipo de conductas que están prohibidas por la ley.

Esto, dentro de la materialización de una parte del Convenio 190 a través de esta normativa, la cual nuestro país ha suscrito y que debe cumplir de manera cabal.