La educación sexual ha sido, desde siempre, un tema polémico en nuestro país. Complejo de abordar de manera abierta debido a las resistencias e incomodidades que ello genera en ciertos sectores.   Tabú durante largas décadas, dentro de una sociedad que se ha ido construyendo, a través de la historia de Chile, determinada culturalmente por los valores conservadores de los grupos dominantes. Diversos episodios dan cuenta de ello, revelando una postura ideológica muy vinculada políticamente con ideas de derecha, desde cuya trinchera se defienden o atacan iniciativas que puedan ir a favor o en contra de estas ideas y la moral particular que las sustentan. Una moral cuyo rango de preocupación se ubica fundamentalmente entre la cintura y las rodillas, pero que hace la “vista gorda” ante la corrupción, las colusiones, los desfalcos, las violaciones a los derechos humanos y los millonarios robos de las isapres y las AFP, pilares del modelo neoliberal de libre mercado que defienden y quieren mantener, a pesar de todo.

Al respecto, algunos ejemplos: luego del retorno a la democracia formal, entre 1996 y 2001 se llevaron a cabo en nuestro país las Jornadas de Conversación en Sexualidad y Afectividad (JOCAS), las que fueron finalmente suspendidas a raíz de la presión realizada por sectores conservadores de la derecha política y la Iglesia Católica, con la venia de medios de comunicación con agenda conservadora. Posteriormente, en 2003 parte de estos mismos medios (Canal 13, MEGA y UCV-TV), obviaron su responsabilidad social y se restaron de la campaña de salud pública contra el Sida, enfermedad entonces con altos índices de mortalidad, básicamente por la opción del uso del preservativo, lo cual era visto como una forma de fomentar conductas promiscuas cuando de lo que se trataba era de actuar con sentido de realidad y urgencia ante los niveles de contagio existentes.

Y, más recientemente, las críticas -por parte de estos mismos sectores- a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) anunciada por el Mineduc, dentro de un marco de reformas educacionales que están siendo impulsadas en varios países y que fue declarada como derecho humano por las Naciones Unidas, argumentando que se estaría vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e hijas, en circunstancias de que no se trata de oponerse a ello, sino de poder ser un complemento a la educación parental a través de la enseñanza de aspectos emocionales, físicos y sociales de la sexualidad a los alumnos y alumnas, considerando además que la falta de acceso a la educación sexual y reproductiva es una barrera para el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la educación y a la información.

Mismos sectores que se empeñan en difundir que la Educación Sexual Integral promueve la pedofilia y el abuso sexual infantil, que ataca «directamente» a la familia y que promueve una «ideología» de género, haciendo de la difusión de mentiras una costumbre que se ha naturalizado con un desparpajo que ya no sorprende, porque se ha vuelto parte de una rutina, de una habitualidad en la que la tergiversación o manipulación de la información, como parte de un muy mal entendido concepto de libertad de expresión, parece ser norma. Al respecto, mencionar la denuncia realizada hace unos días por supuestos abusos hacia niños de quinto básico en el marco de una “charla de educación sexual” en un colegio de Talcahuano, la cual nunca existió, tratándose de un operativo de salud en el marco del Control de Salud Integral de Adolescentes. Una política de salud pública vigente desde 2012 y que se ha cumplido en los últimos cuatro gobiernos.

A pesar de ello, y anteponiendo el sentido de oportunidad al de realidad (y verdad), la denuncia fue rápidamente recogida y aprovechada por el diputado RN Diego Schalper, quien anunció su incorporación a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Una acción no sólo con claro tinte ideológico, sino también homofóbico. “Entendemos la inclinación sexual que pueda tener el ministro, pero no entendemos que su inclinación la ponga como prioridad en los temas educacionales en nuestro país”, señaló el diputado Sergio Bobadilla (UDI), en referencia a la orientación sexual del ministro, evidenciando otro de los rasgos que son característicos de estos sectores conservadores, como es su homofobia y el rechazo visceral a las diversidades sexuales y los derechos de las disidencias.

Sin embargo, y a pesar de todas estas críticas, tanto expertos como la evidencia comparada a nivel mundial demuestran que no hay resultados negativos observables en los países donde la ESI ha sido implementada, contando incluso con cambios positivos en la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de los jóvenes, sin haber sido factor para acelerar la actividad sexual, sino teniendo un impacto positivo en los comportamientos sexuales más seguros, pudiendo incluso retrasar la edad de iniciación sexual aumentando el uso del preservativo. En esta misma línea, la evidencia ha demostrado también que la educación sexual en colegios es muy importante para ayudar a niñas y niños pequeños a aprender a identificar abusos y prácticas violentas, saber qué conductas hacia ellos son aceptables y el tipo de cariños que es aceptable recibir. En definitiva, la educación sexual y afectiva integral en liceos, escuelas y centros educativos es una herramienta concreta para, precisamente y contrariamente a lo que acusan estas críticas y falsedades, combatir la pedofilia (muchas veces presente en estos sectores) y la vulneración de derechos en la niñez y la juventud.

Estudios internacionales sitúan a Chile como el país con menor desarrollo en la meta específica de educación sexual, ubicándolo en la categoría de “deficiente”. Es de esperar, en consecuencia, que dentro del actual proceso constituyente estas ideas y prejuicios conservadores que históricamente han condicionado y ralentizado el avance social en muchos ámbitos, encarnados en esta instancia por las fuerzas políticas de ultra derecha, no determinen el carácter de la nueva Constitución, ni su visión reaccionaria a incorporar cambios impidan avanzar en derechos y en el resguardo efectivo de nuestros niños y niñas.

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