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CONFEDEPRUS solicita modificaciones a Ley Karin y pide participación de gremios en elaboración de protocolos

  • DN de nuestro gremio estuvo presente en Congreso Nacional el pasado miércoles para acompañar a la diputada Ana María Gazmuri en el ingreso de las indicaciones.

“Esta reforma que presentamos hoy la trabajamos junto con dirigentes y dirigentas de CONFEDEPRUS para asegurar que ningún funcionario o funcionaria quede desprotegido/a al momento de denunciar, que tenga la protección y el respaldo, que los procesos no sean entorpecidos por conflictos de interés o falta de recursos y que exista un real acompañamiento para quienes hayan sido víctima de violencia en el ámbito laboral. El Estado debe dejar de ser cómplice por omisión, basta de proteger al acosador y de mirar para el lado”. Con estas palabras la diputada Ana María Gazmuri se refirió el pasado miércoles 11 de junio al ingreso de diversas indicaciones de modificación a la Ley Karin (21.643), durante un punto de prensa en el Congreso Nacional en el cual estuvo presente el DN de CONFEDEPRUS, encabezado por su vicepresidenta Sandra Olivares.

Durante el punto de prensa la diputada Gazmuri, junto con destacar el rol de los trabajadores y trabajadoras públicas “que no se quedaron callados, que no bajaron los brazos frente al abuso que estaban viviendo, algo muy necesario para empezar a erradicar el acoso laboral y sexual de todos los espacios de trabajo”, valoró también el aporte que ha significado esta ley, destacando la necesidad de actualizarla y mejorarla ya que “esta ley en el sector público no se está cumpliendo, las  víctimas siguen sin ser escuchadas, las investigaciones se demoran y en muchos servicios no tenemos protocolos claros. Nos enfrentamos a una dura realidad, más terrible de la que habíamos imaginado, una violencia más extendida, soterrada e invisibilizada, que también da cuenta de lo que estamos viviendo hoy como sociedad”.

Participación de gremios

Por su parte la vicepresidenta de CONFEDEPRUS, Sandra Olivares, expresó que “estamos acá en el Congreso Nacional de Valparaíso en donde acabamos de presentar junto a la diputada Ana María Gazmuri indicaciones para modificar la Ley Karin. Hace 10 meses, desde la implementación de esta ley, que estamos teniendo hartas dificultades en resolver los temas que teníamos de acoso laboral, sexual y de maltrato, por lo tanto, hoy se nos hace súper exigible que la ley se vaya acomodando a la realidad que estamos viviendo en el sector Salud, donde las denuncias han ido en aumento y no tenemos las resoluciones necesarias”.

Respecto de los puntos faltantes, la vicepresidenta de nuestro gremio precisó que “la ley está en deuda en el tema de prevención, no estamos elaborando los protocolos de prevención en los servicios de Salud y en tema de sanciones. También tenemos un debe importante en uno de los puntos que relevamos en este proyecto, como es terminar con la inhabilidad de sólo 2 años cuando se producen destituciones por estas causas, porque no creemos que el tema de violencia sea menos importante que otros de probidad”, agregó.

Por último, Olivares hizo un llamado a los parlamentarios y parlamentarias, señalando que “quienes legislen tienen que entender que una persona con estas características debe salir del espacio del trabajo público, porque en el contexto en el que estamos de las licencias médicas el primer punto que se pone es la salida de los funcionarios y funcionarias que han tenido conductas reñidas con la probidad administrativa. Estos hechos de maltrato y violencia también son contrarios a la probidad y deben tener la misma sanción y tiempo de inhabilidad. Esperamos que este proyecto avance, se puede ir perfeccionando y esperamos el apoyo de toda la Cámara y el Senado para perfeccionar esta ley para todos y todas”, finalizó.

