Hoy miércoles 21 de junio termina el plazo para que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar del proceso constitucional a través de cuatro mecanismos dispuestos para ello, como son las audiencias públicas, el ingreso de iniciativas populares de norma, los diálogos ciudadanos y las consultas ciudadanas, mediante los cuales la ciudadanía ha podido participar del proceso respecto de sus opiniones sobre el anteproyecto que la comisión experta entregó al Consejo Constitucional, pudiendo proponer enmiendas o modificaciones, en el caso de las IPN.
Como gremio de la Salud Pública, desde nuestros inicios siempre hemos defendido la Salud como derecho fundamental consagrado en una nueva Constitución, dentro de un Estado garante y cuyo acceso no dependa del bolsillo de las personas. Un derecho humano inherente sólo por el hecho de ser persona, el cual para poder ser garantizado de manera efectiva debe contar con una Salud Pública fortalecida mediante mayores recursos para insumos e infraestructura, que le permitan otorgar una atención oportuna, digna y de calidad a los usuarios y las usuarias del sistema. Todo, a su vez, sustentado en los trabajadores y las trabajadoras de la red asistencial con el cuidado de sus condiciones laborales en las que desarrollan su labor.
¿Qué debe contemplar en materia de Salud, la nueva Constitución? Además de lo anterior, debe ser un rol ineludible del Estado otorgar este derecho, garantizando el mayor nivel de bienestar a las personas y comunidades. La dignidad de las personas es inalienable, protegerla es obligación del Estado. Así también, el Estado deberá establecer un Sistema Universal, único e integrado de Salud, público, solidario, intercultural, garantista, descentralizado, desconcentrado internamente y participativo, centrado en la estrategia de Atención Primaria de Salud, respetando y promoviendo los principios de la Seguridad Social, de carácter gratuito, con financiamiento sustentado en impuestos dentro de un Sistema Tributario justo, solidario, equitativo y progresivo. Un modelo de atención organizado en redes territoriales con pertinencia cultural, regional, comunal y local, que incluya las funciones esenciales de Salud Pública, otorgando servicios integrales, continuos y de calidad, procurando el óptimo desarrollo integral de sus trabajadores y trabajadoras, velando por condiciones de trabajo decente, sin discriminaciones arbitrarias, de género, etnia, edad u otras.
Así también, creemos, debiera existir un Consejo Nacional de Salud con el objetivo de dirigir este sistema, evaluando el cumplimiento de sus fines y adoptando medidas para su óptimo desempeño, siendo tarea del Estado priorizar y generar políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención, con enfoque comunitario y programas de salud bucal destinados a la promoción, prevención y rehabilitación integral. Para ello, el Estado deberá establecer y mantener un modelo de desarrollo económico y social justo, equitativo, sostenible, sustentable, y ecológico, en armonía con el ambiente, dentro del cual se establezca este Sistema de Salud, toda vez que como gremio entendemos la Salud no sólo como la ausencia de enfermedades, sino también de aquellos determinantes socioambientales que las generan y que inciden directamente en la calidad de vida y el buen vivir de la población.
Tomando en cuenta que la Salud junto con las pensiones fueron los temas más demandados por la ciudadanía durante las masivas movilizaciones de 2019, en el proceso constituyente anterior como CONFEDEPRUS apoyamos 7 Iniciativas Populares de Norma (IPN), todas relacionadas con la Salud como derecho humano fundamental y sus determinantes socioambientales, como la participación ciudadana vinculante en Salud, el derecho humano al agua, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la alimentación, la salud oral como derecho, formación en seguridad y salud laboral desde las aulas de clases e infraestructuras de Salud Pública no concesionadas. Así también, durante el actual proceso nuestro gremio ha estado trabajando en una propuesta de IPN que nos permita proponer, en conjunto con otras organizaciones de Salud, esta iniciativa para poder concretar aquellos principios que permitan, precisamente, alcanzar nuestros objetivos.
El derecho a la Salud debe estar priorizado en la nueva Constitución por ser requisito para el ejercicio efectivo de los otros derechos, a través de estar presente en todas las políticas públicas. Esta es nuestra demanda y la de millones de chilenos y chilenas, trabajadores y trabajadoras, que la han levantado como una de las principales necesidades de la población. Por ello, será labor de las consejeras y los consejeros desarrollar un trabajo, en esta etapa del proceso, que permita incorporar estas demandas sociales, que nacen de una realidad objetiva de vulneración de derechos fundamentales, los que deben ser recuperados a 50 años del golpe de Estado que nos los arrebató de manera violenta.
Se señala que la finalidad de estos 4 mecanismos es incidir en el debate que tendrá el consejo técnico. Sin embargo, y ante el diseño que ha tenido este proceso, cabe plantearse la pregunta inicial respecto de cuán efectiva puede llegar a ser la participación ciudadana para poder acceder a la concreción de demandas ciudadanas en el texto de una nueva Constitución, considerando, primero los 12 bordes del actual proceso, establecido por los parlamentarios a fines del 2022 y que sientan el marco regulatorio que impone el anteproyecto diseñado por la Comisión de Expertos y que ahora está en manos del Consejo Constitucional, limitando la posibilidad de cambios estructurales en aquellos pilares que sostienen el modelo actual y, junto con ello, las aspiraciones legítimas de todos y todas quienes hemos luchado por hacer de la Salud un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución.
