Este domingo 7 de mayo, y de acuerdo al itinerario constituyente en marcha luego del rechazo a la primera propuesta constitucional votada en septiembre pasado, la ciudadanía está convocada a participar en una nueva elección, la que será de carácter obligatorio para quienes estén dentro del territorio nacional, de manera de poder elegir a los y las 50 consejeros y consejeras que conformarán el consejo constitucional, el que deberá analizar el anteproyecto redactado por la Comisión Experta, pudiendo entregar otras propuestas para incorporar al texto constitucional. Un “Comité de Expertos” integrado por personas predefinidas como idóneas, que han elaborado un borrador dentro de cuyos márgenes la Comisión Constitucional podrá moverse, siendo supervisados por estos mismos expertos y expertas, los que no podrán votar, pero sí tendrán derecho a voz dentro de ese espacio. Es decir, un proceso totalmente tutelado y custodiado para que su avance se mantenga dentro de esos estrechos límites o “bordes” previamente fijados.

Como CONFEDEPRUS hemos cuestionado la fórmula que se ha adoptado para este nuevo proceso, al definirse desde todas sus aristas sin garantías de participación y representación de la sociedad civil, lo cual es profundamente antidemocrático toda vez que se desentendió abiertamente de lo expresado por casi el 80 % de chilenas y chilenos en el plebiscito por una nueva Constitución de 2022, quienes de manera clara y categórica dijeron no querer la participación de partidos políticos dentro del proceso. En esta ocasión, la ciudadanía fue derechamente excluida del proceso, el que finalmente terminó siendo cooptado por los mismos sectores de siempre.

Sin perjuicio de lo anterior, y dentro de un margen de acción tan limitado para lograr cambios como al que nos enfrentamos -tal como lo estableció Jaime Guzmán, el ideólogo de la Constitución de la Dictadura que aún nos rige- creemos también que es relevante poder optar por aquellos candidatos y candidatas cuya elección tenga en su base el compromiso a la garantía de derechos fundamentales, en particular la garantía del Derecho Humano a la Salud, al trabajo decente y la seguridad social. Debemos avanzar hacia las transformaciones sociales que Chile necesita para construir un país más justo equitativo e igualitario, accediendo a un cambio real en el modelo imperante.

A 50 años del golpe de estado, espacio histórico donde los Derechos Humanos fundamentales de millones de chilenas y chilenos fueron arrebatados de manera violenta, necesitamos avanzar más que nunca en su recuperación. Como trabajadoras y trabajadores de la Salud estamos convencidos que la organización y unidad social y sindical es fundamental para trenzar nuestras luchas y deberemos demostrar esa fuerza en las urnas con un voto que elija representantes en sintonía con la garantía de los Derechos Humanos Fundamentales, como la Salud y, con ello, el buen vivir para todos y todas quienes habitamos este país.

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