La encargada de la secretaría de Mujer y Diversidad de nuestro gremio, Emilia Iturriaga, agregó que “compartimos este proyecto con la diputada Ana María Gazmuri porque consideramos que la Ley Karin debe ser letra viva de lo que dice en el papel. Somos el segundo sector más afectado por acoso laboral y sexual en el contexto del trabajo y por ello hemos venido a pedir que de manera obligatoria se nos incorpore a los gremios en la elaboración y ejecución de los protocolos, además de acompañar a aquellas personas que denuncian algún tipo de violencia en el trabajo. También hemos pedido que existan oficinas que favorezcan el seguimiento de estos casos y puedan procurar que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de la Salud, además que se reincorpore la inhabilidad de 5 años para aquellas personas destituidas por acosos o agredido sexualmente a alguna trabajadora”.

EDITORIAL: Estabilidad y propiedad del empleo, principios irrenunciables para un nuevo modelo de Carrera Funcionaria

La semana pasada, nuestro gremio llevó a cabo la primera asamblea del nuevo Directorio Nacional, en la que se abordó el estado de avance de las negociaciones sostenidas con el gobierno en relación a Carrera Funcionaria, tema en el cual como CONFEDEPRUS hemos venido solicitando una implementación que garantice a los trabajadores y las trabajadoras de la Salud el ingreso a la planta de funcionarios públicos, buscando asegurar el acceso a cargos a través de un proceso transparente y competitivo que permita la promoción a cargos de mayor jerarquía, de manera tal que los funcionarios y las funcionarias puedan avanzar en su trayectoria profesional accediendo a cargos de mayor jerarquía y responsabilidad, así como asegurar la estabilidad en el empleo protegiendo a los trabajadores y trabajadoras de la arbitrariedad en los procesos de contratación y despido y la evaluación objetiva del desempeño de los funcionarios y las funcionarias considerando su capacitación, experiencia y logros, junto con una mejor retribución por el trabajo realizado a través de un sistema de remuneración que recompense la calidad y el desempeño.

Lo anterior, con el convencimiento que el impacto de la implementación de una Carrera Funcionaria bien definida puede generar mayor motivación e interés en los funcionarios, impulsando el compromiso con la institución y el desempeño de sus funciones, contribuyendo a mayor eficiencia en la administración pública al asegurar que los mejores profesionales ocupen los cargos de mayor responsabilidad, así como también mayor equidad e igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y trabajadoras en el acceso a la planta y la promoción a través de procesos transparentes.

Como dirigentes y dirigentas de la Salud Pública de Chile, conocemos de sobra que los procesos de negociación muchas veces están llenos de mesas cojas y que las reuniones se eternizan con más estancamientos y retrocesos que avances reales, como estrategias dilatorias que sólo demuestran la poca o nula voluntad política para cumplir los compromisos. Sabemos de ello, sin embargo nos extraña que un gobierno que se dice progresista, a favor de los derechos sociales, laborales y que se ha declarado feminista, no esté dispuesto a honrar su palabra con los trabajadores y en especial las trabajadoras de la Salud Pública, considerando que es un sector altamente feminizado, con más del 75 % de su dotación compuesta por mujeres. Equipos de trabajo que, poniendo en riesgo su salud física y mental, redoblaron esfuerzos para tratar de contener una pandemia que cobró la vida de decenas de miles de chilenos y chilenas, incluyendo las de varias trabajadoras y trabajadores que cuidaban, precisamente, las vidas de la población, debiendo hacer frente a la realidad de desmantelamiento y precarización que arrastra nuestro sistema público.

Por ello, las y los profesionales de la Salud Pública merecen que sus derechos en relación con sus condiciones laborales sean respetados, debiendo garantizárseles un desarrollo integral, activo y permanente que asegure una Carrera Funcionaria digna, con titularidad, estabilidad y propiedad en el empleo, porque el sistema público de Salud requiere que la promoción y ascenso de sus trabajadores y trabajadoras se haga de manera clara, para otorgar estabilidad funcionaria y la posibilidad de optimizar la situación laboral en virtud de los méritos y la antigüedad de cada trabajador o trabajadora, mejorando el funcionamiento de la red asistencial y, con ello también, la atención al 80 % e los usuarios y las usuarias que se atienden en el sistema público.