Hace unos días, una investigación de Ciper Chile logró destapar una serie de irregularidades en el manejo de la pandemia de Covid 19 por parte las autoridades de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. Esto, tras la revisión de 72.000 emails del Minsal, los que revelaron graves faltas respecto del manejo de la información sobre cifras de víctimas fatales, ventiladores mecánicos, irregularidades en el arriendo de residencias sanitarias y una serie de situaciones poco transparentes, a lo que se suma el retraso en la entrega de los correos por parte del Minsal a la Justicia, no cumpliendo con los plazos ordenados y solicitando más tiempo para liberarlos, así como también la eliminación de correos, lo que claramente deja evidentes dudas sobre el manejo y entrega de la información.
La declaración de una exfuncionaria de Epidemiología del Minsal al respecto resulta clarificadora: “Nos pidieron manipular la base de datos, por pedido del Ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlos calzar”. Porque, si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por la autoridad. Sin embargo, y según el reportaje, los equipos técnicos al interior del Minsal demostraban su preocupación por la creciente diferencia entre las cifras de fallecidos que entregaba públicamente el ministro Mañalich, y los que constaban en los registros de Epivigila. “Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el Ministro. La diferencia entre la cifra que tenemos en Epivigila vs. la cuenta pública del Ministro sigue aumentando”, señala la investigación periodística.
Hechos que dan cuenta, en definitiva, del sello de una gestión que caracterizó al gobierno anterior en términos de transparencia y verdad, pero que sin embargo parecen no ser lo suficientemente categóricos como para que se lleven a cabo acciones concretas en relación a la gravedad de los mismos. Situaciones que como gremio habíamos advertido y denunciado en diversas ocasiones y que motivó, incluso, la presentación de una querella por parte de Fedeprus Metropolitana en conjunto con la CChDH por graves delitos de negociación incompatible y fraude al fisco en la destinación de los recursos públicos para el desarrollo de la estrategia sanitaria.
Así también, como CONFEDEPRUS y junto con el CChDH, denunciamos en 2020 de manera reiterada ante la alta comisionada de las Naciones Unidas el abandono sostenido del Estado de Chile en cuanto sus obligaciones como garante de los derechos a la Vida y Salud, incumpliendo con ello normativas y compromisos internacionales y vulnerando, de esta forma, el deber constitucional de garantizar el derecho al acceso a la Salud y las condiciones de protección personal para sus trabajadoras y trabajadores, las que fueron insuficientes y tuvieron un fuerte impacto en su salud física y mental.
Uno de los principales factores que gatillaron la revuelta social, junto con las demandas por derechos sociales fundamentales como la Salud o pensiones, fue el del cansancio ciudadano ante los abusos del sistema y la corrupción de una política al servicio de los intereses de unos pocos en perjuicio de las necesidades de la población. En esta línea, lo revelado por el reportaje de Ciper respecto de esta situación viene a confirmar lo que era un secreto a voces y que como gremio advertimos. Los trabajadores y las trabajadoras de la Salud somos actores principales del sistema público y conocemos mejor que nadie la realidad hospitalaria del país, pues somos nosotros y nosotras quienes debemos hacerle frente día a día a las distintas adversidades que surgen producto del desmantelamiento que ha precarizado nuestras condiciones laborales. En este sentido, y luego de haberse hecho pública esta información, nos parece de la máxima gravedad lo revelado y, al mismo tiempo que esperamos que estos actos tengan consecuencias legales, también esperamos tener autoridades que estén al nivel de lo que significa ser responsables de la salud y la vida de millones de chilenos y chilenas que se atienden en el sistema público.
