Este lunes se cumplieron 2 años de administración del gobierno actual, la mitad del periodo presidencial y a la hora de los necesarios e inevitables balances respecto de los cumplimientos de las promesas plasmadas en su programa, sólo un 31 % de éstas se han cumplido, según un estudio realizado por la fundación Ciudadanía Inteligente, el cual sostiene que de 216 promesas legislativas sólo 32 fueron cumplidas y 120 no tuvieron avances durante el año pasado. Compromisos y promesas varias de ellas contraídas con el mundo social, sindical y del trabajo, que resultaron relevantes para el triunfo de las fuerzas progresistas tras derrotar a la ultraderecha en las elecciones presidenciales de 2021, pero que hasta ahora no han encontrado respuestas a esos compromisos.
Como gremio de la salud pública, hemos vivido en carne propia y podemos dar testimonio de esta distancia que ha tenido el gobierno respecto de su compromiso con los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública de Chile, en relación con una ley de encasillamiento que permita una verdadera carrea funcionaria que pueda dar garantías de trabajo decente a los y las profesionales. Sin embargo y tras 6 meses de reuniones estériles en las que no se ha evidenciado ningún interés de parte de las autoridades, las que ni siquiera han evaluado nuestras propuestas presentadas en conjunto con otros gremios, el gobierno ha dejado de lado a la clase trabajadora y a la Salud Pública una vez más en lista de espera.
Se nos ha dicho desde Hacienda que no hay plata y recientemente el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que hay stress fiscal y “falta de holguras” para nuevos gastos hasta el 2028, producto del menor crecimiento económico y la baja del precio del cobre, lo que hace necesaria la implementación de nuevos mecanismos de recaudación permanente, ya sea con nuevos ingresos tributarios y también mediante la implementación de mecanismos para eliminar la colusión y la elusión, según el organismo. Junto a ello, la necesidad también de poder llegar a acuerdos en el tema del pacto fiscal con una oposición que ha sido abiertamente obstruccionista, dentro de un escenario con elecciones municipales a la vista en las que medirán fuerzas contra un oficialismo que se ha ido distanciando de los movimientos sociales incumpliendo promesas y compromisos.
Por ello, como CONFEDEPRUS y en la mitad de la administración del gobierno, hemos creído necesario y relevante articularnos con otros gremios para potenciar nuestras luchas urgentes e impostergables en pos de los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras, exigiendo el cumplimiento de estos compromisos con quienes sostenemos el sistema público de Salud y la vida de la población, como es una verdadera Carrera Funcionaria, debiendo enfrentar todas las precariedades y la falta de garantías de trabajo decente que existen en la red asistencial, compuesta en más del 70 % por dotación femenina vulnerada en sus derechos laborales y que merece condiciones distintas, no sólo por los trabajadores y trabajadoras, sino también para la atención de la población.
