El pasado viernes 7 de julio terminó el proceso de apoyos ciudadanos a las Iniciativas Populares de Norma (IPN), iniciativa de participación social cuyo objetivo es poder incidir en la redacción de la nueva Constitución. De un total de 1.309 IPNs presentadas, 32 superaron la meta de reunir 10 mil firmas para ser consideradas, de las cuales 15 forman parte de la agenda transformadora que como CONFEDEPRUS hemos apoyado e impulsado junto a diversas organizaciones sindicales y fuerzas sociales, compartiendo la demanda de millones de chilenos y chilenas.
Dentro de las iniciativas aprobadas destacan “Agua para la vida”, para garantizar un acceso digno a toda la población y terminar con el modelo de privatización actualmente vigente, “Educación Pública para Chile”, donde el Estado pueda proporcionar educación pública, laica, pluralista y de calidad, en todos los niveles de enseñanza y territorios de Chile, así como también el derecho constitucional a los cuidados, a la vivienda digna, segura y propia como un Derecho Humano, la garantía de no repetición de violaciones a los DD.HH., derechos sexuales y reproductivos, paridad en cargos públicos, derechos sindicales y colectivos para los trabajadores y las trabajadoras de Chile, fin al lucro en salud, educación y pensiones, derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes, derechos de las personas con discapacidad, derecho al trabajo decente para los trabajadores de Chile, además de la más votada, relacionada con la protección de los animales. Será tarea del Consejo Constitucional discutirlas, entre ella la N° 167 por una Salud digna, oportuna y de calidad para todos y todas como Derecho Humano, fundamental y social, garantizado por el Estado, trabajada por nuestro gremio en conjunto con otros.
Hace unas semanas, expresamos nuestras reservas sobre la real incidencia que las IPN puedan tener en el debate que abordará el consejo técnico. Cuán efectiva puede llegar a ser esta participación ciudadana para poder ver reflejadas sus demandas en el texto de una nueva Constitución, tomando en cuenta los bordes que impone el marco regulatorio del anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos, instancia que podrá supervisar el trabajo del Consejo, dentro del cual la derecha y la ultraderecha cuentan con 28 de los 50 consejeros y consejeras, pudiendo vetar las propuestas para el contenido de la nueva Constitución. Sin embargo, y más allá de estas legitimas aprensiones, lo cierto es que la demanda ciudadana por el acceso a una atención de Salud digna, oportuna y de calidad, como un derecho humano fundamental y no como un bien de consumo, y que ha sido una de las demandas sociales más potentes y persistentes junto con el fin del sistema de AFP desde hace varios años, se ve refrendada nuevamente en esta instancia de las IPN, por lo cual debe ser atendida e incorporada en el texto de nueva Constitución, junto con otras relacionadas con la recuperación de derechos sociales.
A partir de estos resultados, se desprenden claves de acción para el difícil tiempo que sigue. Como CONFEDEPRUS y a pesar del adverso panorama, participamos, expresando con ello nuestro sentido ciudadano y alguna reserva de esperanza en los cambios. Sabemos y conocemos de sobra todos los escollos que han existido siempre en nuestra historia para lograr cambios sociales, para que Chile y quienes lo habitan puedan tener derechos humanos y sociales básicos. Este año se cumple medio siglo, precisamente, del golpe de estado que derrumbó procesos por mayor justicia social para imponer su modelo neoliberal en el cual en nombre del libre mercado se privatizaron derechos para hacer negocio y lucrar con ellos.
Por ello, el derecho a la Salud, como demanda popular y ciudadana, debe estar priorizado en la nueva Constitución. Es la demanda de millones de chilenos y chilenas, trabajadores y trabajadoras, que la han levantado como una de las principales necesidades de la población. Como gremio representante de los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública en la MSP, hacemos el llamado a las consejeras y los consejeros que atiendan estas demandas, que surgen de necesidades objetivas y desarrollar un trabajo que permita incorporar estas demandas sociales por la recuperación de derechos humanos fundamentales, arrebatados a sangre y fuego hace 50 años.
