EDITORIAL: Legislar para el pueblo, no para el abuso
El pasado martes 18 de junio fue dado a conocer en la Cámara de Diputados un extracto del acta secreta de la Junta Militar en la que se excluyó a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP, revelándose la orden del dictador Augusto Pinochet para encubrir el hecho. Se trata de un documento que fue leído tras una solicitud que realizaron parlamentarios de diversos partidos oficialistas, en medio del debate por la reforma de pensiones en Chile y a propósito de la pugna política respecto del sistema de reparto para las Fuerzas Armadas. “Hay que ponerle una redacción que lleve encubierto lo que vamos a hacer, de lo contrario vamos a aparecer muy mal ante la ciudadanía”, señala parte del documento, dejando en evidencia que existía clara conciencia de la trampa que representaba para millones de chilenos y chilenas el sistema de AFP impuesto a la fuerza.
El poder trasparentar este hecho de interés público contó, sin embargo, con el rechazo de 29 parlamentarios y parlamentarias, quienes a través de su negativa demostraron el interés por ocultar esta información a la misma ciudadanía que supuestamente representan, para impedir que ésta tuviera conocimiento respecto de cómo se legisló y como se estableció este sistema de privilegio que entregó a empresas privadas con fines de lucro el destino de los fondos de pensiones, en desmedro de una gran mayoría condenada a recibir pensiones de miseria, inferior hasta en nueve veces a las de las FF.AA. Algo que dista bastante del patriotismo enarbolado por este sector, cuya empecinada defensa de un modelo que genera pensiones de miseria y sigue enriqueciendo a los grupos económicos más grandes de nuestro país ya no se sostiene por ningún lado, siendo inviable en términos de legitimidad, funcionamiento, éticos y morales.
Así también y dentro de esta misma lógica de defensa de intereses privados, en mayo de este año la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta respecto de la ley corta de Isapres, por lo que el texto quedó en condiciones de ser promulgado como ley. Trámite que hace unos días avanzó con la ratificación de integrantes del Consejo Consultivo, a la espera del quinto miembro que designará el gobierno. Un proyecto que como CONFEDEPRUS rechazamos desde un comienzo, pues nos parece una nueva forma de favorecer el negocio de la salud privada en Chile a través de este verdadero salvavidas para favorecer a empresas privadas que durante décadas han incumplido las leyes para enriquecimiento particular a costa de los derechos sociales de las personas. Otro abuso más de un modelo que sigue vigente en un país que aún deberá seguir esperando por los cambios sociales demandados por millones de chilenos y chilenas.
Es por todo esto que como CONFEDEPRUS y junto a otras organizaciones participamos el pasado 29 de mayo de la convocatoria realizada por la CUT frente al Congreso Nacional de Valparaíso, no sólo para exigirle al gobierno el cumplimiento de su programa y de sus compromisos con los trabajadores y las trabajadoras de Chile, sino también hacer un llamado de atención conjunto a los diputados y diputadas para que, de una vez por todas, comiencen a representar las necesidades de pueblo y legislen en favor de él, no del empresariado. Hoy, nuevamente hacemos el mismo llamado, reiterando la necesidad objetiva de avanzar en las reformas que tienen que ver con seguridad social y en especial con la reforma de Salud, cada día más precarizada, para lo cual es imperioso una Carrera Funcionaria y el cumplimiento de un incentivo al retiro permanente para garantizar el fortalecimiento de la Salud Pública del país, en la que se atiende más del 80 % de los chilenos y las chilenas.
