Finalmente, la Acusación Constitucional presentada el 19 de junio contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por un grupo de 10 congresistas de oposición pertenecientes a sectores ultra conservadores, fue rechazada este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Una acusación cuyo argumento central fue que el ministro priorizaba una agenda con foco en la diversidad sexual, responsabilizando al secretario de Estado de vulnerar el derecho constitucional de los padres a decidir la educación de sus hijos. De esta manera, esta AC se convierte en la cuarta acusación que fracasa en menos de un año y medio de gobierno luego de las presentadas contra la ex ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgo Jackson y la ex ministra de Justicia y DD.HH., Marcela Ríos.
Desde un comienzo, y además de las razones políticas que fundamentan este tipo de acciones, fue posible advertir otras motivaciones de tipo personal debido a la orientación sexual del ministro, lo cual quedó evidenciado desde el primer momento con diversos tipos de comentarios alusivos a ello. «Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que su inclinación la ponga como prioridad en los temas educacionales en nuestro país», sostuvo en aquel entonces el diputado Sergio Bobadilla (UDI). Por su parte, Gustavo Benavente, también del mismo partido, planteó que «aquí el ministro está poniendo por sobre una educación sexual para todos los niños su propia orientación y eso no corresponde». Expresiones que dejan traslucir claramente el prejuicio discriminatorio y homofóbico respecto del tratamiento de esta acusación, sin sustento jurídico pues no fue capaz de demostrar ninguna vulneración a la Constitución o las leyes, sino más bien fundamentada en obsesiones con la sexualidad cuando ésta no se ajusta a los estrechos márgenes morales de estos sectores.
Al alero de este enfoque, la AC contra el ministro rechazó textos educativos sobre diversidad sexual y de género que el Estado de Chile elaboró y firmó ante la Comisión Interamericana de DDHH., calificándolos de ser parte de “una agenda altamente ideologizada”, una “ideología de género” que “prioriza la sexualidad de los niños” con el fin de imponer “una visión única” y contraria a los derechos de madres, padres, apoderados y estudiantes. De hecho, de sus 7 capítulos, 3 rechazan la educación en sexualidad y en diversidad sexual y de género en los establecimientos educacionales, presentándolos como algo peligroso para niños, niñas y adolescentes. A esto se suma la invitación hecha por los grupos ultraconservadores impulsores de la AC a exponer al Congreso Nacional a personas abiertamente homo/transfóbicas, como la integrante del Observatorio Legislativo Cristiano y ex vocera del “Bus de la Libertad”, Marcela Aranda, quien reapareció en escena sumándose a los cuestionamientos respecto de la orientación sexual del ministro Ávila, al afirmar que «su activismo LGTBIQ+ y su condición ha superado el límite de lo privado».
Y la guinda de la torta, el broche de oro: las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero en una entrevista radial, en la que calificó al ministro de “nauseabundo, asqueroso, gordito”, además de promover de manera “perversa” la “anticipación y desarrollo sexual de escolares”. “Yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”, disparó en su acostumbrado estilo la honorable. Sin embargo y de manera posterior, intentó justificarse con una respuesta que es muy común de ver en estos casos, negando que sus violentos y descalificadores comentarios tuviesen un tinte homofóbico. Una falta de autopercepción que llama la atención y que deja de manifiesto de qué manera estos conceptos y estas visiones están profundamente arraigadas en la forma de ser y de entender el mundo de ciertos sectores. Sólo por su orientación sexual, el ministro Ávila fue acusado de “imponer” su vida personal y el activismo LGBTIQ+ en el sistema educacional, lo cual no se mencionó nunca antes respecto de otros y otras ministros y ministras de Educación que impulsar los primeros textos oficiales de diversidad sexual y de género en Chile. Discursos cuya virulencia promueve el odio y la discriminación, asociando la homosexualidad con perversión, al mismo tiempo que amparan pedófilos en sus filas.
En nuestro país, hay sectores que no están a la altura de las transformaciones socioculturales que vivimos como sociedad. Lo vemos con mayor claridad dentro de un contexto en el que parece que retrocedemos culturalmente en vez de avanzar, con la aparición de un conservadurismo que sigue latente tratando de imponer su particular forma de ver y entender el mundo, sin importar si ello implica la vulneración de derechos o la dignidad de las personas. Posturas reaccionarias al cambio social y las estructuras tradicionales que sólo representan un lastre que impide los avances demandados y anhelados por millones de chilenas y chilenos, para un país mejor, más justo y respetuoso de la diversidad, y que esperamos ver plasmados en la Constitución.
