- A dos décadas desde su entrada en vigencia, desde nuestro gremio surgen miradas críticas sobre los efectos adversos de esta normativa.
En julio de este año se cumplieron dos décadas desde que comenzó a regir oficialmente la ley 19.966, que establece el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) y cuyo objetivo era establecer garantías de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera para las prestaciones de Salud, además de incorporar patologías de alto costo y gran impacto social al debate y al presupuesto. Aspectos sin duda positivos, pero que con la perspectiva del tiempo es posible realizar un análisis sobre sus efectos sobre la población y sobre la Salud Pública.
“Si bien la instalación del GES significó un cambio en el sistema, al establecer ciertas garantías básicas, la experiencia demuestra que sus beneficios iniciales han sido limitados y que, en los hechos,ha profundizado inequidades y debilitado al sector público”, señala Sandra Olivares, vicepresidenta de nuestro gremio, quien detalla algunos de los efectos negativos de dicha normativa. “Hay cobertura restringida, ya que la Salud se redujo a un listado de 87 patologías, dejando fuera múltiples necesidades de la población, además de fragmentación y desigualdad territorial, al depender de la capacidad instalada y de convenios con privados, el GES refuerza brechas entre regiones y comunas”, agrega.
“Junto con eso, se privilegia la atención de enfermedades individuales, invisibilizando los determinantes sociales, colectivos y comunitarios de la salud. La protección financiera resulta insuficiente, el copago del 20% sigue siendo una barrera real para familias de bajos ingresos y el impacto en la gestión hospitalaria por la presión para cumplir plazos GES desplaza atenciones no incluidas, multiplicando listas de espera paralelas y se privilegia al sector privado, ya que el GES ha significado transferencias sistemáticas de recursos fiscales hacia clínicas y prestadores privados, en desmedro del fortalecimiento de la red pública”, puntualiza la vicepresidenta de nuestro gremio.
La implementación del GES ha consolidado un modelo de salud segmentado y mercantilizado. El Estado, en vez de asumir un rol garante de derechos universales, ha actuado como comprador de servicios privados para cumplir formalmente con las garantías, instalándose una lógica de “derechos acotados” que niega la Salud como un derecho social integral.
“Mientras el sector privado crece en infraestructura y financiamiento, la Salud Pública enfrenta presupuestos insuficientes, recortes, falta de personal y listas de espera que se vuelven permanentes. El resultado es un sistema injusto, en el que las garantías existen en el papel, pero no aseguran equidad real ni fortalecen el bien común. Por eso, a 20 años de la implementación del GES resulta imprescindible plantear el debate sobre si seguiremos sumando patologías a un listado restringido o avanzaremos hacia la Salud como derecho garantizado para toda la población”, expresa Olivares.
“El GES profundiza desigualdades, la Salud Pública de Chile no puede seguir siendo subsidiaria frente al negocio privado. Chile requiere una reforma estructural que ponga en el centro la salud como derecho social, con un sistema público robusto, universal y financiado de manera solidaria. Solo así se podrá garantizar equidad real y justicia sanitaria para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía. En esta línea, como CONFEDEPRUS, reiteramos nuestra posición con claridad en relación a la necesidad de avanzar hacia un sistema universal de Salud Pública, con financiamiento solidario, cobertura integral y equidad territorial, de manera de superar la lógica mercantil del GES, que ha precarizado a la red pública y transferido recursos al sector privado, además de reconocer a la salud como un derecho humano fundamental, no condicionado a listados ni a capacidad de pago”, finalizó.
