- Presidenta (s) de CONFEDEPRUS alertó sobre efectos negativos que podría tener tratado internacional de libre comercio en la elaboración de la nueva Constitución.
El pasado martes 2 de marzo, y junto con el comienzo del año legislativo, el gobierno de Sebastián Piñera envió al Senado un oficio con diversas iniciativas calificadas de “suma urgencia”, entre ellas el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), luego de haber pasado las instancias previas en las distintas comisiones. Un nuevo intento oficialista por agilizar la aprobación de un tratado que, al igual que otras iniciativas impulsadas por el gobierno, cuenta con altos índices de rechazo ciudadano, generando incluso falta de consenso dentro del propio bloque oficialista.
“Para el gobierno de Piñera, aprobar este tratado sigue siendo una prioridad y si eso pasa, afectará a la Convención Constitucional”, asegura Margarita Paz Araya, presidenta (s) de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, quien se encuentra subrogando a su presidenta, Consuelo Villaseñor, quien va de candidata a la Convención Constitucional por la lista “Fuerza Social de Ñuble, la lista del Pueblo” en el Distrito 19. “Si se aprueba el TPP-11 antes de la formulación de la nueva Constitución, como pretende el gobierno, se podría limitar o impedir que la Convención Constitucional pueda establecer la protección de recursos naturales como el agua, los glaciares o los derechos de las personas, especialmente aquellas más vulnerables como son quienes habitan en zonas de sacrificio, afectando en última instancia la salud de la población”, agregó.
Esto debido a que, al tratarse de un tratado internacional, el marco constitucional no podría limitarlo ni modificarlo, lo que explicaría así la urgencia del gobierno de Piñera en aprobarlo antes de la convención. “Este gobierno ha tratado de que se apruebe este tratado de maneras poco transparentes, impulsándolo con el discurso de que sería beneficioso para Chile, pero no olvidemos que cuando ciertos sectores hablan ‘del país’ o de ‘Chile’, no están pensando en la gente, en las mayorías, sino en los sectores a los que ellos mismos pertenecen, los grupos de poder que buscan favorecer mediante este mecanismo destinado a proteger jurídicamente intereses privados, a costa de la vulneración de derechos laborales, sociales o ambientales en caso de que éstos puedan representar un obstáculo para esos intereses”, precisa la presidenta (s) de CONFEDEPRUS.
Un tratado que, de acuerdo a los resultados de una consulta ciudadana realizada por diversas organizaciones sociales en junio de 2019, previo al “estallido social”, arrojó un rechazo al TPP-11 de casi un 93 % en un universo de cerca de 580 mil personas. “Este tratado ha sido criticado debido a los efectos que podría tener en áreas tan importantes como la Salud, la agricultura nacional y los derechos laborales, beneficiando al mercado internacional en desmedro de la autonomía nacional. No se podrá tocar el negocio de las isapres por pertenecer a holdings internacionales, lo mismo con las AFP, no se podrá tocar los intereses de esas grandes transnacionales. Por eso, como CONFEDEPRUS creemos que aprobar el TPP-11 es poner al país a disposición de empresas extranjeras en temas de Salud y otros derechos sociales”, finalizó Araya.
