El resultado del pasado plebiscito constituyente, efectuado el domingo 4 de septiembre, representa una demora en el avance del proceso de cambio que vive nuestro país, iniciado en el año 2019 como la expresión del descontento social -acumulado durante décadas- contra los abusos del modelo, legitimado en la actual Constitución. Un retraso, como tantos otros que hemos debido enfrentar las fuerzas sindicales, sociales y ciudadanas en nuestras luchas históricas por construir un país más justo, más equitativo, pero no por ello la derrota del proceso constituyente ni mucho menos de nuestras luchas por reducir aquellas grandes brechas y desigualdades sociales de las que se nutren algunos en desmedro de muchos, enriqueciéndose a costa de la privación de derechos fundamentales de millones de chilenas y chilenos, como la Salud.
A la hora de los análisis para intentar entender el resultado, la mayoría coincide en señalar una combinación de factores, como suele darse en estos casos. ¿Qué pesó más, los errores propios o la campaña en contra, desatada desde el primer momento de instalación de la Convención, tanto desde dentro como fuera de ella? Campaña que se caracterizó por la difusión masiva de una serie de falsedades, destinadas a generar temor en parte del electorado para así poder triunfar, y que tuvo como financistas a destacados e importantes grupos empresariales, los que destinaron millonarias sumas para que nada cambiara. Eso dice mucho. O todo, en realidad. No obstante, también es importante tener presente que en el escenario descrito nos encontramos frente a un nuevo electorado, generaciones de habitantes del país nacidos en esta tierra y provenientes de otras, desarrollados en estas últimas décadas y que después de mucho tiempo se obligo a votar, falente de formación cívica y social.
Sin embargo, y más allá de aquello y del resultado, existe consenso en que la Constitución del ’80 está extinta. A excepción de sectores más extremos y radicales de una Derecha nostálgica de su dictadura, todos están de acuerdo en que el rechazo a la propuesta de nueva Constitución emanada desde esta convención no significa el cierre del proceso de cambio, sino la necesidad de un nueva instancia en la cual se pueda redactar el texto que, finalmente, pueda darnos a todas y todos una nueva Constitución, que esté a la altura de las demandas y necesidades de millones de chilenas y chilenos por una Salud, Educación, Vivienda, Trabajo y Seguridad social, consagradas como derechos fundamentales y garantizados por un Estado fortalecido en su rol social, con todo, para el buen vivir del Pueblo.
Por ello, como trabajadoras y trabajadores de la Salud Pública que desde nuestro gremio, CONFEDEPRUS, hemos luchado por empujar estos avances hacia la recuperación de derechos sociales, deberemos estar atentas y atentos a las próximas definiciones respecto de una nueva convención, así como también a los mecanismos y criterios que se acordarán para la elección de sus integrantes respecto de paridad de género, representación de pueblo originarios y participación de independientes y/o movimientos sociales, más, la idea instaurada de sumar “expertos” que puedan integrar este espacio, de manera de defender de manera férrea los avances alcanzados en la instalación y/o recuperación de derechos sociales fundamentales en la Carta Magna, y que responderá a necesidades y demandas centrales de la población.
