El pasado miércoles, el gobierno ingresó el último paquete de indicaciones en relación a la ley corta de ISAPRES, el cual involucra compromisos tanto del Ejecutivo como de la Superintendencia de Salud respecto de diversos puntos como la creación del Seguro de Salud Catastrófico, la modificación de la ley N°20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud y mejoras a la regulación del cálculo del Índice de Costo de la Salud (ICSA), así como la aplicación de la adecuación de la tabla de factores y el ajuste de los planes de salud al valor de la cotización legal, entre otras medidas.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la propuesta de posponer el plazo de pago de la deuda de las isapres a sus afiliados y afiliadas de 10 a 13 años, dos años para las personas mayores de 80 años y cinco para las personas mayores de 65 años. Lo anterior, con el objetivo de darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema, que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso, una salida a las aseguradoras de salud privada que, entre otras cosas, las obliga a ajustar el valor de sus planes a una nueva tabla de factores y devolver cobros excesivos a sus afiliados y afiliadas.

Anteriormente, también se había intentado lanzar un salvavidas a las ISAPRES a través de la mutualización, propuesta presentada por el comité de expertos que trabajó al alero de la Comisión de Salud del Senado y que reducía la deuda desde unos US$1.000 millones a US$ 451 millones, según cálculos de la Superintendencia de Salud, la que finalmente quedó sin efecto tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), ente que en marzo pasado acogió por seis votos a favor y cuatro en contra el requerimiento de un grupo de parlamentarios que acusaban un perdonazo a las ISAPRES. Esto, sin olvidar que

Y no sólo esto, ya que además el gobierno presentó otras indicaciones para, entre otras cosas, autorizar a las aseguradoras a aplicar nuevas alzas en sus precios base para lograr el equilibrio financiero de la industria, con el argumento de que podrían enfrentar la quiebra de su negocio, dejando a cerca de tres millones de afiliados y afiliadas sin cobertura. Es decir, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, al igual que pasa con las AFP, en la lógica perversa y torcida de este sistema de acumulación por desposesión. Otra señal del escaso compromiso real que ha tenido este gobierno con la Salud Pública de Chile y sus trabajadores y trabajdoras, quienes lo sustentan.

Como CONFEDEPRUS y al igual que como lo hemos venido haciendo como gremio de la Salud Pública respecto de la defensa de la Salud como Derecho Social y humano fundamental, nos oponemos a este modelo de salud privada que da muestras evidentes de aquellas prácticas de las que se nutre este modelo, como es el abuso hacia la ciudadanía para el enriquecimiento particular del negocio privado, lógica que se replica en muchos ámbitos más con malas prácticas que cruzan el sistema, favoreciendo a empresas privadas que durante décadas han incumplido las leyes para enriquecimiento particular a costa de los derechos sociales de las personas.

Otro abuso más de un modelo que sigue vigente en un país que aún deberá seguir esperando por los cambios sociales demandados por millones de chilenos y chilenas que permitan el buen vivir, no sólo para los más privilegiados sino para todas y todos los habitantes de este país que necesitan salud. Es de espera, en consecuencia, que cuando se vote este proyecto de ley el próximo lunes sea rechazado, ya que no resuelve los problemas de quienes necesitan salud, tanto de los afiliados a Isapres y Fonasa y que se legisle para las y los millones de chilenos, cuya salud es un derecho humano fundamental que no puede verse sometido a los vaivenes del mercado, puesto que es inmoral lucrar con el bienestar de la población.

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