- Pablo Corvalán Alvarado explicó detalles de acción legal presentada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que es apoyada por nuestro gremio.
Un invitado especial tuvo la reunión del nuevo Directorio Nacional de CONFEDEPRUS del pasado martes 11 de mayo: el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Pablo Corvalán Alvarado, quien participó para dar a conocer detalles de la denuncia presentada por la CCHDH ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Sebastián Piñera, a raíz de la represión policial ejercida brutalmente por Carabineros de Chile desde octubre del 2019 hasta la fecha. Acción judicial a la que nuestra organización se ha sumado, bajo la convicción de que este gobierno debe dar cuenta de sus actos constitutivos de crímenes que vulneran los derechos humanos y que, por lo tanto impactan en el bienestar de la población, es decir en su salud y buen vivir
“Presentamos la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el 29 de abril, con el objetivo de que dicha instancia conociese los hechos acaecidos en Chile desde el comienzo de la revuelta social hasta el día de hoy, y que constituyen crímenes de lesa humanidad. Esta denuncia persigue establecer la responsabilidad penal de Piñera, sus ministros y autoridades civiles y policiales y de todos quienes resulten responsables, habiéndose cumplido los requisitos que establece el Estatuto de Roma reconocido por Chile desde el 2009 y existiendo una ley vigente sobre crímenes de lesa humanidad en Chile (20.357). La acción judicial se presenta contra Sebastián Piñera; los ministros del Interior y Seguridad Pública de la época, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, así como el actual, Rodrigo Delgado; el anterior subsecretario de la misma Cartera, Rodrigo Ubilla, y quien está hoy en el cargo, Juan Francisco Galli; los generales directores de Carabineros, el saliente Mario Rozas y el actual Ricardo Yáñez, así como intendentes y otras autoridades que han ocupado distintas cargos desde esa fecha y hasta el día de hoy”, señala el abogado de la Comisión Chilena de DD.HH., Pablo Corvalán Alvarado.
En relación con los fundamentos de esta acción judicial, el abogado explicó que “tienen que ver con los hechos, actos y omisiones de Sebastián Piñera desde octubre de 2019 hasta ahora, y que han constituido crímenes de lesa humanidad para los habitantes de Chile. Allegamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional numerosos testimonios y antecedentes de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los DD.HH., como homicidios, torturas, vejámenes sexuales, traumas oculares, lesiones gravísimas y abusos de prisión preventiva, que sin duda constituye una vulneración a los derechos fundamentales. Con estas acciones pretendemos evitar la consolidación de un Estado autoritario, como el que tuvimos, y donde las instituciones no funcionaron, quedando la verdad y la justicia relegadas hasta hoy con procesos judiciales con más de 40 años pendientes en los tribunales”.
Proyecto de indulto general para presos políticos de revuelta social
“Estas denuncias han sido rechazadas por todas las cortes de apelaciones de todo el país y por la Suprema, que ha revertido fallos. Quien tenía el deber de evitar esto era Piñera, sin embargo, lo que hizo fue declarar que estábamos en guerra, no asumiendo su responsabilidad y omitiendo acciones de prevención o corrección de la represión policial. Por eso que en base a todos los informes internacionales que requerían al Estado de Chile cesar en el uso de la fuerza desproporcionada de las policías, junto al nulo avance de las investigaciones, son requisitos para poder activar la jurisdicción complementaria de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una vez que un Estado no puede o no quiere ejercer la justicia de manera oportuna y eficaz, como en Chile desde octubre de 2019 hasta hoy, en que ha habido patrones de conducta represiva de Carabineros bajo órdenes del gobierno, bajo el mandato de Piñera, alejados del estándar internacional. Se requiere una trasformación profunda y estructural de Carabineros en base a diversas recomendaciones internacionales, que estén bajo la tuición civil, como en los países democráticos”, agrega Pablo Corvalán.
Finalmente, el abogado agregó que “como Comisión Chilena de Derechos Humanos hemos impulsado también el proyecto de ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta social, ya que la prisión preventiva ha sido una vulneración a los DD.HH. al tratarse de un abuso que priva de libertad a manifestantes, sin pruebas para mantener una medida precautoria de este tipo. Hace pocos días el fiscal Abbot señaló una serie de medidas para activar causas archivadas y la creación de una fiscalía especializada en DD.HH., anuncio que debió tomarse hace mucho tiempo, por lo tanto, nos mantenemos observantes ante el cumplimento de la ley aunque las expectativas son acotadas. En Chile es posible juzgar, investigar y sancionar a aquellos que cometan crímenes de lesa humanidad pues tenemos una ley vigente, pero al no ser considerada por el Ministerio Público o tribunales ha sido necesario recurrir a esta instancia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, puntualizó.
