Sabido es que nuestro sistema público de Salud ha venido sufriendo un sostenido desmantelamiento y precarización a todo nivel, partiendo desde lo presupuestario, lo que se refleja en la deficiente e insuficiente infraestructura hospitalaria, la escasez de insumos y la vulneración de derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que conforman la base del sistema. Un desmantelamiento que comenzó a partir del golpe de Estado de 1973, del cual este año se cumple medio siglo, el que arrebató derechos humanos y sociales y que mantiene hasta hoy su lógica mercantilista, defendida por fuerzas conservadoras y reaccionarias a los cambios que millones de chilenos y chilenas demandan.
Por ello, la garantía de las condiciones en las que se desempeñen los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública es un pilar fundamental para garantizar la atención de nuestra población. No poder contar con el personal suficiente y con garantías de trabajo decente, genera una grave crisis, especialmente en estos tiempos de postpandemia en la que tenemos una situación sanitaria con altas listas de espera, para lo cual necesitamos el personal suficiente, pero quienes fueron los héroes y heroínas en la pandemia, hoy parecen mascarillas desechables. En efecto, actualmente existe un ausentismo de un 35 %, es decir, 3,5 de cada 10 trabajadores o trabajadoras se encuentra con dificultades en su salud, principalmente mental, algo que venimos advirtiendo desde el 2019. A junio de este año, llevamos un 16,4 % de ausentismo en nuestros Servicios de Salud y nada dice que no podremos subir esas cifras. Entonces, ¿cuándo nos hacemos cargo de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública?
Como CONFEDEPRUS hemos señalado y reiterado con insistencia que son necesarios recursos urgentes para la Salud Pública de Chile, que permitan garantizar la atención y el trabajo decente de los trabajadores y las trabajadoras del sistema, quienes son la base del mismo, para lo cual se requiere de la voluntad política que dé continuidad del personal asistencial, estableciendo espacios de dialogo útiles y no estériles para cumplir los compromisos asumidos para el fortalecimiento de la Salud Pública de Chile. Para eso, es necesario avanzar en distintos puntos, como otorgar un financiamiento adicional que garantice la continuidad de la totalidad del personal honorarios brecha, estableciendo un proceso de regularización para su mantención permanente por sobre los plazos establecidos, según la alerta sanitaria que está vigente hasta el 31 de agosto.
Hoy, perder el valioso aporte de este grupo de trabajadoras y trabajadores significaría poner en riesgo la atención en Salud, considerando la alta demanda y el alto número de ausentismo en los recintos de salud a razón de enfermedades relacionadas con la persistente sobrecarga laboral y el desgaste en tiempos de crisis sanitaria. Así también, se necesita fortalecer el presupuesto de Salud 2024, para garantizar la concreción de los compromisos firmados en los espacios de negociación pública, de los cuales muchos se arrastran desde hace más de 2 años. Recursos que son necesarios para dotación e infraestructura y cuyas demandas han sido representadas de forma reiterada a distintas autoridades, sin que ello haya significado un real avance para nuestras trabajadoras y trabajadores y donde la falta y/o tardanza en la entrega de información se ha vuelto una constante que debe terminar. El Estado y el modelo económico han impedido entregar los recursos suficientes para contar con infraestructura, insumos y personal adecuado para satisfacer las necesidades de la población, es necesaria una inversión mayor.
La Salud Pública de Chile, sus trabajadores, trabajadoras, usuarios y usuarias, no pueden seguir en lista de espera.
