- “Una vez más se ve transgredido un derecho fundamental de las y los trabajadores de Salud como es la posibilidad de enfermarse y que el empleador no se haga cargo de la responsabilidad que ello conlleva”, señaló Valeria Gallardo, Directora de la Secretaría Jurídica de nuestro gremio.
El pasado día martes 30 de marzo, CONFEDEPRUS ingresó una denuncia ante la Contraloría General de la República solicitando dejar sin efecto el instructivo emanado desde el gobierno que establece que personas contagiadas, sospechosas, probables y estrechas por COVID-19 podrán seguir trabajando de manera telemática sin la necesidad de pedir licencia médica. Al mismo tiempo, nuestro gremio pidió establecer responsabilidad administrativa de quienes vulneran los derechos de las y los trabajadoras/es.
“De acuerdo con nuestros fines institucionales se encuentra el hacer presente y denunciar ante las autoridades competentes cualquier incumplimiento de las normas del estatuto administrativo y otras leyes que nos rigen, ante lo cual, de acuerdo a nuestro que hacer gremial, hemos tomado conocimiento de hechos constitutivos de graves faltas a los principios de legalidad y probidad que invisten los actos (…) en marzo del 2021, mediante los Decretos Ordinarios N° 786 Y 1047, la Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, actuando bajo la orden directa del ministro de Salud Enrique Paris, han intentado regular los aspectos relacionados a licencias médicas correspondientes a los trabajadores y trabajadoras de la salud, evidenciando el ánimo e intención de evadir el cumplimiento legal de respeto y garantía a derechos irrenunciables (…) Las disposiciones de los actos administrativos contenidos en los oficios ordinarios Nº 786 y 1047 transgreden y vulneran los derechos que la Constitución Política de la República y la legislación vigente contempla como garantías para los habitantes de nuestra república, como el Derecho a la Protección de la Salud”, señala parte de la presentación.
Al respecto la Directoria de la Secretaría Jurídica de CONFEDPERUS, Valeria Gallardo, señaló que “hoy una vez más se ve transgredido un derecho fundamental de las y los trabajadores de Salud, como es la posibilidad de enfermarse y que el empleador no se haga cargo de la responsabilidad que ello conlleva, toda vez que el COVID está declarado como enfermedad profesional. A través de estos dos Ordinarios (Nº786, y 1047, de marzo de este año), se señala que las y los trabajadoras/es que hoy tienen teletrabajo podrían renunciar a la licencia si se contagian de COVID y poder trabajar desde sus casas, lo cual atenta contra un principio fundamental del derecho a la Salud. Que la autoridad no se haga cargo de la prevención, promoción y rehabilitación de sus trabajadoras y trabajadores da cuenta, una vez más, que la salud que nos entregan está sólo relacionada al ámbito mercantil, donde sólo se habla de productividad económica y no queremos cuidar el recurso humano, que desde la primera línea sigue atendiendo a las y los usuarias/os con COVID, obligándonos además a volver a trabajar señalando como argumento la inmunidad de rebaño”, expresó.
