- Conversamos con otra socia afectada por la aplicación de la ley de incentivo al retiro.
Marcia Tapia Hidalgo es enfermera matrona y se desempeña en el Cesfam Plaza Justicia, del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, donde lleva 35 años de servicio. Ella es una de las muchas trabajadoras afectadas por la discriminación de la interpretación de la ley 20.921 de incentivo al retiro, que está afectando a muchas mujeres trabajadoras y por lo cual CONFEDEPRUS realizó el pasado jueves 23 de marzo una jornada de movilización que incluyó la entrega de una carta en La Moneda, Contraloría y los ministerios del Trabajo y Salud.
“Por haber nacido el segundo semestre del año 1963, estoy obligada a renunciar al quinto mes de cumplidos los 60 años de edad, vale decir a diciembre de 2023, de lo contrario pierdo mi derecho de incentivo al retiro”, señala. “Me parece una vulneración a los derechos de la mujer, una discriminación sólo por una mala interpretación de la ley. Pensé que al pasar a la etapa de vida de adulto mayor y jubilar, como dice la palabra, sería para júbilo, alegría, pero para mí y muchas compañeras es sólo una preocupación y una incertidumbre del futuro. Se me obliga a jubilar para no perder un beneficio sólo por mi fecha de nacimiento y los demás eligen. Qué falta de justicia y objetividad”, expresa, agregando además que “hace 32 años tampoco se me da el beneficio del derecho de alimentación, luego de decidir que mis hijos estuvieran en casa y no en el jardín infantil ‘Semillita’, dependiente del Servicio de Salud San Antonio, por una indicación dada por el director del SS en esa época, lo cual se repitió con mis 3 hijos también por una interpretación de la ley. Espero que se haga justicia con la aplicación de la ley de incentivo al retiro”, finalizó.
