EDITORIAL: Avanzar en acuerdos políticos a costa de retrocesos laborales
Este miércoles 27 y tras aprobar el informe de la Comisión Mixta, el Senado aprobó y despachó el proyecto de ley de Presupuesto 2025, cuyo plazo límite era hoy viernes y que contempló la reposición de recursos rebajados o rechazados anteriormente, como los del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del programa de acompañamiento para niños y niñas trans del Ministerio de Salud, además de establecer que en la ley de reajuste del sector público sea obligatoria la capacitación en violencia de género. Por otro lado, el gobierno destacó los acuerdos en materia de seguridad, educación y salud, asegurando que uno de los aspectos centrales de este presupuesto ha sido la priorización de los recursos y los esfuerzos para mejorar la calidad del gasto y de las políticas públicas. Sin embargo, para poder destrabar la discusión con los legisladores de una oposición que se ha caracterizado por poner verdaderas barricadas ideológicas a las reformas que permitan avances sociales, el gobierno debió hacer un recorte fiscal de US$ 600 millones, con lo cual el gasto público crecerá 2% en lugar del 2,7% que contemplaba la propuesta de recorte inicial de US$ 500 millones con que ingresó a su discusión.
Es decir, para poder avanzar y zanjar esta discusión las autoridades decidieron “recortar el recorte”, con todo lo que ello implica en términos de profundizar la precarización de derechos fundamentales tanto laborales de los trabajadores y las trabajadoras como de la población respecto de su atención. Un recorte que viene a complejizar aún más la situación de la Salud y la crisis hospitalaria, en donde se cuentan ya más de 17 mil personas fallecidas en listas de espera por falta de atención oportuna. Y como si lo anterior fuera poco, Hacienda comprometió otros recortes de gasto por US$ 1.000 para poder cumplir con las metas fiscales, señalando que este presupuesto apunta a las necesidades que la economía del país requiere, contribuyendo al crecimiento y a la inversión. Según lo informado, estos “recortes sobre recortes” corresponderán básicamente a la reducción en la contratación de funcionarios/as públicos/as, lo cual va en la línea de sectores de derecha que buscan debilitar cada vez más al Estado en beneficio del sector privado, manteniendo su rol subsidiario en vez de garante de derechos, yendo en contra además de las demandas que los trabajadores y las trabajadoras del Estado han presentado en su pliego de negociación en el marco del proceso de negociación por el reajuste del sector público, como son estabilidad laboral, remuneraciones y cumplimiento de compromisos.
Por ello y en el marco de las negociaciones entre la Mesa del Sector Público y el gobierno por el reajuste salarial de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, dentro de un escenario adverso en términos de restricciones que vulneran derechos laborales fundamentales, tanto por parte de un gobierno que ha incumplido sus compromisos y promesas con el mundo del trabajo como por parte de una derecha que ha obstaculizado todo tipo de avances en materias sociales, con impacto y perjuicio directo para la clase trabajadora, como gremio de la Salud Pública de Chile estimamos que el gobierno del presidente Gabriel Boric no tuvo presente la necesidad social que poder contar con un sistema de Salud Pública que entregue garantías de atención a la población, partiendo por entregar condiciones de trabajo decente a quienes sustentan el sistema, la salud y la vida de la población, desaprovechando la última oportunidad de poder dar respuesta a las necesidades y demandas no solo de los trabajadores y trabajadoras, sino del 85 % de la población que se atiende en el sistema público de Salud y ante lo cual como gremio y junto a los otras organizaciones de la MSP realizamos ayer una jornada de movilización y paro, como parte de nuestras incansables esfuerzos que no cesarán hasta lograr que las calles sean no solamente testigos de nuestras luchas, sino también de nuestras victorias.
