EDITORIAL: La seguridad social es un derecho humano fundamental
El pasado miércoles 29 de enero y luego de más de dos años de discusión, el Congreso Nacional despachó a ley la “reforma previsional” presentada por el gobierno, el que destacó esta aprobación como “el avance más importante en materia previsional de las últimas décadas” y que contempla aumentos en las pensiones entre un 14% y un 35%, con foco especial en las mujeres, y quienes han cotizado por más años, beneficiando a más de 2 millones de personas. Un hecho que el gobierno saliente toma como un triunfo y que, junto con el pago de la deuda histórica a los profesores y profesoras, la jornada laboral de 40 horas y el aumento del salario mínimo sobre los $500.000 son enarbolados como avances sociales significativos a destacar, en un país donde poder avanzar un poco en recuperación de derechos arrebatados cuesta incluso décadas.
“Lo que hoy día estamos celebrando es poder darle respuesta a la ciudadanía”, expresó la autoridad, reconociendo que no se logró “todo lo que queríamos”, como era el fin de las AFP, pero que de todos modos esta reforma “resguarda la sostenibilidad fiscal”. Afirmaciones que resultan contradictorias al mismo tiempo que reveladoras, puesto que, si el propósito original del gobierno era terminar con el actual sistema de pensiones, lo que hizo finalmente es todo lo contrario, fue consolidarlo. Por otro lado, señalar que su mantención resguarda la sostenibilidad fiscal da claras muestras de que es una viga que difícilmente se tocará, manteniendo un modelo de pensiones que no está pensado para dar pensiones, sino sustentar un sistema financiero con los dineros de los trabajadores y trabajadoras, quienes esperan una retribución al momento de jubilarse, sin embargo reciben pensiones de miseria mientras las AFP’s acumulan millonarias utilidades y sin que los y las cotizantes puedan optar por otro sistema.
El gobierno no fue el único actor satisfecho con esta reforma, que le permitió subir en las encuestas. Chile Vamos también lo valoró, ya que, junto con poder mejorar la imagen de una parte de la derecha ante la opinión pública en época electoral, también fortalece el sistema que siempre este sector ha defendido. José Piñera, autor intelectual del mismo, expresó su felicidad luego de la aprobación de esta reforma, escribiendo en su cuenta de X “larga vida al sistema de capitalización individual”, sabiendo que este acuerdo político, que sube pensiones, además de hacerlo de manera insuficiente lo hace también a cambio de recibir más dinero para su fortalecimiento, dejando el debate casi en punto muerto. Así lo señaló el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, quien calificó la reciente aprobación de la reforma de pensiones como un avance significativo y aseguró que el debate sobre el fin del sistema de AFP llegó a su término. “El No+AFP se acabó. Esa discusión se acabó”, afirmó tajante el economista, destacando que el sistema de capitalización individual se “consolida” y seguirá siendo “la base para tener un sistema sostenible”.
Un sistema que fue diseñado para nutrir el mercado financiero y no para entregar seguridad social no puede seguir sosteniéndose en el tiempo, ha quedado demostrado con cifras objetivas e indesmentibles que la capitalización individual no sirve para entregar pensiones dignas con tasas de reemplazo de 2/3 del sueldo del trabajador/a. Urge, entonces, hacer una reforma que realmente modifique el sistema de pensiones, una reforma conducente a igualar un sistema de seguridad social como lo tienen la gran mayoría de los países del mundo, con una base amplia de solidaridad intergeneracional, con aportes del Estado y de los empleadores.
Como CONFEDEPRUS seguiremos en la lucha por lograr cambios realmente transformadores, la seguridad social es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado y como tal no puede estar supeditado al lucro. Por ello y junto con otras fuerzas sociales insistiremos movilizados en las calles en la demanda de poner fin al sistema de capitalización individual. Las y los trabajadores de Chile no podemos seguir siendo obligadas y obligados, por normativas vulneradoras de derechos creadas en dictadura y aún vigentes, a seguir sosteniendo un sistema que solo entrega beneficios a grupos de poder que se enriquecen a costa de la precarización de la población.
