Desde que el Caso Penta se destapó en 2014, se confirmó lo que muchos sospechaban, pero nadie era capaz de afirmar por falta de pruebas, la corrupción en las altas esferas políticas de nuestro país: Chile no estaba -ni está- ajeno a la corrupción. Durante mucho tiempo existió una cierta jactancia respecto de creer no serlo, al menos en los niveles vistos en otras partes; sin embargo, desde la comprobación de aquel caso de fraude al Fisco mediante facturas y boletas de honorarios ideológicamente falsas (que permitieron el financiamiento irregular de las campañas electorales de varios políticos), los casos de corrupción por concepto de delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de dinero, entre otros, se han sucedido uno tras otro.

De hecho, tras esta primera revelación, se destaparon otras como el caso MOP Gate, SQM, Corpesca, Milicogate, Pacogate, fundaciones y municipios, por citar sólo algunas, situaciones en las que los conflictos de intereses, el uso de recursos y bienes públicos, el cohecho, el ocultamiento de información, el uso de cargos públicos para fines personales y otras prácticas se han repetido de manera habitual, sin que los principales responsables hayan tenido condenas justas y proporcionales al nivel de sus delitos. En efecto, durante los últimos 2 años se han registrado más de 50 casos de corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), debido a estos casos Chile ha venido descendiendo de manera constante. Y si bien es cierto el fenómeno ha sido transversal, también es cierto que la gran mayoría de estos casos, en cuanto a número de casos y montos involucrados, se concentran mayoritariamente en un sector político determinado.

Recientemente, el caso de la filtración de audios en el que aparece involucrado el conocido abogado Luis Hermosilla y en que se mencionaban pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información privilegiada sobre un importante cliente, suma otra situación más a esta verdadera escalada de corrupción, la que por supuesto fue negada por el abogado, quien -y como suele pasar- señaló que esto se trataba de una “maniobra siniestra”, una “operación oscura” en su contra, a pesar de lo cual el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella en su contra, así como también fueron allanadas sus oficinas y las del Director General de la PDI por orden de la Fiscalía Oriente, quien finalmente renunció.  Esto, debido a la gravedad que representa intentar influir en las decisiones de organismos públicos mediante favores o pagos de algún tipo.

Sin duda que el fenómeno de la corrupción corroe las sociedades y las democracias, más aún cuando esta corrupción llega a los niveles en los que se debería hacer justicia para castigar de manera firme estos casos, no haciéndolo sino que, muy por el contrario, negando su existencia, dando paso a la impunidad y a la reproducción del fenómeno, en un círculo vicioso sin fin en donde  no sólo se daña la fe pública y la confianza en las instituciones, sino que también la disposición de las personas a acatar la ley. Porque cuando la corrupción en estos ámbitos no es atacada por una justicia también corrupta que la ampara, ¿qué queda entonces para la ciudadanía cuando las instituciones no funcionan?

Diversas encuestas recientes, como la de Signos y Cadem, entre otras, señalan que un gran porcentaje de la población percibe a Chile como un país corrupto, siendo algunos de los factores que explican este deterioro los escándalos políticos y empresariales que han salpicado a diversos actores públicos y privados en los últimos años. Casos de corrupción de alto impacto social que involucran no sólo a figuras políticas, sino también a varias de las instituciones más relevantes del Estado, poniendo de manifiesto deficiencias estructurales en su prevención y una insuficiente o nula respuesta en cuanto a sanciones.

Como CONFEDEPRUS siempre hemos sostenido que la salud no sólo se trata de sanar enfermedades, sino también -y fundamentalmente- de prevenirlas en cuanto a sus determinantes sociales que las generan, siendo la corrupción un factor relevante que impacta en el bienestar social, el cual en Chile se ve amenazado y seriamente dañado por estas situaciones y donde la salud mental de la población se reciente por esta podredumbre y aprovechamiento que genera ciudadanos de primera y segunda. Repudiamos enérgicamente todos aquellos actos reñidos con la probidad y la ética, como ciudadanos necesitamos que las instituciones del Estado tengan mayores y mejores herramientas de control para prevenir estos hechos y de ocurrir sean sancionados con penas que realmente castiguen a aquellos que dañan la Fe pública, la democracia y a las instituciones.

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