DECLARACIÓN PÚBLICA

Santiago, 01 marzo 2021

Ante la declaración de admisibilidad por parte del 7º Juzgado de Garantía de Santiago de la querella interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, el Ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla, Jaime José Mañalich Muxi, ex Ministro de Salud y el ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Arturo Zuñiga Jori, y que busca establecer sus responsabilidades en diversos DELITOS DE CORRUPCIÓN en la definición de estrategias sanitarias para el manejo del COVID-19 en nuestro país, como Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, declaramos lo siguiente:

  • Nuestro gremio desde un comienzo cuestionó los hechos denunciados, conforme los antecedentes públicos existentes sobre la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la habilitación de residencias sanitarias, los que planteaban legítimas dudas acerca de los procedimientos de arrendamiento y otras graves irregularidades que ameritaban no sólo investigación, sino también establecimiento de responsabilidades y las sanciones penales que correspondan.
  • En esta línea, apoyamos que se esclarezcan estos hechos constitutivos de delito correspondientes a fraudes al Fisco, como son las contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados, atenciones a “pacientes fantasmas” que se encontraban fuera del país en fecha anterior al período de pandemia en Chile, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, influyendo en decisiones para derivar beneficios económicos particulares bajo el pretexto de desarrollar una “exitosa estrategia sanitaria».
  • Por ello, reiteramos nuestro repudio a todo tipo de conducta relacionada con prácticas de corrupción, las que han vandalizado nuestro sistema democrático, perjudicando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad mediante el desvío de recursos públicos necesarios para que los Estados atiendan necesidades sociales, trasgrediendo además tratados internacionales suscritos por Chile y que son de cumplimiento obligatorio.

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